¿Alguien escucha a los exbraceros?

Como es sabido, el 4 de agosto de 1942 se firmó un Convenio Internacional de Trabajadores Temporales entre los gobiernos de los Estados Unidos de América y México, mediante el cual el país de las barras y las estrellas se comprometía a aceptar el ingreso legal a su territorio de trabajadores mexicanos. Dicha propuesta del gobierno estadounidense obedecía a la doble necesidad de, por una parte, suplir el déficit de mano de obra que se originó a consecuencia de su decisión de entrar en la Segunda Guerra Mundial y, por otra, de sostener en pie su economía de guerra. Así, más de 4 millones 600 mil braceros mexicanos laboraron en los Estados Unidos, principalmente en los campos agrícolas y en la construcción de vías férreas, bajo el Programa Bracero, desde 1942 hasta 1967.1

El citado Convenio Internacional incluía una cláusula en la cual se estipulaba que, a cada uno de los trabajadores mexicanos braceros, se le deduciría un 10% de sus salarios para constituir un Fondo de Ahorro, el cual les sería devuelto una vez que ya estuviesen de regreso en su país y en sus localidades de origen.

Lo lamentable de esta historia es que, mientras los braceros mexicanos, los patrones y el gobierno estadounidense cumplieron sus respectivas partes en el Convenio, el gobierno federal mexicano no cumplió con la suya; es decir, no les devolvió sus fondos de ahorro a los trabajadores exbraceros.

Si se considera que era un 10% de sus salarios en dólares de 4 millones 649 mil 119 braceros, y que el programa duró 25 años, no puede concluirse sino que fue un robo enorme, colosal, inmenso. Quizá, sólo superado por el saqueo que llevó a cabo la corona española durante los 300 años de la dominación colonial sobre la Nueva España.

Más aún, al robo del 10% inicial hay que agregarle los intereses bancarios y las actualizaciones por la inflación que correspondan por los 78 años que han transcurrido desde el inicio del programa Bracero.

Hacia 2008, un equipo de investigadores del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM, estimó que el monto de la deuda del Estado mexicano con los exbraceros ascendía a 5 billones 90 mil 231 millones 275 mil 310 pesos y que, en consecuencia, hacia ese año correspondería a cada trabajador exbracero, en promedio, 1 millón 96 mil pesos por concepto de su fondo de ahorro individual.2

¿Triunfo parcial o intento de mediatización?

Producto de la lucha de los exbraceros y sus organizaciones por la restitución de sus fondos de ahorro, el 25 de mayo de 2005 se publicó la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ExTrabajadores Migratorios Mexicanos, mediante la cual el Estado mexicano le impone al gobierno federal la obligación de otorgar a los trabajadores exbraceros –o en su caso a un familiar beneficiario–, un Apoyo Social de 38 mil pesos por única ocasión.3 Si se considera que 38 mil pesos equivalen apenas a un 3.4% de la cantidad estimada por los investigadores de la UNAM citados, puede advertirse que este apoyo social ni de lejos resarce la deuda histórica; es apenas un pequeño paliativo cuando no un intento por mediatizar la lucha de los exbraceros por justicia.

Como podrá comprenderse, a partir de la publicación de esta ley, la lucha de los exbraceros y sus organizaciones se bifurcó: i) por una parte, su vertiente principal mantiene en alto la bandera de la lucha por la restitución de sus fondos de ahorro históricos del diez por ciento, y ii) por otra parte, exigiendo la entrega de este apoyo social a todos y cada uno de los exbraceros o sus respectivos beneficiarios.

En lo que hace a esta última vertiente, de 2005 a 2012, bajo los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón se asignaron recursos presupuestales al fideicomiso año tras año, por un monto total de 8 mil 248 millones 450 mil pesos. Sin embargo, en el sexenio de Enrique Peña Nieto y en los dos primeros años del gobierno del presidente López Obrador (al igual que en el proyecto de PEF para 2021), no se ha asignado un solo centavo para pago del apoyo social a exbraceros.

De 2005 a la fecha, se ha entregado el apoyo social a 217 mil 64 exbraceros o sus beneficiarios. Sin embargo, esta cifra representa apenas un 6.7% del total de los exbraceros o beneficiarios existentes, según cifras oficiales.4

La coyuntura actual

En lo que hace a la lucha por la restitución de sus fondos de ahorro, se han ensayado dos grandes vías por las cuales se ha encauzado la lucha: por una parte, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y por la otra, a través de la vía jurisdiccional; por el momento, y por razones de espacio, sólo comentaremos la primera de ellas:

Los exbraceros mexicanos interpusieron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 20 de septiembre de 2013, misma que, en virtud del principio per saltum, fue admitida para trámite el 7 de noviembre de 2018 bajo el número de expediente CIDH P-1542-13. En el marco de dicho expediente, el Estado mexicano aceptó ante la CIDH, el 29 de mayo de 2019, el compromiso de atender y resolver este asunto por la vía de una solución amistosa, para lo cual, se comprometió mediante oficio suscrito por el subsecretario Ricardo Peralta Saucedo, y mediante una comunicación oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a la CIDH, a instalar a la mayor brevedad la respectiva Mesa de Diálogo y Negociación, que según se dijo, sería instalada y presidida por la Ministra Olga Sánchez Cordero, en su carácter de Secretaria de Gobernación.5

Hasta aquí, existía un ambiente de optimismo entre la comunidad de los exbraceros, sus familias y sus organizaciones; tanto por el curso del caso en la CIDH, como por la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia su causa.

