Ante la duda… ¿anula?

Por: Javier Martín Reyes (@jmartinreyes)*

 

¿Qué irregularidades se presentaron en la elección presidencial? En estos momentos es difícil hacer un balance general. La evidencia que se ha presentado en los medios de comunicación no es del todo clara y las instancias encargadas de investigarlas –el Instituto Federal Electoral (IFE) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE)– continúan realizando las indagatorias que les corresponden. Sin embargo, un importante número de comentaristas asegura que esta elección ha estado plagada de anomalías. O por lo menos eso creen.

Compra y coacción de votos, rebase de topes de gastos de campaña, falta de equidad en la contienda y desvío de recursos públicos son sólo algunas de las irregularidades que se citan con mayor frecuencia. Cada vez son más las voces que piden anular la elección, pues consideran que es una medida para “limpiar” el proceso electoral y para “castigar” a los responsables. Parecen sugerir que, ante la duda, no queda sino anular. Una, dos, tres o las veces que sea necesario. John Ackerman, en un libro recientemente publicado, ha resumido la posición con elocuencia: “mucho más grave que anular equivocadamente una elección limpia, sería la validación de una elección fraudulenta”. Piden, en esencia, que se deje sin efecto más de 50 millones de votos.

No es difícil advertir que lo anterior presenta sus complicaciones. En primer lugar, falta saber si las irregularidades efectivamente ocurrieron y, más importante todavía, determinar su frecuencia y magnitud. Pero incluso si se probaran algunas irregularidades, hay un segundo problema que resulta menos evidente. Detrás de la solicitud de nulidad subyace la idea de que ésta es la única medida eficaz para “sancionar” la compra de votos, el rebase de los topes de campaña o el desvío de recursos públicos. Parecería, pues, que no queda más remedio que echar abajo el proceso y repetirlo.

Más allá de las dificultades jurídicas que supone, en las siguientes líneas pretendo resaltar tres grandes inconvenientes de anular la elección presidencial. Argumentaré, en primer lugar, que la anulación difícilmente sería una medida efectiva para desincentivar muchas de las irregularidades que se han denunciado. En segundo, que la nulidad del proceso conlleva consecuencias negativas que afectan a la ciudadanía en su conjunto. Y, por último, que son otras las medidas que debemos tomar para mejorar la calidad de nuestros procesos electorales.

La anulación se presenta como un poderoso incentivo para que partidos y candidatos cumplan con la ley. La lógica es relativamente simple: los actores políticos se abstendrán de comprar votos, desviar recursos o rebasar los topes de gastos por miedo a que el TEPJF deje sin efectos su triunfo. Aunque razonablemente podríamos esperar algún efecto disuasivo, hay que considerar que buena parte de dichas irregularidades se explican por factores que trascienden los tiempos electorales. El acarreo y compra de votos, por ejemplo, suelen reflejar relaciones de lealtad profundas y duraderas que, por lo mismo, no se ven alteradas con la anulación de las elecciones. O pensemos en el desvío de recursos públicos: una práctica que se ve favorecida por la falta de mecanismos de transparencia y fiscalización. Anular la elección difícilmente podría evitar que el desvío se repitiera en una elección extraordinaria. Y algo similar sucede con las debilidades institucionales que impiden a la FEPADE perseguir con eficacia los delitos electorales.

¿Por qué suponemos que estas prácticas cambiarían en una elección extraordinaria? Por si fuera poco, la evidencia empírica sugiere que la anulación de comicios rara vez cambia la decisión de la mayoría. De acuerdo con Abigaíl Martínez, entre 1997 y 2006, en aproximadamente cuatro de cada cinco anulaciones, el ganador de la elección ordinaria volvió a serlo en la extraordinaria. ¿En dónde queda, entonces, el incentivo para no cometer irregularidades?

