blogeditor · 11 de diciembre de 2014
Han pasado más de tres meses desde la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Las policías municipales de Iguala y Cocula, en contubernio con grupos de la delincuencia organizada, perpetraron el crimen contra los estudiantes. No hay duda de que es el Estado el responsable de la tragedia y por ello es al Estado a quien le exigimos justicia.
Algunas voces sugieren que la ola de protesta social debería estar dirigida en contra de los criminales. Argumentan que la energía social tendría que estar centrada en exigirle a los malos que dejen de ser malos, en señalar a los autores materiales –inhumanos, sangrientos, bárbaros…. salvajes— públicamente por sus actos. Para la ultraderecha libertaria pudiese parecer seductor el llamado a la persecución moral de los monstruos. Qué mejor idea que la de reivindicar la bondad ciudadana frente a los horrores de nuestros enemigos.
[contextly_sidebar id=”q9lNQgbCzj3g0NakzIopITCyXWQLc5rQ”]Seguros de sí mismos insisten en que exigirle al Estado es diluir la responsabilidad en términos concretos, pero que señalar a los criminales clarifica las acciones a seguir. La prueba de su arenga se encuentra en el hecho de que tras varios meses tomando las calles “nada se ha conseguido”. A veces las buenas conciencias se autoengañan sin notarlo; la institucionalidad que parecen defender, deviene en anarquismo chic. Anular al Estado de las consignas y sustituirlo por los criminales nos coloca en su misma posición.
El Estado es el acuerdo que la sociedad ha encontrado para la seguridad colectiva. La lengua del Estado es la ley, frente a ella nos igualamos buenos y criminales y se nos aplica según el caso; el Estado está en medio de los unos y los otros: cuando aquéllos violan la ley es el Estado el que la aplica, ese mismo Estado nos asegura el ejercicio de nuestros derechos y la libertad de hacer todo lo que no está prohibido por la ley.
¿Por qué le tendríamos que exigir algo a quien no es capaz de responder? Los anarcochics piensan que los criminales nos tendrían que responder, que nos tendrían que tener miedo y dejar la barbarie para convertirse a la ilustración. Se equivocan, es el Estado el espacio que nos brinda certeza jurídica y legalidad y donde de manera pública tenemos acceso igualitario al ejercicio de nuestros derechos. Cuando el llamado “estado de derecho” se rompe no es por culpa de un enemigo atroz sino por la debilidad selectiva de aquellos a quienes les confiamos nuestra seguridad.
Exigirle a los criminales que dejen de ser criminales nos conduce de vuelta a la ley del talión. Responsabilizar al Estado de la tragedia es el camino a restaurar nuestra capacidad plena de ejercicio de derechos.