El 23 de agosto de 2017, en Tecuala, Nayarit, el entonces dirigente de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, dijo:

“Y quiero también dejar de manifiesto que va a haber justicia para los exbraceros. Esta es una historia muy triste, dolorosa… ¿Qué sucedió? Los políticos corruptos se robaron esos fondos, y ahí andan los ancianos, adultos mayores, exbraceros reclamando que les entreguen esos fondos, desde luego, pidiendo, exigiendo que haya justicia. …Yo, desde Tecuala (Nayarit), les pido a los ministros de la Suprema Corte de Justicia que resuelvan pronto sobre este asunto, para que se le ordene al Poder Ejecutivo que se haga justicia y que se les pague a los exbraceros…”

El 7 de octubre de 2018 en Zacatecas, ya en su calidad de Presidente electo, en su gira de agradecimiento, dijo:

“También, vamos a cumplir con los exbraceros. Vamos a esperar la resolución nada más de la Suprema Corte de Justicia, y vamos a ver cómo resolvemos este asunto en definitiva”.

Sin embargo, desde que se suscribió el compromiso mencionado ante la CIDH, el 29 de mayo de 2019, han transcurrido ya un año y cuatro meses, y no se ha cumplido el compromiso de instalar la Mesa de Diálogo y Negociación con un nivel resolutivo de interlocución.

Muy por el contrario, el 19 de mayo de 2020 varios diputados de MORENA, encabezados por Mario Delgado Carrillo, incluyeron el Fideicomiso de Apoyo Social para ExTrabajadores Migratorios Mexicanos entre los 44 que, en aquel momento, proponían desaparecer (y que ahora ha devenido en 109 de ellos); planteando para el caso particular no sólo la supresión del Fideicomiso, sino la abrogación de su ley de creación.

Claramente, tanto el incumplimiento al compromiso de instalar la mesa de diálogo y negociación suscrito ante la CIDH, como la pretensión de abrogar la Ley que crea el Fideicomiso, constituyen acciones que van en dirección contraria a la palabra empeñada del presidente Andrés Manuel López Obrador ante los exbraceros y sus familias, y mucho me temo que, en cualquier diccionario, eso se llama traición.

Post festum, se dice que los exbraceros y sus beneficiarios (sus viudas, concubinas, sus hijos o sus legítimos herederos) no tienen de qué preocuparse; que “la Secretaría de Gobernación (SEGOB), con cargo a su presupuesto autorizado, asumirá las obligaciones pendientes de cumplimiento relacionadas con el Fondo de Apoyo Social para ExTrabajadores Migratorios Mexicanos, hasta su total cumplimiento”.

¿Cómo pueden decir tal cosa cuando no se ha autorizado un solo centavo para pago a exbraceros en el Presupuesto de Egresos 2019 ni en el 2020? Cómo, ¿cuándo tampoco se considera un solo centavo para ese fin en la propuesta de Presupuesto de Egresos 2021?

Si nos atenemos al lenguaje de los hechos, tales afirmaciones significan ni más ni menos que habrá cero pesos y cero centavos para dar cumplimiento a ese Décimo Segundo Transitorio del dictamen. Significa también, que, al abrogar su ley de creación, se pretende reducir a los exbraceros a la nada jurídica y que, por si fuera poco, esos cero pesos con cero centavos se ejercerán en la más absoluta discrecionalidad, sin ley, sin reglas de operación y sin mecanismo alguno de rendición de cuentas.

En tal virtud, lo que el movimiento de exbraceros exige en este momento, es que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cumpla su palabra:

1.- Principalmente, que ordene la inmediata instalación de la Mesa de Diálogo y Negociación con las organizaciones representativas de los derechos de los exbraceros para construir una solución que sea justa, digna y definitiva al problema del adeudo histórico del diez por ciento con los exbraceros en el marco del expediente P-1542-13 de la CIDH.

2.- Que en tanto no haya una alternativa mejor, se respete la existencia del Fideicomiso de Apoyo Social para ExTrabajadores Migratorios Mexicanos en los términos de su Ley de creación, y que en todo caso, se le hagan las modificaciones que se consideren necesarias para garantizar un uso honesto y transparente de los recursos que ahí existen y los que eventualmente se le asignen.

* Efraín Arteaga Domínguez es Maestro en Ciencia Política y Profesor Investigador de la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública (UADGP) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

 

 

 

1 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Impacto Presupuestario. Programa Bracero 1942-1964, México, LX Legislatura de la Cámara de Diputados, marzo de 2008, pp. 7 y 8.

2 Paulina Monroy, La estafa a los braceros mexicanos, revista Fortuna, www.revistafortuna.com.mx, 15 de enero de 2010, p. 3.

3 Artículo 1°, Párrafo Segundo de la Ley que crea el Fideicomiso de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, 25 de mayo de 2005.

4 Elaboración propia, con base en las 48 Listas de Pago publicadas en el Diario Oficial de la Federación, Sección ETM Ex Trabajadores Migratorios.

5 Ricardo Peralta Saucedo, Subsecretario de Gobierno de la SEGOB, Oficio SG 200/2019, dirigido a la Subsecretaria de Derechos Humanos y Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Dra. Martha Delgado Peralta, fechado el 29 de mayo de 2019.