Aprender en un mundo en riesgo

Por Maura Rubio Almonacid*

En el mundo de hoy, una niña o un niño puede pasar seis años en la escuela primaria y aun así no aprender a leer. Esto no es poco común; es una realidad extendida de nuestro tiempo y una señal de alerta sobre lo que viene. Millones de niñas, niños y jóvenes pasan años en la escuela sin desarrollar la comprensión lectora ni los aprendizajes fundamentales para la vida, mientras una enorme proporción sigue completamente excluida de la escolarización. Más que una brecha educativa, esto constituye una vulnerabilidad creciente que afecta profundamente a nuestras sociedades. A partir del Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2026 de la UNESCO y del Global Risks Report 2026 (Informe sobre los riesgos globales) del Foro Económico Mundial, puede plantearse que el incumplimiento del derecho a aprender es ya un riesgo sistémico.

El informe de la UNESCO advierte que en el mundo la población infantil fuera de la escuela aumenta por séptimo año consecutivo y alcanza los 273 millones. Pero la crisis es más profunda. Incluso entre quienes asisten a clases, el aprendizaje dista mucho de estar garantizado. En múltiples regiones, una proporción considerable de estudiantes termina la primaria sin haber aprendido la lectoescritura y las matemáticas elementales.

La distinción es fundamental. Escolarización no es lo mismo que aprendizaje. El derecho a la educación no se reduce a la presencia de niñas y niños en la escuela: un lugar en la escuela, un pupitre en el aula, un nombre en la lista de asistencia. El derecho a aprender exige mucho más: el desarrollo efectivo de conocimientos, habilidades y herramientas cognitivas que permitan comprender, resolver problemas y seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Cuando este derecho se niega, la desigualdad social persiste y, a la postre, limita las oportunidades para que las y los estudiantes desarrollen su potencial.

Por eso la educación básica es decisiva. La primera infancia y la primaria son las etapas donde se construyen las bases cognitivas, se forman el lenguaje y el razonamiento, y donde los sistemas educativos tienen un papel crucial para compensar las desventajas o profundizarlas. El limitado desarrollo cognitivo mostrará sus efectos a lo largo del tiempo: en la productividad, los ingresos, la movilidad social, la participación cívica, la salud y la calidad de vida.

El Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2026 es contundente: la equidad debe ser el principio de los sistemas educativos. El progreso no depende solo de la ampliación del acceso a la escuela, sino de destinar los recursos, docentes y apoyos necesarios hacia quienes parten desde más atrás.

México muestra tanto avances como brechas persistentes. El acceso a la educación primaria es prácticamente universal y la cobertura en secundaria supera el 90%. No obstante, los resultados de aprendizaje todavía son muy insuficientes. En su ciclo más reciente, la prueba PISA mostró que uno de cada dos estudiantes de 15 años tiene dificultades para comprender textos simples y dos de cada tres no pueden resolver problemas matemáticos elementales. A su vez, el Banco Mundial y la UNESCO apuntan que la mayoría de las niñas y los niños en México podría no ser capaz de leer y comprender un texto sencillo al finalizar la primaria. La llamada pobreza de aprendizaje afecta de manera desproporcionada a quienes están en situación de vulnerabilidad.

Para muchas niñas y niños —especialmente en comunidades marginadas— ir a la escuela no significa aprender. El sistema ha logrado el acceso, pero no la equidad en los aprendizajes.

El Global Risks Report 2026 presenta un mundo que entra en una “era de competencia”, marcada por la fragmentación geopolítica, la incertidumbre económica y la distorsión informativa. En el corto plazo, la polarización social, la pérdida de confianza y la desinformación dominan el panorama. En el largo plazo, los riesgos ambientales se intensifican.

Estos riesgos están interconectados y se refuerzan mutuamente. En su núcleo comparten oportunidades desiguales, cohesión social frágil y degradación del conocimiento.

La educación se sitúa en el centro de este panorama de riesgos. Los sistemas educativos débiles fallan a las generaciones de niñas y niños porque intensifican las vulnerabilidades sociales, aumentan la susceptibilidad a la manipulación informativa, debilitan la participación democrática y reducen la capacidad de adaptación de las sociedades. Asimismo, profundizan la desigualdad y erosionan la confianza.

Los sistemas robustos consiguen lo contrario. Funcionan como base de la resiliencia: desarrollan el pensamiento analítico, posibilitan la empleabilidad y la movilidad social y sostienen la participación democrática en la resolución de los problemas comunes. La capacidad de enfrentar las circunstancias adversas del mundo actual comienza en la educación básica.

El Global Risks Report 2026 identifica una convergencia de riesgos que afecta directamente la capacidad de los países para garantizar el derecho a aprender. La desinformación y el deterioro de la confianza pública debilitan el valor de escuelas y docentes. La polarización social fragmenta comunidades y aumenta la conflictividad en las escuelas y su entorno, mientras que, al profundizarse las desigualdades sociales, se eleva el riesgo de ausentismo y abandono escolar.

A estos factores se suman el acelerado desarrollo tecnológico, que amplía las brechas digitales, y las amenazas a la ciberseguridad, que exponen a niñas y niños a vulnerabilidades adicionales. Además, los impactos climáticosinterrumpen la continuidad escolar y dañan infraestructura, afectando sobre todo a comunidades vulnerables.

Estos riesgos muestran que fortalecer la educación básica es esencial para la resiliencia social, la cohesión comunitaria y la estabilidad democrática.

En este contexto, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) son un actor fundamental. Donde los gobiernos enfrentan limitaciones que terminan marginando a quienes más apoyo necesitan, la sociedad civil actúa como observadora y como puente. Traduce el derecho a aprender en exigencias concretas: políticas inclusivas, financiamiento equitativo, evaluación transparente, apoyos focalizados, etcétera. Asimismo, construye confianza, ya sea a través de su acción directa en las comunidades o de la difusión de sus análisis y propuestas basados en evidencia.

En México, las OSC han contribuido a documentar brechas de aprendizaje, proponer políticas basadas en evidenciay mantener la atención pública en los resultados educativos, pese a los cambios en las prioridades de la política educativa. Han aportado continuidad en un sector expuesto a la volatilidad de las reformas.

En un mundo en riesgo, el aprendizaje debe estar al centro de la agenda educativa. La evidencia y las consecuencias de la inacción son claras. Garantizar ese derecho es responsabilidad del Estado. Pero coadyuvar en esa tarea de buen gobierno es vocación de la sociedad civil organizada, con la colaboración de una ciudadanía informada y propositiva.

En esta era de riesgos sistémicos, demos prioridad al aprendizaje; es decisivo para sostener la esperanza en un futuro mejor para todas y todos. Decidámonos a construirlo; está en nuestras manos.

• Directora de Investigación, Mexicanos Primero