América Latina, policía y derechos humanos: involución o disrupción

Los más escandalosos acontecimientos relacionados con el abuso y la brutalidad policial en fechas recientes, provienen nada menos de los dos países cuyas instituciones policiales fueron reconocidas por muchos años como las más avanzadas en América Latina: Colombia y Chile. Estos dos países, junto con Uruguay, llegaron a merecer la mayor confianza social, en términos comparados, y en el foro especializado posicionaron una narrativa que aparentó reformas profundas.

Sin embargo, en el 2020 Chile registró el mínimo histórico de confianza a su policía, equivalente a 32%. En Bogotá, Colombia, en diez años cayó la confianza hacia la policía de 40 a 24% y en ambos casos el colapso es principalmente asociado con el desempeño policial en las manifestaciones.

¿Hay algo que no se haya dicho ya con respecto al conflicto entre el quehacer policial y los derechos humanos en América Latina? Lo dudo mucho. Y cuando todo parece ya dicho y el conflicto solo empeora, no queda otra más que “pensar fuera de la caja”. Habría que dejar de repetir todo lo que ya sabemos que no funciona y lo que sigue es rompernos la cabeza para encontrar otras vías que, de entrada, comiencen por construir así sea mínimas expectativas razonables de reconciliación entre el diseño y las prácticas policiales y el respeto a los derechos humanos.

Un ejercicio cuidadoso de análisis regional enseñaría que hay más investigación académica y más programas de gobierno, leyes y protocolos comprometidos con esa reconciliación; un diagnóstico actualizado muy probablemente enseñaría más experiencias locales auténticamente orientadas en el mismo sentido; pero además, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha acumulado más conocimiento, evidencia y parámetros que nunca, a través de las investigaciones de la Comisión y las sentencias de la Corte.

Con todo, la confirmación una y otra vez de los más graves abusos policiales parece enseñar que ninguna oferta política y ningún mandato jurídico ha alcanzado para en verdad transformar las culturas políticas e institucionales autoritarias y violentas que dominan a la policía.

Las incuantificables atrocidades policiales que no merecen consecuencias, desnudan instituciones armadas por toda la región que no admiten control democrático alguno; quiero decir, entidades no profesionalizadas autorizadas de facto para usar la fuerza con plena arbitrariedad. Al confirmar esto, la pregunta de fondo es dónde están los liderazgos políticos en América Latina dispuestos a someter precisamente a control político democrático a la policía.

Siguiendo a Raúl Zibechi, una hipótesis es que no están, de manera que el aparato policial, como todo el aparato coercitivo, está alineado con un fenómeno de “acumulación por despojo”, operando no para proteger los derechos de las personas, y menos de las comunidades en mayores condiciones de vulnerabilidad, sino justo al revés, para contribuir a su aplastamiento de manera tal que “las poblaciones más excluidas no tienen condiciones para hacer valer sus derechos”.

Sería ingenuo o cínico descartar la hipótesis de Zibechi y hay muchas señales para pensar que regionalmente estamos en un callejón sin salida. ¿Qué hacemos?

¿Qué significa tomarse en serio la idea de “pensar fuera de la caja”? En mi experiencia, es mucho más posible transformar un problema cuando se incentiva la creatividad, aprovechando, por ejemplo, la experiencia de quienes estimulan y potencian perfiles definidos como “agentes de cambio”.

No creo que haya alguien con las respuestas listas para resolver el conflicto masivo y crónico entre el quehacer policial y los derechos humanos en América Latina, pero sí creo que es mucho más posible que las encuentre quien invierta más en los métodos de la innovación creativa.

Eso comienza por comprometerse con una verdadera disrupción respecto a todo lo ya intentado.

@ErnestoLPV