La apropiación del espacio cívico como mecanismo de resistencia

Los derechos humanos y las libertades fundamentales nunca han sido garantías dadas por su mero nombramiento; la vida y la libertad de exigencia siempre se han dado en un campo de constantes luchas y resistencias, y el espacio cívico, tanto digital como físico, ha sido el escenario idóneo para la reivindicación de derechos, pues muchas veces es la única vía para exigir garantías de derechos, justicia y alto a la violencia.

Por lo que el espacio cívico no es solo un binomio de palabras, sino una llave que posibilita el ejercicio de la libertad de expresión, entendiendo esto último como un derecho humano esencial para acceder a otros. Así, para muchos grupos la protesta social también es un vehículo para ejercer otras libertades fundamentales como la igualdad, derechos de personas en movilidad humana, derecho a la determinación de los pueblos indígenas y el derecho a la identidad de personas que integran la comunidad LGBTIQ+, entre otros.

Las movilizaciones sociales son entonces una clara expresión de la apropiación de espacio cívico como territorio de lucha, convirtiéndose en un vía para que la ciudadanía, la gente y poblaciones históricamente preferidas y en situación de subalternidad resignifican sus vidas y exijan el respeto y la garantía de sus derechos, provocando con ello cambios y grandes transformaciones sociales.

El espacio cívico es en sí mismo un derecho político y ciudadano producto de la resistencia histórica en procesos de democratización de nuestras sociedades. Esto significa que ocupar la calle, las redes sociales, los centros comunitarios y culturales, el museo como símbolo de protesta y otros espacios públicos, ha significado la construcción de procesos de resistencias y luchas de poblaciones concretas que han sido autoritariamente condenadas a experimentar violencias racistas, patriarcales, sexistas, heterosexistas, autoritaristas, así como quienes han sido objeto de graves violaciones de derechos humanos.

En México, las movilizaciones que conmemoran la masacre estudiantil del 68, el llamado Halconazo y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hacen del espacio cívico también un lugar donde la memoria del pasado se convierte en colectiva y muchas veces en contra de la “historia oficial” de los Estados. Incluso las protestas sociales vinculadas a los sismos son resistencia ante las conmemoraciones organizadas por el Estado, pues éstas son utilizadas para convertir a víctimas de la mala gestión de las autoridades en mártires. Por lo que las manifestaciones alrededor de los sismos como la #19S reivindica las exigencias de las víctimas y denuncia la responsabilidad y deuda del Estado.

En Cuba, por ejemplo, la protesta conocida como Maleconazo de 1994, donde miles de personas salieron a las calles a protestar la falta de alimentos y medicinas o las recientes manifestaciones del 11 de Julio (11J) motivadas por un fuerte descontento social derivado de la crisis social y económica en la isla. Son éstas, tan solo son ejemplos del importante rol que juegan las protestas y las movilizaciones sociales para la memoria y el fortalecimiento del espacio cívico y por tanto de nuestras democracias como lugares más justos para la vida.

Todas estas movilizaciones entonces, muestran que las protestas son también un mecanismo de resistencia pues además de brindar información real sobre hechos y violaciones graves a los derechos humanos, generan narrativas contrarias a las oficiales, mismas que mantienen la memoria viva. Es decir, en este contexto el espacio cívico se convierte en un lienzo donde se pinta otra historia, donde se narran otras experiencias, donde se cuentan otros problemas y donde se expresan otras ideas, que al disentir de la verdad oficial, construyen contra-narrativas y alternativas creativas para habitar el mundo y ejercer plenamente las libertades y los derechos humanos.

La resistencia también se expresa en las protestas, cuando se exige a los Estados justicia, reparación y no repetición de diversos hechos. A lo largo de la historia de la región, se ha protestado por los derechos de los pueblos indígenas, y hoy, esas exigencias siguen vivas ante el despojo de tierras, el desplazamiento forzado y la explotación de sus recursos. Poblaciones racializadas y afrodescendientes han salido a las calles después de siglos de ocultamiento a denunciar el colonialismo y las violencias racistas institucionalizadas en los aparatos del Estado. Poblaciones trans y de la disidencia sexual, han ocupado el espacio cívico para decir basta a la transfobia y las violencias heterosexistas. Las abuelas de la Plaza de Mayo que iniciaron movilizaciones en abril de 1977 en Argentina para denunciar la desaparición de sus hijxs, detenciones arbitrarias y exigir respuestas hoy sigue latente en toda la región. Especialmente en un contexto como el mexicano, con más de 108 mil personas desaparecidas, y en Cuba, donde se registran todos los días detenciones arbitrarias de parte de la Seguridad del Estado contra quienes exigen garantías a sus derechos.

Es importante enfatizar el carácter público, igualitario y popular del uso del espacio cívico como un mecanismo de resistencia, de movilización y transformación social. En sociedades profundamente desiguales, desequilibradas y jerarquizadas, donde en la práctica hay ciudadanías de primera y otras de segunda, donde los niveles de precarización, poco acceso a derechos y donde el cometimiento de graves violaciones derechos humanos contra poblaciones marginalizadas es una realidad cotidiana, ocupar las calles, alzar la voz, protestar, manifestarse y objetar las decisiones autoritarias de los Estados, se traduce en un poder popular, público, ciudadano y descentralizado y que se define desde abajo, donde la gente contra todo pronóstico de su realidad, realidad que muchas veces les condena al silencio, pueden hablar, visibilizar sus múltiples realidades y exigir vidas más dignas y vivibles, es por esto, que nos atrevemos a valorar  el espacio cívico como un derecho, que derivado de su connotación de desobediencia civil y su potencia transgresora, es clave para la construcción de sociedades democráticas, comunidades imaginadas más justas y espacios  menos violentos para la vida.

Como hemos mencionado, el espacio cívico es una condición democrática e indispensable para ejercer otras libertades fundamentales, que se traduce, en muchos lugares, en la única alternativa de participación política y de denuncia, especialmente en contextos en los que los pactos de impunidad, corrupción, opresión, represión y debilitamiento institucional son la norma y no la excepción. Por esto, hoy más que antes, la resistencia que se configura por medio de la apropiación del espacio cívico debe ser protegida, ante autoritarismos cada vez más latentes en la región, continuas violaciones a los derechos humanos y deudas históricas, defender el derecho a la protesta, unirnos y acompañar a las voces que reivindican derechos es no sólo necesario sino vital para la protección de nuestras democracias y el cabal ejercicio de la libertad de expresión, asociación y reunión como un derecho humano fundamental, al cual no renunciaremos.

* Mikaelah Drullard Marquez (@MikaelaDrullard) es investigadora del Programa para Centroamérica y el Caribe, y Paula Saucedo Ruiz (@Paulamsr) es oficial del Programa de protección y defensa.