Karen Julibeth Quevedo Torres · 26 de junio de 2017
Por: Aldo Contró (@AldoContro) y Laura Krasovitzky (@krazol)
Como cada año desde 1987, este 26 de junio se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. El objetivo de la Organización de las Naciones Unidas al fundar esta celebración, según lo señalaron en la resolución 42/112, era lograr “…una sociedad internacional libre del abuso de drogas…”, a través de “…generar acciones universales, como una expresión de la voluntad política de las naciones para combatir la amenaza de las drogas, y como un medio para atacar el serio y complejo problema internacional de drogas en todas sus formas”.
Anualmente la ONU define una línea temática distinta. Así, año tras año el espíritu prohibicionista del organismo se ha visto reflejado en títulos como: Desarrollo para nuestras vidas, para nuestras comunidades, para nuestras identidades sin drogas (2015), Anímate con tu salud, no con las drogas (2013), Acción mundial en pro de comunidades saludables libres de drogas (2012), o ¡Di no! (2011).
Este año el título escogido es: Escucha primero. La diferencia en el lenguaje no es casual: el movimiento de reforma -sociedad civil y algunos gobiernos- ha venido empujando con fuerza en los escenarios nacionales e internacionales durante los últimos años, y pese a la resistencia de un bloque de naciones que defiende el status quo en materia de fiscalización de drogas, se ha dado un viraje en la discusión; si bien el sistema internacional de control está lejos de vivir sus últimos días, ya no hay consenso alrededor de él.
Lo anterior puede verse reflejado en discusiones multilaterales que se han dado en los últimos años. Ejemplo de ello lo encontramos en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre drogas del año pasado, en la que varios estados miembro cuestionaron el sistema actual, entre ellos México, que en palabras del presidente se posicionó por un cambio de fondo: “Ante las limitaciones del paradigma prohibicionista, se debe atender el tema mundial de las drogas desde la perspectiva de los derechos humanos”.
Al planteamiento del gobierno mexicano se sumó el del colombiano representado por su presidente Juan Manuel Santos. En su propuesta, Santos se pronunció a favor de flexibilizar la manera en la que se aplican los tratados internacionales, así como la garantía del acceso a sustancias fiscalizadas con fines médicos y científicos. El gobierno canadiense anunció que regularía el cannabis en el 2017. El boliviano criticó la persecución de la hoja de coca. El uruguayo defendió su regulación de cannabis, y, en general, la mayoría de los representantes de Estado coincidieron en que el enfoque represivo no ha dado resultados positivos.
Como una respuesta del movimiento internacional de reforma, desde el 2012 se celebra de manera paralela una campaña llamada Apoye, no castigue, diseñada para invertir el sentido de la celebración de corte prohibicionista de la ONU, que tradicionalmente ha promovido el enfoque represivo del sistema internacional de control de drogas encarnado en los tres tratados internacionales.
Apoye, no castigue es un esfuerzo colectivo del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), la Red Internacional de Personas que Usan Drogas (INPUD), la Asociación Internacional de Reducción de daños (HRI) y la Alianza Internacional sobre VIH/SIDA. Desde entonces se han sumado más de 100 ciudades alrededor del mundo para un Día de Acción Global, demandando políticas de drogas enfocadas en la salud pública, los derechos humanos y el medio ambiente, mediante reformas integrales y contextualizadas.

Cada año se realizan en todo el mundo diferentes acciones como parte de esta campaña. Distintas organizaciones ciudadanas a favor de la reforma realizan foros de discusión, eventos informativos, elaboran materiales de difusión físicos o virtuales, con el fin de promover estos enfoques alternativos. Hoy que se celebra esta campaña, vale la pena preguntarnos cuál es el estado de las cosas en México e internacionalmente en relación a las políticas de drogas.
En México, la reciente aprobación de las reformas a la Ley General de Salud y el Código Penal Federal para permitir el uso médico y la investigación científica con cannabis resulta una buena radiografía para entender la situación en la que se encuentra la discusión pública sobre estos temas, pues se trata de una oportunidad perdida en el sentido de descriminalizar a los usuarios: la propuesta original del Ejecutivo Federal proponía despenalizar la posesión y aumentar su umbral de 5 a 28 gramos; sin embargo, ambos puntos fueron excluidos en las discusiones en el Senado; los usuarios seguirán siendo perseguido por las leyes.
En cuanto al resto del mundo, el panorama es contrastante. Mientras hay países en el continente que están legislando en materia de cannabis e incluso abriendo la discusión hacia otras drogas, como la cocaína en el caso de Colombia, los programas de reducción del daño con usuarios de drogas inyectables en Canadá, los modelos alternativos a las penas por delitos de drogas para las mujeres en Costa Rica, etcétera, del otro lado del mundo hay países que defienden las formas más punitivas y violentas del paradigma prohibicionista, como China, Irán, Arabia Saudita, Malasia, Filipinas, entre otros, en los que incluso existe la pena de muerte por delitos de drogas.
Hoy, 30 años después de la fundación del Día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, sobra decir que la comunidad internacional está lejos de haber cumplido los objetivos establecidos en 1987. Por el contrario, los problemas relacionados al consumo de drogas y a los mercados ilegales -alimentados por el sistema internacional de control- son cada vez más numerosos y profundos. Valdría la pena escuchar las propuestas de quienes, hartos del fracaso de los sistemas de control actuales, piden apoyar y no castigar. Hoy es un buen día para hacerlo.
* Aldo Contró es etnohistoriador por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde el 2011 colabora con el Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas (CUPIHD, A.C.). Actualmente es parte del Movimiento Cannábico Mexicano, red de organizaciones y activistas dedicada a impulsar la reforma cannábica. Laura Krasovitzky es integrante del equipo internacional en Oaxaca de Witness for Peace, trabajando temas como la guerra contra las drogas, la militarización, la migración y los tratados de libre comercio, en relación al impacto negativo de las políticas estadounidenses en América Latina.