Antes de pagar por una visa…

El próximo 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas Migrantes, en primeras planas de los diarios (en el mejor de los casos) veremos un danzar de cifras y datos que reflejaran la tragedia de las personas migrantes, mientras que el gobierno se ufanará con discursos pro migrante y de respeto de sus derechos humanos, pese a su agresiva política migratoria.

[contextly_sidebar id=”8xtEKkFEW7DucAx5dgSwqxZwUI3VeSAf”]Para las organizaciones de la sociedad civil, justo son esas fechas simbólicas que nos permiten llamar la atención, aunque sea por un día, de las diferentes aristas que encierra la migración, en este caso la otra cara de la llamada “migración ordenada” bajo la figura de trabajo temporal transnacional, que ante la falta de empleo y mejores oportunidades de vida en el país se ha convertido en una opción para las personas. Sin embargo, a menudo son un fraude, un espejismo lleno de procesos irregulares, opacos e informales de reclutamiento.

Para Alba y su esposo, la promesa de trabajo bien remunerado y en condiciones dignas que anunciaba un cartel, fue un fraude. “No conocíamos el Programa de Trabajo Agrícola Temporal, pero pensábamos que era bueno y la oportunidad de trabajar un tiempo y ahorrar un poco de dinero. Jamás nos imaginamos que detrás de esos contratos se escondía la venta de mano de obra barata, sin garantías ni respeto de nuestros derechos laborales”.

“El empleo era escaso y los sueldos muy bajos. Mi esposo y yo necesitábamos un trabajo mejor pagado para darles a nuestras hijas la oportunidad de estudiar. Una vecina nos dijo que una “agencia de trabajo” estaba reclutando personas para ir a trabajar a Canadá. Fuimos a pedir informes. Nos anotaron en una lista y teníamos que pasar una serie de trámites: pagar 3 mil quetzales (dinero que no era devuelto), tramitar nuestros pasaportes, salir bien en los exámenes médicos que nos hicieron, y finalmente pasar una entrevista. Sin embargo, realizar todos esos trámites no aseguraba salir seleccionados para irnos a trabajar a Canadá. A las pocas semanas nos llamaron.

Al llegar a Quebec, me llevaron a una finca para trabajar en el corte de la fresa. Las patronas nos asignaron el lugar donde viviríamos. A mí me tocó en un cuarto con otras once mujeres. Pagábamos una renta de 25 dólares semanales por persona. Trabajábamos de lunes a sábado, desde las seis de la mañana hasta las siete de la noche. Mientras estábamos en el terreno de trabajo no podíamos hablar. El domingo “descansábamos” pero no nos dejaban salir pues decían que no conocíamos la ciudad y podríamos perdernos o que el lugar era muy peligroso, así que nos quedábamos a hacer la limpieza de la casa. Mi esposo se empleó en otra finca en el corte de chile y brócoli. Él vivió en la finca, en furgones, y casi no tenía comida. Su patrón tampoco lo dejaba salir”[1].

Historias como esta se multiplican por miles a lo largo de la región. De acuerdo con el informe “Revelando el Reclutamiento: Fallas fundamentales en el Programa de Trabajo Temporal H-2 y Recomendaciones para el Cambio” del Centro de los Derechos del Migrante, publicado en el año 2013, entre las principales irregularidades son el cobro ilegal de cuotas; registro en “listas de espera”, y en el caso de Estados Unidos, el cobro de hasta 15 mil pesos por ser elegido para trabajar en el sector agrícola con Visa H-2A; el pago, por parte de la o el trabajador, de sus gastos de transporte, pese a que los programas prevén que este gasto debe ser cubierto por el empleador; falta de un contrato de trabajo o la entrega de un contrato ilegible; abusos salariales; condiciones inadecuadas de vivienda; malas condiciones de trabajo que ponen en riesgo su salud y seguridad; discriminación; trabajo forzado, y amenazas de no volver a contratarles.

Diversas organizaciones que se encuentran dentro de la INILAB han denunciado la inexistencia de un proceso de regulación de estos programas por parte del gobierno y la falta de acceso a la justicia para las personas en caso de ser víctimas de fraude. Haciendo hincapié en la urgencia de que la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y la Secretaría de Gobernación en colaboración con Estados Unidos y Canadá deben compartir información para realizar un registro confiable de agencias de colocación y reclutadores, así como el monitoreo de las ofertas reales de empleo; realizar campañas de difusión en las comunidades donde se reclutan trabajadores, así como generar mecanismos eficientes de denuncia, ofreciendo alternativas viables a los trabajadores que desean demandar.

Datos de Ciudadanía y Migración del Gobierno de Canadá señalan que anualmente los programas de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) envían a 19 mil 829 trabajadores mexicanos a este país y según el Departamento de Estado de Estados Unidos 83,674 trabajadores agrícolas con visa H2A y 50,045 trabajadores con visa H2B arriban a los Estados Unidos. Se estima que éstos países reciben anualmente 173 mil 706 trabajadores temporales de México, Guatemala y El Salvador. En términos monetarios, tan sólo en Estados Unidos, la industria del reclutamiento de trabajadores temporales recauda más de 14 millones de dólares al año.

Ante el incremento de los fraudes, 12 organizaciones de la sociedad civil de Canadá, Estados Unidos México y Centroamérica hemos unido esfuerzos a través de la Iniciativa Regional sobre Movilidad Laboral (INILAB) que busca impulsar acciones en favor de los derechos humanos y laborales de las personas trabajadoras migrantes temporales, que buscan oportunidades laborales en el extranjero, principalmente a través de los programas de Movilidad Transnacional Regulada de la región Canadá-Estados Unidos-México-Centroamérica.

Como parte de estas acciones, el próximo 7 de diciembre se lanzará la campaña regional “Antes de Pagar por una visa: ¡Pregunta! ¡Apunta! Y ¡Verifica!”, contra abusos en el reclutamiento,
la cual durante 3 meses informará sobre las alternativas y oportunidades para las y los trabajadores temporales de México y Centroamérica y sobre sus derechos laborales y humanos que tienen en los países a donde se dirigen a trabajar. Además, orientará sobre empresas reclutadoras falsas y/o fraudulentas y en donde acudir en caso de fraudes o denuncias de violaciones a sus derechos humanos   o laborales.

Dicha campaña fue lanzada previamente en Guatemala y El Salvador y cuenta con spots de radio que serán transmitidos en distintos estados de la República Mexicana, carteles informativos y materiales de difusión en redes sociales y medios de comunicación. Toda la información de la campaña está disponible aquí.

 

* Paulo Martínez, Iniciativa Regional de Movilidad Laboral (@INI_LAB)

 

 

[1] Extracto del Testimonio de Alba, del libro “Nuestras voces en el camino. Testimonios de mujeres en la migración”, 2012. Instituto para las Mujeres en la Migración, AC.