La alimentación saludable no debería ser un privilegio
Joel Aguirre · 14 de agosto de 2026
Por mucho tiempo, el éxito de los sistemas alimentarios se midió por su capacidad para producir más alimentos. Sin embargo, el problema ya no es cuánto produce el mundo, sino quién puede acceder a una alimentación saludable.
El más reciente informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo” (SOFI, por sus siglas en inglés), elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otras agencias de Naciones Unidas, confirma ese cambio de paradigma. Aunque el número de personas que padecen hambre disminuyó por tercer año consecutivo, más de 600 millones aún la padecen.
Más preocupante aún, 2,690 millones de personas, una de cada tres en el planeta, no pueden costear una alimentación saludable.
Producir suficientes alimentos no garantiza el derecho a una alimentación adecuada y sostenible. El desafío consiste en lograr que los alimentos más nutritivos sean también los más accesibles.
América Latina enfrenta esta contradicción con especial intensidad. Paradójicamente, una de las regiones con mayor capacidad de producción agrícola registra también el costo más alto del mundo para una alimentación saludable. Según el informe, seguir una alimentación adecuada cuesta en promedio 4.91 dólares diarios por persona (unos 86 pesos mexicanos), por encima de cualquier otra región.
El reto también se refleja en México. Una familia requiere en promedio cerca de 345 pesos diarios para acceder a una alimentación adecuada, mientras que el salario mínimo es de 315 pesos al día. La brecha muestra que, para millones de personas, alimentarse de forma saludable no depende únicamente de la voluntad, sino de su capacidad económica.
No estamos frente a una crisis de escasez, sino ante un problema de diseño de nuestros sistemas alimentarios.
Los alimentos que mejor protegen la salud y el planeta son los más costosos
Durante décadas, las políticas públicas privilegiaron aumentar la productividad agrícola sin preguntarse suficientemente qué alimentos llegaban a la mesa de las personas. Aún hoy, gran parte de los subsidios e incentivos públicos continúan concentrándose en sistemas de producción que favorecen alimentos ultraprocesados y productos de origen animal, mientras frutas, verduras, legumbres y otros alimentos nutritivos reciben mucho menos apoyo.
El resultado es un sistema que hace más baratos y accesibles los alimentos asociados a enfermedades crónicas y a una mayor huella ambiental, mientras las opciones que mejor protegen la salud y el planeta siguen siendo las más costosas para millones de familias.
Por ello, el propio informe plantea que combatir el hambre requiere transformar la forma en que producimos, distribuimos y comercializamos los alimentos. Entre sus principales recomendaciones destaca fortalecer la producción de frutas, verduras, hortalizas y legumbres; reorientar los subsidios agrícolas hacia alimentos de mayor calidad nutricional; mejorar la infraestructura alimentaria y construir mercados que faciliten el acceso a alimentos saludables.
El hambre debe combatirse desde los congresos, los presupuestos públicos, las compras gubernamentales, los programas sociales y las instituciones donde millones de personas comen todos los días.
La primera Ley Estatal de Alimentación Adecuada y Sostenible del país
México comienza a dar pasos importantes en esa dirección. La aprobación de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible marcó un cambio de enfoque al reconocer que el derecho a la alimentación consiste en facilitar el acceso a alimentos nutritivos, culturalmente pertinentes y producidos bajo criterios de sostenibilidad.
Ese mismo principio acaba de materializarse en Colima, donde el Congreso estatal aprobó la primera Ley Estatal de Alimentación Adecuada y Sostenible del país. La legislación, construida con el acompañamiento técnico de Alianza Alimentaria y Acción Climática, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en salud, demuestra que las recomendaciones internacionales pueden traducirse en políticas públicas concretas.
Estas no son medidas aisladas. Cada una responde a una evidencia ampliamente documentada, pues cuando los gobiernos modifican la forma en que compran, distribuyen y ofrecen alimentos, pueden mejorar simultáneamente la salud pública, fortalecer la seguridad alimentaria y reducir la presión sobre los recursos naturales.
Si realmente queremos garantizar el derecho a la alimentación, debemos dejar de medir el éxito de nuestros sistemas alimentarios por toneladas producidas y comenzar a construir políticas públicas capaces de hacer que los alimentos más saludables y sostenibles sean también los más accesibles para todas las personas.♦
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