Ante la incertidumbre, los derechos como certeza

La posibilidad de perder nuestro trabajo repentinamente es, quizás, uno de los miedos más grandes que enfrentamos las personas que trabajamos, particularmente en tiempos tan inciertos como los que actualmente vivimos. Perder nuestro trabajo implica perder nuestra fuente de ingresos —algo que es desastroso cuando sostenemos hogares o tenemos personas que dependen económicamente de nosotras—. Implica también una disrupción en nuestra rutina y hasta puede tener efectos negativos en nuestra autopercepción y autoestima.

Para contrarrestar los efectos de un despido en términos de la pérdida de ingresos, las leyes de nuestro país contemplan que las personas despedidas injustificadamente —es decir, que su despido no se debe a alguna de las situaciones que delinea la Ley Federal del Trabajo como una causa justificada de rescisión de una relación laboral— reciban una indemnización, además de su finiquito —que debe pagarse cuando se termina cualquier relación laboral—.

La indemnización comprende tres meses de salario, 20 días de salario por cada año de servicio y una prima por antigüedad. Esta indemnización permite a las personas garantizar sus necesidades mientras emprenden la búsqueda de un nuevo trabajo, un proceso que nunca es fácil.

Las trabajadoras del hogar, sin embargo, rara vez reciben esta indemnización cuando sus empleadores o empleadoras deciden dar por terminada su relación laboral, sin una razón aparente. Frente a una situación así, existe la posibilidad de acudir ante las instancias de justicia laboral en el país. Las trabajadoras del hogar, sin embargo, se encuentran con obstáculos añadidos para hacerlo, pues muchas de ellas no cuentan con un contrato por escrito o manera alguna de comprobar su relación laboral. Es posible, incluso, que no tengan información como el nombre completo de la persona que las empleaba o la fecha en la que comenzaron a trabajar en esa casa.

Estos procesos, además, son tardados y desgastantes, y requieren tiempo y esfuerzo que las trabajadoras no necesariamente pueden dedicar, pues necesitan invertir su tiempo en conseguir una nueva fuente de ingresos.

Como empleadoras y empleadores tenemos la responsabilidad de desnormalizar la informalidad y tomar medidas para garantizar que las trabajadoras del hogar puedan ejercer sus derechos laborales. Es crucial que ellas cuenten con un contrato de trabajo por escrito, en el que esté claramente definida la fecha de inicio de la relación laboral y que pueda ofrecerles certeza frente a estas situaciones.

Es importante también tomar consciencia de que es nuestra responsabilidad ofrecer una indemnización en caso de que decidamos, unilateralmente y sin justificación legal, dar por terminada la relación laboral con una trabajadora. Si no podemos hacerlo, quizás no deberíamos de estar empleando a una trabajadora en primer lugar.

Recibir una indemnización por despido injustificado es parte de nuestro derecho a un trabajo digno, un derecho que debe ser también garantizado para las más de dos millones de trabajadoras del hogar en México.

* Nicole Huete (@NicHuete) trabaja en Intersecta (@IntersectaOrg) y es gran fan del trabajo de Antifaz (@AntifazPolitica).