blogeditor · 3 de octubre de 2016
Por: Marcos Martínez
Cuando los elementos encubiertos del Batallón Olimpia activaron sus armas en contra de la multitud del Movimiento Estudiantil congregada en la Plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre hace 48 años, también acabaron con la poca confianza que la ciudadanía tenía en las instituciones supuestamente encargadas de protegerla. La matanza de Tlatelolco se convirtió en un antecedente atroz para el Ejército y para el régimen presidencialista que ese día, a precio de sangre y fuego, perdió la legitimidad que le quedaba.
Ese antecedente oprobioso del Ejército o las corporaciones policiacas que atentan en contra de la sociedad organizada aún persiste en nuestros días. No es un asunto menor que casi cinco décadas después del ataque orquestado por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz para reprimir al movimiento estudiantil, cuyo principal objetivo era denunciar el autoritarismo del régimen y las violaciones a los derechos humanos por parte de las corporaciones policiacas estatales, federales y del Ejército, sean comunes y hasta sistémicas.
En abril pasado, José Miguel Vivanco, director para la Américas de Human Rights Watch, alertó que “la tortura y los tratos crueles inhumanos y degradantes siguen siendo los métodos tradicionales de castigo e ‘investigación’ policial y judicial en México”.
Para muestra está el caso de Nochixtlán, en Oaxaca, donde el 19 de junio un operativo de la Policía Federal terminó en tragedia. Ocho civiles fueron asesinados por la policía en un intento fallido de preservar el orden durante las manifestaciones de la CNTE.
Es absurdo que el Estado mexicano aún no sea capaz de garantizar los derechos elementales de acceso a la justicia y a la seguridad. Cuando un policía o un soldado es capaz de torturar o atentar en contra de un ciudadano el fin del Estado se pone en entredicho y se abre el paso al desvanecimiento del Estado de derecho.
Entre las exigencias que planteaban los estudiantes del 2 de octubre estaban poner un alto al autoritarismo del régimen que para ese entonces consideraban caduco y vacío. Luego de los ataques al movimiento, la legitimidad de ese régimen llegó a su fin y pero abrió paso a una lenta transición hacia un México menos autoritario.
Sin embargo, pese a los avances, los ciudadanos aún padecen los estragos provocados el debilitamiento autoinfligido de las corporaciones que hasta ahora han sido incapaces de garantizar la seguridad y el orden en México. A 48 años de la matanza de Tlatelolco, en México aún se desconfía de quienes deben proteger a la ciudadanía.
* Marcos Martínez es estudiante investigador de posgrado del Programa de Periodismo de Investigación y del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California, en Berkeley.