Antes de pagar por una Visa: #PreguntaApuntayVerifica

Cada año, miles de personas se endeudan, hipotecan sus tierras o venden bienes a cambio de una oferta de trabajo inexistente en el extranjero.

“Migrantes en este pueblo hay pocos, migrantes en potencia somos todos”. Así describía un presidente municipal oaxaqueño la situación de la comunidad durante una campaña de información para prevenir el abuso en el reclutamiento. La pobreza extrema, el desempleo, la inseguridad y el hambre han creado un mercado lucrativo y floreciente, con pocos riesgos y grandes beneficios: el mercado de la esperanza.

En la actualidad, ante la falta de mano de obra local, los empleadores solicitan a las agencias de gobierno competentes en los países de destino la autorización para la contratación y empleo de trabajadores extranjeros. Una vez que los empleadores han obtenido las autorizaciones correspondientes, generalmente contratan agencias reclutadoras o reclutadores independientes para identificar potenciales trabajadores en los países de origen y facilitar los procesos de visado y otros aspectos administrativos. Tan sólo en Estados Unidos, la industria que se ocupa del reclutamiento de los trabajadores recauda más de 14 millones de dólares al año.

A excepción del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales y el Mecanismo de Movilidad Laboral México-Canadá, los sistemas de movilidad laboral transnacional funcionan como modelos unilaterales de visas abiertos a todos los países, y no como programas binacionales que regulan el reclutamiento y la colocación de trabajadores. Los países de destino verifican la validez de una oferta de empleo y otorgan la visa desde sus embajadas y consulados, pero no tienen jurisdicción sobre las agencias y los reclutadores que operan en México.

Cobro por pláticas informativas, por lista de espera, por asesoría en inmigración, por asistencia jurídica y por colocación son algunos de los recursos utilizados por estas agencias, que van desde los 100 pesos por la “primera entrevista” hasta los 5,000 pesos por el trámite de visa. El decorado de las oficinas –banderas de Canadá o de Estados Unidos, según el caso; un cerro de pasaportes a la vista de los visitantes, fotos de clientes satisfechos- forma parte de la pequeñísima inversión que deben hacer para defraudar candidatos. La víctima llega por su propio pie, y paga sin rechistar.

[contextly_sidebar id=”TLnjEflr4EPtAZ3phYvpbNg0C0acqStD”]El primer obstáculo a vencer es el miedo: “Cuando fui a preguntar que si ya iba a salir la visa de mi hijo por quinta vez me dijeron que me calmara y dejara de molestar, o me atuviera a las consecuencias. No sé de qué consecuencias hablaban, pero preferí no averiguar”, comentaba una mujer de Tlaxiaco, Oaxaca. Pero el miedo no es el obstáculo más grande, ni el más difícil de sortear: el fraude durante el reclutamiento para trabajo en el extranjero sólo está tipificado en el Código Penal de Michoacán. En el resto del país, la resistencia de los Ministerios Públicos a abrir averiguaciones previas y dar seguimiento a este tipo de fraudes parece ignorar la magnitud del fenómeno.

Ante esta situación, la Iniciativa Regional sobre Movilidad Laboral (INILAB), un esfuerzo regional de 12 organizaciones, lanza este 7 de diciembre la campaña “Antes de pagar por una visa: Pregunta, Apunta y Verifica” con el objetivo de impulsar acciones de prevención a favor de los derechos humanos y laborales de las personas trabajadoras migrantes.

Esta iniciativa servirá para informar y prevenir violaciones a derechos laborales y humanos que sufren los trabajadores migrantes como los cobros ilegales para entrar en listas de espera, pago indebido de transporte, abusos salariales, malas condiciones de trabajo y de vivienda, no existencia de contratos y amenazas con no recontratarlos.

Esta campaña es un primer paso para informar y sensibilizar en la atención de esta problemática, toca a los gobiernos y a la sociedad civil trabajar juntos en la creación de mecanismos reales que favorezcan la denuncia y garanticen el castigo de empresas fraudulentas, generar o fortalecer los sistemas de regulación de reclutadores, con formatos y sistemas de información que sean supervisados y públicos e incluir en la legislación nacional estándares internacionales de protección a los derechos humanos y laborales de las personas migrantes, asegurando que los gobiernos supervisen y monitoreen el reclutamiento, la contratación y la colocación de los y las trabajadoras migrantes.

Descarga los materiales de la campaña aquí

* Andrea Gálvez. Iniciativa Regional sobre Movilidad Laboral (@INI_LAB)