Anexos: la violencia que México sigue llamando “rehabilitación”

¿Por qué aplaudimos a un grupo que sube a personas a una camioneta en contra de su voluntad? Los hombres que usan la fuerza bruta como un método para evitar el consumo de sustancias lo llaman “rescate”. Sin embargo, el Código Penal lo cataloga como una privación ilegal de la libertad. La patrulla espiritual actúa frente a una cámara, pero lo que ocurre con las personas después de esta interacción busca distanciarse de ellas. Aunque su forma de operar inicia con un lenguaje de salvación y redención, esta termina con estigmatización, violencia y encierro en un centro de internamiento no regulado, donde cada semana de 2024 dos personas fueron asesinadas.

En México existe toda una red informal de centros de internamiento, popularmente conocidos como “anexos”, y representan la expresión más cruda, violenta e impune de una lógica de castigo al consumo de sustancias. Son recintos que operan al margen del sistema de salud, sin licencias sanitarias vigentes, sin médicos, sin psicólogos o personal capacitado, ni supervisión oficial de ningún tipo. La mayoría de ellos funciona con opacidad, obliga a sus personas usuarias a vivir en hacinamiento y ofrece pésimas condiciones para el cuidado de la salud.

Frente a la nula o escasa oferta de servicios públicos de atención a la salud mental y al consumo de sustancias, las familias en crisis recurren a estos centros informales que prometen la abstinencia del consumo para sus familiares. Pero los anexos existen, en primer lugar, por la omisión y negligencia del Estado hacia las necesidades de las personas usuarias y a sus familias. Su modelo de atención privilegia la abstinencia por encima del bienestar de las personas, suele rechazar el uso de medicamentos para acompañar el proceso de desintoxicación y descarta cualquier consumo ocasional no problemático del horizonte terapéutico posible. La movilización de las personas por medio de la culpa es su principal herramienta terapéutica. La fe, la disciplina y la redención a través del trabajo forzado y gratuito con frecuencia reemplazan la evidencia clínica.

En un internamiento la persona pierde el control sobre su tiempo, cuerpo y relaciones

Si bien existen establecimientos que cuentan con una licencia vigente y el reconocimiento de la CONASAMA y la Secretaría de Salud, y es importante diferenciarlos de aquellos que no cumplen con los lineamientos oficiales de seguridad o salubridad, en demasiados casos los anexos son una fuente de violencia —física, social y económica—, tanto para las personas usuarias como para sus familias. Las prácticas de estos centros muchas veces constituyen violaciones graves a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por México, y numerosos casos al respecto han sido documentados.

En marzo de este año, Alejandro Silva murió en un centro de rehabilitación en Ecatepec apenas 36 horas después de haber ingresado: su familia lo entregó con vida; pero lo recibió golpeado, ya sin ella, abandonado en la entrada de una clínica del IMSS. En Chimalhuacán, una denuncia ciudadana permitió el desmantelamiento de otro centro de rehabilitación, donde se cometieron el asesinato de un interno y múltiples abusos contra los pacientes. Tras entrar al recinto, las autoridades liberaron a 24 personas que permanecían en internamiento al encontrarlas en condiciones inhumanas. E incluso, centros que contaron con registros vigentes de aprobación por el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México (IAPA), como el centro de adicciones Mahanaim, han sido clausurados por incumplir con los criterios que alguna vez aprobaron, conduciendo a la muerte de un joven en su interior.

El internamiento en una institución total —donde la persona pierde el control sobre su tiempo, su cuerpo y sus relaciones— es una experiencia perturbadora para cualquier ser humano. Para las mujeres, la violencia que ya opera en estos espacios se amplifica por razones de género, y la probabilidad de sufrir violencia sexual dentro de estos centros resulta significativamente mayor. Para las personas jóvenes, que se encuentran en una etapa de construcción de identidad y autoconcepto, la experiencia suele ser devastadora.