En cambio, sabemos que anular una elección tiene importantes consecuencias negativas para el conjunto de la ciudadanía. La primera es más o menos obvia: las elecciones extraordinarias implican un gasto, nada despreciable, de recursos financieros. Recursos que, claro está, provienen del erario y no del bolsillo de los infractores. Asimismo, la nulidad genera una afectación a los derechos de millones de ciudadanos cuyos votos terminan siendo ignorados. A pesar de que conservan su derecho a participar en la jornada extraordinaria, dejar sin efectos una elección implica el nombramiento de autoridades interinas, esto es, no electas por la mayoría. Se debilita, de esta forma, la capacidad de los ciudadanos para elegir a sus representantes. Por último, la anulación de elecciones –especialmente cuando se decreta por “violaciones a principios constitucionales” o con base en criterios que permiten un amplio margen de interpretación– traslada radicalmente el centro de decisión. La última palabra sobre quién gobernará pasa de los ciudadanos y las urnas, a los jueces y las cortes.

Con lo anterior no quiero decir que los tribunales deben abstenerse, a toda costa, de anular elecciones. Simplemente enfatizo, por una parte, que la nulidad no es una panacea, una medida que sirva para “sancionar” cualquier tipo de irregularidades y para “limpiar” al proceso en su conjunto. Actualmente contamos con diversos mecanismos para castigar las irregularidades que se presenten antes, durante y después de las elecciones. El aseo del proceso electoral, por así decirlo, es una tarea permanente. El IFE tiene facultades para sustanciar y resolver procedimientos administrativos mediante los cuales sanciona violaciones constitucionales y legales en las más diversas materias: desde la propaganda electoral hasta la fiscalización de los recursos, pasando por la propaganda gubernamental. La FEPADE, por su parte, está encargada de perseguir los delitos electorales, mismos que pueden ser castigados hasta con 9 años de cárcel, la destitución de funcionarios, o bien, la inhabilitación de los mismos hasta por 5 años.

Entonces, ¿para qué sirve la nulidad de las elecciones? Si los tribunales electorales están encargados de garantizar el voto de los ciudadanos y la decisión de la mayoría, la nulidad debe decretarse sólo cuando el resultado mismo de los comicios está en duda. Antes de invalidar millones de votos, los jueces electorales deben preguntarse: ¿cambiaría el resultado si no se hubieran presentado las irregularidades? Se trata, sin duda, de una pregunta difícil de responder. Pero tiene sentido que así sea. Como ya se ha señalado, independientemente de si se anula o no una elección, lo ordinario es que las irregularidades del proceso electoral se sancionen por las vías administrativa o penal. La nulidad, en cambio, es una medida extraordinaria, que procede exclusivamente cuando hay incertidumbre en el resultado.

Es innegable que nuestras instituciones electorales funcionan de manera imperfecta. Particularmente, existe un alto grado de impunidad en materia de delitos electorales. La nulidad, sin embargo, es una puerta falsa. Creo que no tenemos otra alternativa que ir a la raíz de los problemas. Sin una FEPADE autónoma y con amplias capacidades operativas, difícilmente podremos castigar delitos electorales como la compra y coacción del voto. En materia de fiscalización, es necesario reducir los plazos del procedimiento a cargo del IFE, de tal forma que los resultados definitivos se conozcan antes de la calificación de las elecciones. Para mejorar la equidad en las contiendas, resulta necesario revisar la fórmula mediante la cual se otorga el financiamiento público y el acceso a la radio y la televisión. Y, para combatir el desvío de recursos públicos, no queda sino aumentar la transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno.

Los anteriores cambios, por supuesto, implican retos mayúsculos. Pero una mejora significativa en nuestros procesos electorales sólo será posible si trascendemos la coyuntura electoral y adoptamos una visión de largo plazo. Las elecciones presidenciales han sido, históricamente, un momento clave para discutir y (re)pensar el tipo de democracia que queremos. Algunas de las transformaciones más importantes en nuestro sistema electoral se han dado, precisamente, por los debates que surgen con motivo de las contiendas presidenciales. Ojalá que ésta no sea la excepción.

 

*Javier Martín Reyes estudió Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el CIDE y Derecho en la UNAM. Actualmente trabaja en la Sala Superior del TEPJF. Por supuesto, todo lo aquí expresado es responsabilidad exclusiva del autor.