América Latina queda expuesta ante el colapso del multilateralismo

América Latina atraviesa uno de los escenarios de mayor incertidumbre de las últimas décadas. La captura de Nicolás Maduro es el síntoma más visible de la crisis del multilateralismo y del derecho internacional como límites al uso de la fuerza.

La incursión de Estados Unidos no es el centro del problema, lo que está en juego no es un conjunto de reglas violentadas, sino la promesa que durante décadas permitió a los Estados operar dentro de un sistema mínimamente previsible. Después de la Segunda Guerra Mundial habíamos reemplazado un sistema basado en la guerra y el realismo por uno sostenido en la cooperación y el respeto al derecho internacional, o eso prometía.

Con la creación de la ONU, la protección de los Estados no descansaba en la buena voluntad de las potencias, sino en una arquitectura normativa —­­imperfecta, pero funcional — que, la mayoría de las veces, impedía la apropiación de territorios por conveniencia estratégica. Pero si una potencia viola abiertamente las normas y el sistema no responde, el mensaje es claro: las reglas dejaron de ser el límite y, frente a ello, América Latina queda expuesta.

Venezuela evidenció con crudeza una región vulnerable, fragmentada, sin cohesión política y con escasa capacidad institucional para responder de manera colectiva ante amenazas a su soberanía y su seguridad. La afirmación —sin reparos — de que Washington “administrará” el país hasta una eventual transición, abrió una puerta peligrosa, no por la acción, sino por la forma.

Presentada como una medida urgente para la seguridad hemisférica —un lenguaje cada vez menos orientado a persuadir y más a justificar—, una potencia actuó unilateralmente, violando el derecho internacional, sin autorización multilateral y, lo más grave, sin enfrentar consecuencias. A partir de ese momento, el uso de la fuerza deja de ser excepción regulada y se normaliza como instrumento político legítimo.

Las reacciones confirman el diagnóstico. La ONU respondió con advertencias jurídicas y llamados a la contención, incapaz de frenar la acción ni de imponer sanciones. La OEA optó por comunicados cautelosos, reflejo de su dependencia estructural y del temor a una fractura interna. La CELAC exhibió su imposibilidad de consensos en un escenario de polarización extrema. En suma, la crisis multilateral no es moral, sino estructural.

¿Qué hace que esto sea distinto al Plan Cóndor o la Doctrina Monroe aplicada en el contexto de la Guerra Fría? Que a pesar de percibir el desgaste del multilateralismo, se creía que la norma limitaría el accionar de cualquier potencia y que en pleno siglo XXI era impensada una violación fragante del derecho internacional, al menos en América Latina, sin consecuencias.

Los cálculos fueron erróneos y con ese panorama se reconfigura la relación con América Latina bajo una lógica de seguridad ampliada. La región pasó de un conjunto de Estados soberanos a una zona estratégica que debe ser “ordenada” frente a amenazas externas, incluso si eso implica incidir en elecciones.

La transición energética convirtió a la región en un territorio clave para el futuro global. Litio, cobre, tierras raras, agua, biodiversidad y rutas logísticas son activos estratégicos para EUA y su prioridad es evitar que China o Rusia consoliden un acceso privilegiado a ellos. El petróleo venezolano es el inicio, pero la señal es clara: los países con recursos críticos o posiciones geoestratégicas quedan bajo escrutinio permanente.

En este marco, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado opera como un recurso discursivo funcional para habilitar la acción. Acción a la que anteceden amenazas concretas. Ya lo ha dicho Trump: tras Venezuela siguen México y Colombia, que enfrentan acusaciones sobre narcotráfico y migración masiva. Dos países “incómodos” al estar dirigidos por gobiernos no alineados.

¿Y los demás? Ciertos gobiernos de la región —particularmente los cercanos a Trump como Argentina, Ecuador, El Salvador, etc. — asumen esto como protección, pero no es garantía. En contextos de competencia estratégica entre potencias, el interés nacional estará por encima, independientemente del grado de afinidad política. Recordemos que el litio chileno, el canal de Panamá, las Malvinas y las Galápagos son recursos y territorios de alto valor.

En conclusión, el problema de fondo no es la acción de una potencia contra un país soberano, sino la consolidación de una dinámica en la que la competencia por recursos estratégicos, la rivalidad geopolítica global y el debilitamiento del multilateralismo convergen sobre América Latina, securitizándola. Venezuela solo es el primer precedente visible de este proceso.

Lo grave es que sin multilateralismo efectivo y sin coordinación política, cada Estado queda expuesto a negociar desde la vulnerabilidad. De mantenerse estas condiciones, América Latina dejará de ser un actor con capacidad de agencia y pasará a configurarse como un espacio estratégico administrado desde fuera.

* Natally Soria es directora asociada del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno en el Tec de Monterrey (@CSocialesTec).