Apostemos por el IFE

Por: José Tomás Figueroa Padilla

La reforma electoral que se discute actualmente en el Congreso de la Unión y en el Pacto por México propone, entre otras cosas, la creación de un instituto nacional de elecciones que desde el centro controle las elecciones estatales y locales.

[contextly_sidebar id=”93d9fcc89f4011372989061881985f30″]Esta idea ha despertado tanto críticas como aplausos y al parecer las negociaciones en la mesa conducen a un modelo intermedio. César Camacho Quiroz adelantó en un programa de radio que los involucrados en la discusión están llegando a un modelo intermedio que corrija los defectos del actual sistema, sin perder las oportunidades que supone un aparato electoral centralizado. Por su parte, los coordinadores de los senadores del PRI, Emilio Gamboa y del PRD, Luis Miguel Barbosa, aclararon que los legisladores federales no obstruirán la creación del Instituto Nacional Electoral (INE), pero modificarán su diseño, mientras que el coordinador del PAN, Luis Alberto Villarreal insiste en transformar al IFE en la única instancia electoral con la consiguiente desaparición de los institutos electorales locales.

La actual coyuntura requiere una reforma electoral de trascendencia, suficiente para profundizar la democracia en el país. La reforma deberá incluir análisis y reflexiones de los actores políticos, del sector académico y de la sociedad en su conjunto.

Nuestra república necesita elevar la calidad de su democracia y un buen comienzo es seguir trabajando en los avances que ha tenido el diseño de la arquitectura electoral e incluir aspectos modernizadores para que la reforma electoral sea una transformación que consolide de una vez por toda nuestra incipiente democracia.

Los órganos electorales del país debemos ser autocríticos y reconocer que aún nos queda camino en el mejoramiento de nuestro andamiaje electoral: generar mayor confianza ciudadana, promover la rendición de cuentas, disminuir el costo de las elecciones y aumentar la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Los órganos locales debemos estar atentos a los reclamos de la ciudadanía y atender las demandas de participación y de democratización.

Dentro de las asignaturas que se deben priorizar se encuentra en primera fila la disminución del costo de las elecciones. Nuestros procesos electorales son costosos porque nuestro andamiaje institucional está basado en la desconfianza; debemos dirigirnos a la construcción de una institucionalidad electoral que se base en la confianza. Hoy en día ya existen las condiciones para hacerlo.

También resulta impostergable que los procesos electorales posean mayor legitimidad. Una buena manera de lograrlo es imponiendo sanciones más severas para aquellos actores políticos que rebasen los topes de gastos de campaña y que se instrumenten mecanismos de fiscalización más eficientes.

Para elevar la calidad de nuestra democracia es imperioso también fortalecer y homologar las condiciones del sistema electoral. La promoción de valores cívicos y democráticos debe ser una política de Estado en la que se involucren todos los sectores de la sociedad. Una reforma electoral con altura de miras debe ser una plataforma de lanzamiento para dignificar la función pública.

En una puesta al día de nuestras instituciones electorales se deben tomar en cuenta algunos casos exitosos a nivel subnacionales, que perfectamente pueden ser extrapolados a nivel federal ya que han probado su eficacia: las candidaturas independientes en Quintana Roo y en Zacatecas y la implementación del sistema electrónico de votación, conocido popularmente como la urna electrónica, en Jalisco, entre otros ejemplos.

La apuesta hoy debe ser por fortalecer a los órganos electorales tanto el federal como los locales, dotándolos de autonomía financiera, capacidades de fiscalización y homologando en todo el país los criterios de selección de sus consejeros así como la duración en el cargo. Una forma de lograr esto sería ampliando el periodo de duración en el cargo para que fueran transexenales y de esa manera evitar la posible captura por parte de gobiernos o congresos y que en su selección intervinieran universidades, colegios y organismos de la sociedad civil y que fueran ratificados por el Senado de la República.

El diseño, construcción e implementación de una nueva arquitectura electoral es una labor titánica en la cual debemos participar todos, autoridades, academia y ciudadanía. La apertura y la inclusión son valores que deben guiarnos en las reformas electorales. Estamos frente al reto de dinamizar nuestra democracia, manteniendo su espíritu federal y ciudadano. Sobre estas bases se debe empezar una reflexión seria e incluyente que permita diseñar el nuevo andamiaje institucional que nuestra realidad política requiere.

 

* José Tomás Figueroa Padilla es Consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco