Cómo detener la epidemia de homicidios en AL

Por: Robert Muggah

América Latina sufre una prolongada epidemia de homicidios. Aproximadamente cuatro latinoamericanos mueren cada 15 minutos. Durante más de una década, la tasa de homicidios de la región ha sido tres veces la media mundial. Al menos 43 de las 50 ciudades con las tasas de homicidio mas altas del mundo se ubicaron en la región en 2016. Y el problema parece estar empeorando: si las condiciones permanecen sin cambios, la tasa de homicidios aumentará de 21 por 100 mil a 35 por 100 mil para el 2030. Para muchos latinoamericanos, los niveles impresionantes de violencia criminal se consideran normales, incluso aceptables.

Por supuesto, hay grandes variaciones en la prevalencia de homicidios en toda América Latina. Algunos países –en especial Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua y Uruguay– registran niveles de asesinato notablemente bajos, a la par de los países europeos. Mientras tanto, Brasil, Colombia, México, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela representan uno de cada cuatro homicidios en la tierra. Independientemente de dónde se produzca, la violencia homicida está hiper-concentrada en las ciudades, especialmente en aquellas que experimentan un crecimiento rápido y no regulado de la población.

Hasta ahora, ¿cómo han intentado tratar los gobiernos latinoamericanos este problema? La mayoría de ellos han dedicado cada vez más dinero a las fuerzas policiales, al poder judicial y a las cárceles. Según un estudio reciente, los gobiernos latinoamericanos gastan cada año entre 55 y 70 mil millones de dólares en seguridad pública. Eso es, en promedio, un tercio de la cantidad gastada en salud y educación en toda la región. Añádase a esto los costos de la violencia criminal en las economías latinoamericanas, los cuales están estimados en 3.5% del PIB de la región, o hasta 261 mil millones de dólares al año. Esto se traduce en aproximadamente 300 pesos por persona.

¿Qué explica las elevadas tasas de violencia urbana en América Latina?

Vale la pena resaltar Latinoamérica es una región muy urbanizada –alrededor del 85% de la población vive en ciudades. En contraste con América del Norte, América Latina ha urbanizado sus ciudades, incluso antes que se hayan industrializado. Todas éstas tienen áreas determinadas donde hay oportunidades intrínsecas para el crimen. Esto se exacerba por la negligencia política, social y económica. Las tasas de delincuencia también están influenciadas por una mayor densidad de delincuentes –reales y potenciales, vivienda de alquiler y acceso limitado a servicios básicos. No es sorprendente que exista una estrecha relación entre los cientos de miles de deportados mexicanos y centroamericanos desde los Estados Unidos y la creciente violencia criminal en El Salvador, Guatemala y Honduras.

La violencia homicida no puede ser explicada por una sola causa monolítica. Aunque muchos factores contribuyen a las altas tasas de perpetración y victimización, algunos factores destacan. Uno de los más controversiales es la desigualdad. Investigaciones han revelado que entre más desigual y deprimido sea el contexto, más altas serán las tasas de violencia. La explicación es que las grandes disparidades en la riqueza crean una mayor competencia (violenta) con las personas que experimentan un alto desempleo y una limitada movilidad ascendente. Resulta, sin embargo, que la relación es probablemente más compleja.

La relación entre el crimen y la desigualdad es confundida usualmente con la pobreza (es decir, desaparece después de controlar la pobreza), la cual se ha considerado como uno de los principales impulsores de la delincuencia en América del Norte. La relación tiene menos que ver con ingresos específicos o con otras mediciones de ingreso que con otras proxies. Por ejemplo, la tasa de embarazo adolescente se correlaciona estadísticamente con las tasas nacionales de homicidio. Específicamente, un aumento en la tasa de embarazos juveniles contemporáneos se asocia con aproximadamente 0.5-0.6 homicidios adicionales por 100 mil.

Otro factor que influye en las tasas de homicidio es el persistente desempleo juvenil. Alrededor del 13% de los 108 millones de latinoamericanos de 15 a 24 años de edad están desempleados. Las ciudades de toda la región están presenciando una explosión de “crimen de aspiracional”. Los que perpetran o sufren de homicidio suelen ser jóvenes que están sin trabajo, están por fuera de la escuela y se encuentran sin opciones. Los limitados horizontes de trabajo se asocian con una reducción en los costos de oportunidad para el crimen y un aumento en el reclutamiento de pandillas. En Brasil, un aumento del 1% en las tasas de desempleo de los hombres se traduce en un aumento del 2.1% en el asesinato.

Una explicación más de los altos índices de violencia en América Latina se relaciona con debilidades en las instituciones de seguridad y justicia de la región, especialmente en relación con su legitimidad y capacidad. Los cuerpos policiales y judiciales abusivos y corruptos pueden fomentar la delincuencia. La baja capacidad institucional permite el patrocinio y la impunidad a la industria. En América Latina, sólo 20 de cada 100 asesinatos resultan en convicción: la tasa global es de 43 en 100. En ciudades como Caracas o San Salvador, menos del 10% de los homicidios resultan en una condena. Estas fragilidades son explotadas tanto por los grupos del crimen organizado como por las élites políticas.

