AMLO y Sedena contra la verdad y la justicia

Desde la creación de la comisión que busca garantizar la verdad y la justicia de los años de terrorismo de Estado se generaron muchas dudas. La comisión se centrará en los años 1965 a 1990, ¿cómo garantizar la no repetición, uno de los objetivos de esta comisión, si las violencias continúan, si la impunidad sigue siendo una constante? ¿Cómo podrá realizar su trabajo de revisión de decenas o cientos de miles de documentos y realizar miles de entrevistas si la comisión no cuenta con presupuesto ni personal suficiente? Dadas estas restricciones, ¿su trabajo será sobre casos particulares y dejará a un lado el fenómeno? ¿Cómo garantizar independencia en una comisión donde 6 de los 7 votos están en manos de funcionarios de gobierno? ¿Cómo garantizar la apertura de la Secretaría de la Defensa a un escrutinio que la pondría al centro del análisis? Todas estas dudas, más la inevitable de que la impunidad seguirá siendo la norma, han hecho que varios colectivos de víctimas de ese periodo se mantengan al margen.

Sobran ejemplos en la historia, desde Guatemala hasta Argentina y pasando por varios más, en que estos procesos se ven entorpecidos por la resistencia de las fuerzas armadas.

La semana pasada se realizó un evento para dar inicio a los trabajos de esta comisión con la Secretaría de la Defensa. En lugar de un acto con la seriedad que se requería, el presidente y el general secretario lo convirtieron en una provocación a las víctimas y a toda la sociedad. Una ceremonia para realizar una apología de las fuerzas armadas.

Destaco algunos fragmentos de sus discursos. El general secretario Luis Crescencio Sandoval habló de memoria, verdad, reparación y no repetición; no es casual que haya omitido la justicia. Su mensaje es claro: no están dispuestos a que miembros del ejército sean llevados ante la justicia. La lectura histórica de las fuerzas armadas quedó de manifiesto en su mensaje: se trató de “medidas implementadas para garantizar la seguridad nacional, el orden constitucional o el restablecimiento del estado de derecho” en el que “se afectó a un sector de la población”. Esta perversa y falsa justificación rematada con un eufemismo revictimiza y pretende implantar una narrativa histórica torcida sobre los crímenes perpetrados por el Estado y en particular por las fuerzas armadas. Un discurso cercano a la justificación que entonces daba Gustavo Díaz Ordaz. El discurso concluyó con una afrenta más. Afirmó que el presidente autorizó la inscripción de militares caídos en esos años en el Muro de Honor, “como un tributo a aquellos que cumplieron con su deber”. El terrorismo de Estado convertido en un deber. La calidad de víctima, en este caso, debe ser realizada por la Comisión, nunca por la propia Sedena ni por el presidente. Adicionalmente, realizar acciones de memoria omitiendo la verdad y la justicia resulta perverso.

Por su parte el presidente en su discurso reconoció el derecho de los familiares de las víctimas que pretende garantizar esta comisión, mientras ha negado el mismo derecho a las víctimas de 1990 a la fecha. Conminó a cerrar el pasado e iniciar una nueva etapa, como si actualmente las violencias no estuvieran desatadas y la impunidad no siguiera siendo la norma. No extraña que haya respaldado en el evento a la Fiscalía General de la República, una fiscalía que garantiza impunidad. Manifestó su absoluta voluntad para esclarecer los hechos de 1965 a 1990, una voluntad que no se ve reflejada en el presupuesto asignado –cero– ni en su negativa de perder el control político de la verdad y la justicia al controlar la mayoría de los votos de la comisión. Llamó a la reconciliación, una reconciliación entendida como perdón y olvido, una reconciliación imposible sin verdad ni justicia.

Por último, lo que parece más grave es que insistió en que los únicos responsables de los crímenes fueron las autoridades civiles al ordenar actos criminales. Esta falsa y perversa afirmación pretende exculpar a mandos militares. Argumento utilizado en los Juicios de Núremberg donde criminales nazis afirmaron que “seguían órdenes” o las leyes argentinas de “Obediencia Debida”. Argumento falso el utilizado por el presidente. Obedecer órdenes criminales no elimina la responsabilidad. El presidente pretende exculpar a las fuerzas armadas, su principal aliado de gobierno, de cualquier responsabilidad al afirmar que los únicos responsables, narrativa y jurídicamente, sean los presidentes de esos años. Esto abona a su discurso de que las fuerzas armadas son impolutas.

Mención aparte merece Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH, que aplaudía desde el templete los discursos del presidente y el secretario de la defensa. Vergonzoso por ser hija de Rosario Ibarra y por ser titular de una instancia, fagocitada por la 4T, que debería de estar del lado de las víctimas.

Los familiares de víctimas presentes en el acto mostraron su molestia ante tal afrenta desde el poder. Igualmente lo hicieron en redes el Comité del 68 y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco que alberga el Memorial del 68.

Los discursos del presidente y del secretario de la defensa pretendieron poner en el mismo nivel a víctimas y victimarios. Muy perverso. A pesar de que los cinco miembros independientes de la comisión se deslindaron de esa pretensión, no la condenaron enérgicamente. De mantener una postura poco contundente en defensa de su mandato, se convertirán en cómplices de lo que resulte, más allá de su trabajo. La comisión da el respaldo moral y discursivo al gobierno y la Sedena.

@dayan_jacobo