¿Hay algo qué festejar en materia de transparencia?

Por: María Fernanda Martínez

Hace unos días acudí a un evento sobre la Transparencia en México, en el que destacaban los grandes avances en este tema. Juntos -público y ponentes- aplaudían con gracia y orgullo. A pesar de que confío en la transparencia y reconozco su impulso en los últimos años, algo en mí no me permitía sentirme satisfecha; creo que se lo atribuyo a mi último “acercamiento” con la transparencia moldeada en carne y hueso.

Eso fue cuando, durante un mes, pasé más de ocho horas diarias solicitando información a las Procuradurías, Poderes Judiciales y Secretarías de Seguridad Pública de las 31 entidades federativas y el aquél entonces, Distrito Federal, información relacionada con delitos contra la salud para una investigación del Programa de Política de Drogas del CIDE.

No puedo afirmar que la transparencia está completamente en manos de personas especializadas, con conocimiento y experiencia, cuando una titular de la Unidad de Acceso a la Información me envió información con datos personales de detenidos incluyendo nombre, alias, edad, dirección, ocupación, delito sancionado y condena. La “pobre” ya ni “podía comer” (en sus palabras) de la preocupación al haberse dado cuenta de su descuido. Y sí, descuido que le pudo haber costado caro.

No puedo aplaudir cuando aseguran una transparencia armonizada e integral, al toparme con un Supremo Tribunal de Justicia que respondió con documentos “hechos a mano y con lápiz” sin alguna pizca de sistematización ni claridad en su información, porque así la mandó el Magistrado y pues ni cómo decirle que la cambie, ¿verdad?

Aunque quisiera, no puedo enorgullecerme de una transparencia accesible, cuando un Estado no me dio otra alternativa más que acudir directamente a sus cajas recaudatorias para pagar diez recibos por un monto no mayor a $1.50 para después canjear las fichas de pago en sus oficinas por la entrega de la información solicitada.

Aplaudo a aquellas entidades federativas que respondieron en tiempo y forma las solicitudes realizadas, incluso a una que después de seis meses envió la información, debido a que seguían “recopilando los datos”.

Esta práctica me enseñó a redactar recursos de revisión y de inconformidad, aprenderme las extensiones de unos cuantos teléfonos y saber que el hecho mismo de solicitar información pública de este tipo “puede atentar contra la seguridad pública”.

No excluyo la posibilidad de que nuestro sistema goce de personas sabedoras en la materia, sin embargo, considero que la transparencia en nuestro país tiene un largo camino que recorrer. Se podría pensar que lo más importante es la distribución sin límites de información. Pero existen otros aspectos más relevantes como ¿quién accede a la información?, ¿en manos de quién está la información pública?, ¿es la información clara, comparable y relevante? ¿Se cumple con el fiel propósito de la transparencia?

Es tiempo de que las Instituciones públicas se enfrenten con la realidad de una ciudadanía desencantada y falta de confianza. Es momento de implementar los medios para incentivar la participación activa de la ciudadanía en el acceso a la información, pues de nada o poco sirve publicarla si nadie la consulta, analiza y evalúa.

No basta con publicitar vitrinas, colocar módulos transparentes, crear Institutos, reformar el Marco Regulatorio. Se necesitan procedimientos claros y simples; seriedad y profesionalismo, compromiso, confianza y valor para hacer del acceso a la información pública un derecho público.

 

* María Fernanda Martínez es Licenciada en Administración Pública por la Universidad de Guanajuato. Actualmente trabaja en el gobierno de Aguascalientes. email: [email protected]