Por supuesto, hay otras razones por las que los países de América Latina y el Caribe experimentan violencia excesiva. La guerra implacable contra las drogas está exacerbando la competencia violenta entre los carteles de la droga y las pandillas. La abundancia de armas de fuego sin licencia, incluyendo las que han sido traficadas desde los Estados Unidos o los arsenales domésticos filtrados –también están asociadas con la desproporcionadamente alta carga de violencia armada en la región.

Por otra parte, las normas sociales que sancionan el machismo y las relaciones de género desiguales se relacionan con los altos niveles de violencia de pareja y doméstica.

Dada la multitud de factores que dan lugar al homicidio, no es sorprendente que los políticos responsables de la región se sientan abrumados. El enfoque en el tratamiento de las llamadas “causas fundamentales” ha dado lugar a una especie de parálisis política y apatía social. Muchos ciudadanos experimentan una severa resignación, convencidos de que América Latina está condenada a la violencia. Por su parte, la mayoría de los políticos han dejado a un lado el problema, culpando toda clase de violencia a los grupos criminales ilegales. Si bien los cárteles y las pandillas están seriamente implicados en los homicidios, son sólo una manifestación de un problema de largo alcance.

Si los latinoamericanos quieren que reducir significativamente el homicidio, tendrán que ser sacudidos de su complacencia. Una nueva iniciativa dirigida por más de treinta organizaciones no gubernamentales y agencias internacionales está tratando de hacer precisamente eso. La campaña Instinto de Vida está estableciendo una audaz meta de reducir el homicidio en un 50% en los próximos 10 años. El objetivo inicial es asegurar reducciones del 7.5% al ​​año en los países que sufren más agudamente con el asesinato. Si tiene éxito, la campaña podría ahorrar hasta 365 mil vidas.

La campaña busca asegurar que los políticos se centren en los puntos críticos de homicidio. Esto se debe a que la violencia letal tiende a agruparse en el espacio: más del 90% de los homicidios ocurren en menos del 2% de los segmentos de calles. En Bogotá, por ejemplo, sólo un uno por ciento de las calles de la ciudad representaron virtualmente toda su victimización letal. Los asesinatos también se concentran en el tiempo: la mayoría tienden a ocurrir en pocas horas de una semana de 168 horas.

También hay tipos muy específicos de comportamientos asociados con la perpetración de homicidios y la victimización, incluyendo la participación previa en delitos violentos, el consumo excesivo de alcohol y la propiedad de armas de fuego.

Los activistas también están pidiendo a los gobiernos nacionales, estatales y municipales que desarrollen planes de reducción de homicidios con objetivos concretos. Hay muy pocas intervenciones para reducir el asesinato como un objetivo explícito en contraposición a un subproducto esperanzador. Si se quiere generar resultados, estos planes deben fijar metas concretas con puntos de referencia muy específicos. También deberían recomendar estrategias como reglas de oro que van desde la disuasión enfocada y la aplicación de la regulación responsable de armas de fuego a programas de bienestar social dirigidos a jóvenes en riesgo en áreas que experimentan una desventaja concentrada.

El secreto para recortar los homicidios es asegurar que las intervenciones estén basadas en datos, así como que estén basadas en pruebas sólidas de su funcionamiento. Esta percepción ha sido conocida desde hace mucho tiempo por gobernantes como el ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, el ex alcalde de Medellín, Sergio Fajardo, o el dos veces alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero.

La revolución en el procesamiento de datos y las herramientas de aprendizaje automático ha dado lugar a una serie de plataformas digitales para monitorear la violencia criminal en tiempo real. Los gobernantes también tendrán que descartar estrategias anticuadas e ineficaces, especialmente aquellas que sancionan las respuestas punitivas a las drogas y el encarcelamiento masivo.

Las estrategias para prevenir y reducir el homicidio deben centrarse tanto en los síntomas como en las causas subyacentes. Eso significa dirigir una serie de intervenciones hacia las ciudades, barrios y esquinas donde los homicidios son crónicos, al mismo tiempo que invertir en programas para desconcentrar la desigualdad, promover el empleo de los jóvenes y hacer frente a la impunidad sistemática. Con demasiada frecuencia los políticos y profesionales adoptan una actitud de lo uno o lo otro, cuando el enfoque correcto debe ser considerar ambos. También es esencial que las estrategias sean ampliamente aceptadas, ya que el éxito a largo plazo depende de su aplicación a través de términos políticos consecutivos.

A largo plazo, los gobiernos latinoamericanos, el sector privados y los líderes cívicos necesitarán duplicar la prevención. El acceso a –y mantenimiento- de ingresos sostenidos es un importante impedimento para la participación criminal.

Tomemos el caso de Medellín donde un aumento del 1% en el ingreso permanente genera una reducción de 0.4% en el homicidio. La inversión en el desarrollo positivo de la primera infancia, las habilidades parentales, el empleo de los jóvenes (especialmente para los jóvenes infractores), la tutoría y la capacitación en habilidades para la vida son rentables y tienen múltiples impactos positivos. Conocemos la cura –es hora de que los latinoamericanos tomen la medicina.

 

* Robert Muggah es director de investigación del Instituto Igarapé.