Cuando el ingreso a un anexo es forzado la experiencia de encierro y aislamiento se vive como un secuestro

El estigma sobre el consumo de sustancias muchas veces se amplifica y crecen los sentimientos de vergüenza, alimentando paradójicamente el ocultamiento de los consumos durante más tiempo. Causa que se busque ayuda más tarde que temprano y que las personas terminen exponiéndose a consecuencias más graves. Así que en lugar de construir herramientas para relacionarse de manera diferente con las sustancias, muchos jóvenes salen de los anexos con un trauma adicional que, paradójicamente, incrementa el riesgo de sus consumos posteriores.

Cuando el ingreso a un anexo es forzado —ya sea por la familia, por actores comunitarios o autoridades que actúan fuera del marco legal—, la experiencia de encierro y aislamiento se vive como un secuestro. Las personas que ingresan de esta forma no tienen acceso a sus derechos, no pueden comunicarse libremente con el exterior, no conocen la duración de su estancia y están expuestas a violencia física y emocional. El internamiento involuntario no mejora la relación de las personas con las sustancias cuando este refuerza el vínculo entre las experiencias de violencia y el consumo.

El aislamiento del entorno, la imposición de jerarquías verticales y autoritarias, la ausencia de vínculos de confianza con profesionales capacitados y la exposición a dinámicas de violencia y humillación dejan marcas que interfieren con el desarrollo emocional y la autopercepción de maneras que pueden persistir toda la vida. La prohibición del uso de medicamentos prescritos para el manejo de la abstinencia —como la metadona o la buprenorfina, cuya eficacia está ampliamente documentada— no solo consiste en una mala práctica clínica, sino en un peligro para la vida de la persona usuaria.

Alternativas centradas en la salud y los derechos

Para el beneficio social, el mundo está cambiando. La reciente incorporación de la Reducción de Riesgos y Daños en la Reforma al Artículo 131 de la Ley General de Salud representa un reconocimiento oficial de que los internamientos involuntarios no necesariamente mejoran la relación del paciente con las sustancias. El reto es que este cambio de paradigma llegue a las personas que lo necesitan, y que deje de llegar tarde. Para contribuir a la difusión de esta información te compartimos las siguientes alternativas.

El sistema público de salud ofrece opciones de tratamiento alternativas a los anexos que vale la pena conocer. Es el primer paso para no entregar a una persona a una institución que puede hacerle más daño que bien.

Con 343 centros disponibles en todos los estados del país, los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (CECOSAMAS) son la alternativa más accesible, menos invasiva y que mejor respeta la autonomía de las personas en la mayoría de los casos. Ofrecen atención ambulatoria gratuita y son especialmente recomendables para acompañar consumos experimentales u ocasionales, para dependencias sin comorbilidades psiquiátricas graves, y para atención a la salud mental en general.

Otras alternativas que vale la pena considerar

Los Centros Colibrí, ubicados en distintas UTOPÍAS de la Ciudad de México, ofrecen atención gratuita basada en la reducción de riesgos y daños. A diferencia de los anexos, no recurren al internamiento ni exigen la abstinencia como condición para recibir apoyo. Su modelo reconoce la autonomía y dignidad de las personas usuarias, y brinda información, acompañamiento y acceso a servicios de salud. Frente a las respuestas basadas en el encierro y la coerción, representan una alternativa pública centrada en los derechos humanos, el cuidado y la evidencia científica.

En la Ciudad de México, la Clínica Especializada Condesa viene implementando desde hace más de una década un programa de atención gratuita a personas que viven con VIH y usan sustancias psicoactivas. Entre sus estrategias se encuentran las brigadas de alcance comunitario en centros de rehabilitación y espacios donde habitan personas en situación de calle, con el objetivo de ofrecer pruebas rápidas, diagnóstico oportuno y vinculación al tratamiento del VIH. 

Además, a través de su Clínica COMETHA (cuyo nombre deriva de las palabras Comunidad y Metanfetamina), brinda atención psicológica, consejería, canalización a atención psiquiátrica especializada, acompañamiento por personas pares y orientación hacia organizaciones comunitarias que realizan trabajo de reducción de riesgos y daños con personas usuarias de metanfetaminas tipo cristal. La institución también promueve grupos de apoyo mutuo para personas usuarias de drogas que viven con VIH y para sus familiares, fortaleciendo redes de cuidado, acompañamiento y acceso a servicios sin recurrir a medidas coercitivas.♦