Centro de Análisis de Políticas Públicas · 19 de mayo de 2011
Por: Eréndira Avendaño, Investigadora de México Evalúa.
En el debate público, la educación es un lugar común cuando se trata de definir los elementos fundamentales para el acceso y promoción del desarrollo. En todos los planteamientos de desarrollo y política económica, tanto propuestas estructuralistas como las llamadas neoliberales, coinciden en que el capital humano es el factor productivo cuya preparación y formación define las potencialidades de crecimiento, desarrollo y, no sólo eso, también es el factor que posibilita la movilidad social de la población y construye ciudadanía.
No sorprende que, de las últimas recomendaciones hechas a México para la recuperación económica por parte de la OCDE, se considere la necesidad de impulsar “reformas estructurales“ al sistema educativo, con una orientación a la obtención de resultados en materia de calidad de la enseñanza, mejora en la formación docente y la gestión escolar, todo esto en un contexto de evaluación constante. Sin duda, las recomendaciones que propone la OCDE son pertinentes para mejorar el sistema educativo, pero ¿cuál es la factibilidad de que la política pública educativa en el país pueda lograr un cambio sustancial?
México Evalúa presentó en días recientes un balance de uno de los ejes estratégicos de la política educativa del presente sexenio, el cual se refiere a la Alianza por la Calidad de la Educación, que en este mes cumple 3 años de su firma e implementación. En el estudio se revisa el costo y la evaluación de los programas federales asociados con la Alianza. En general, se identifican 25 programas relacionados con los ejes de acción para mejorar la calidad de la educación, los cuales tuvieron un costo de 72.4 mil millones de pesos en el periodo 2009 – 2011. Esto representa, en promedio, el 11.2% del presupuesto total de la SEP o el 4.9% del presupuesto total federal en educación. Las evaluaciones específicas de desempeño de CONEVAL demuestran que los resultados de los programas incluidos en la Alianza no ofrecen suficientes elementos para confirmar avances significativos en materia de calidad educativa.
Probablemente puede considerarse que la estrategia más destacada de la Alianza sea el Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes, ya que a través de este se buscó generar mecanismos formales que privilegiaran el mérito y la profesionalización de los profesores. Esto es relevante debido a que el docente es pieza clave en el proceso de enseñanza e incide directamente en la mejora de la calidad educativa. No obstante, la información que se deriva del Concurso y que evalúa el Conocimientos y Habilidades Docentes no es alentador. A nivel nacional, el porcentaje promedio de profesores con calificación Aceptable (esto es profesores con conocimientos y habilidades sólidas para conducir el proceso de aprendizaje) es de 26.8%, es decir, únicamente dos de cada diez docentes (de nuevo ingreso o en servicio) son “Aceptables” para impartir clases. En el caso del logro educativo de los alumnos, en escuelas primarias más del 60% de los estudiantes mantienen un logro educativo elemental o insuficiente y para el caso de estudiantes en secundaria es más del 80%.
Dados los magros resultados del logro educativo y habilidades docentes, así como los retos que enfrentan los programas federales en materia de diseño e implementación, tampoco sorprende que actores relevantes del sector educativo, consideren “iniciar un análisis y evaluación del sistema educativo para diseñar una NUEVA PROPUESTA DE POLÍTICA para el sexenio 2012-2018” (Gordillo, E.). Es sumamente relevante que sea la lideresa del sindicato magisterial quien proponga revisar el tema educativo, ya que se mantiene la percepción de que justamente el organismo gremial es uno de los factores que representan mayores retos y obstáculos para mejorar el desempeño del sistema educativo. En este sentido, preocupa el aparente abandono de la política educativa actual y los costos que esto genera, así como la ligereza con la que se pretende posponer la acción pública en esta materia. Parece no importar que se sigan incrementando, cada vez con mayor rapidez, las brechas y desigualdades regionales del país y frente a otras naciones.
Tampoco parece tomarse en serio el hecho de que no hay una vinculación directa entre el aprendizaje y logro educativo de los estudiantes con el desempeño y habilidades docentes. Es decir, se observa que en entidades federativas donde se registra el mayor porcentaje de profesores con habilidades y conocimientos adecuados para impartir clases, el logro educativo de los alumnos es menor en comparación con estados con un menor número de docentes calificados como “aceptables” (ver gráfico). Es importante avanzar en el análisis de esta condición para el caso mexicano, ya que en por ejemplo, en economías emergentes asiáticas, se ha probado una correlación positiva y directa de las variables señaladas.
En cualquiera de los casos, la inacción no es la opción. México lleva más de 20 años discutiendo la reforma educativa que requiere el país, no obstante, la política pública se subordina a otro tipo de intereses, se abandona o tiene poco alcance para producir efectos educativos positivos en el largo plazo. Se requiere una estrategia educativa que le dé prioridad a “LA CALIDAD” y que vaya más allá de lo planteando, produciendo un cambio incremental y de largo aliento. “La brecha en estándares entre el desempeño de los estudiantes en México y otros países sólo puede ser reducida si las escuelas se vuelven buenas en lo que hacen” (OCDE, 2010).