Alcances y límites de las campañas electorales

Las campañas electorales son una parte fundamental en los procesos de competencia partidaria en cualquier democracia, pues en ellas pueden expresarse no únicamente las posiciones de los partidos y sus candidatas y candidatos, sino que se articulan intereses políticos diversos para asegurar lugares en los espacios de decisión pública, que al mismo tiempo reflejan la complejidad de los procesos que encontramos en la sociedad.

Se ha discutido en las diversas disciplinas científicas que analizan a las campañas y sus procesos, sobre el verdadero impacto que estas tienen, con sus componentes, en la orientación de las preferencias de quienes eligen. La evidencia no es concluyente, pues si bien buena parte de los votos que se emiten en una elección responden a estructuras clientelares que se ordenan de acuerdo con la capacidad de sus patronos para articular intereses y personas, hay otra parte de electoras y electores que se ven influidos por los eventos y argumentos que giran en torno a dichas campañas.

Entonces, si en una elección pesa mucho más la estructura electoral de un partido o de quienes tienen las candidaturas, entonces las campañas tienen escasa influencia o sirven para inhibir a aquellas personas que votarían sin un vínculo partidario o por alguna posición política, para que entonces sea dicha estructura la que se imponga en un proceso electoral. Sin embargo, precisamente porque habría un porcentaje de personas que podría definir con su voto a quien gane, basado en los argumentos de campaña, entonces resultan más relevantes de lo que creemos, a pesar de que puedan estar enfocadas a grupos de electores muy específicos.

Los procesos de comunicación política que se despliegan en las campañas son fundamentales porque permiten generar las condiciones para articular los argumentos, que denotan a quienes compiten en ellas. Pero también generan bases argumentativas para la deliberación pública en torno a temas de carácter nacional y regional, así como cuestionamientos a quienes buscan espacios de decisión pública que si bien en México tienen sobre regulación, aún así pueden ubicarse momentos en que se puede desafiar a los partidos y sus candidatas y candidatos.

Sea cual sea el impacto de las campañas en una elección, resulta fundamental para los partidos y quienes compiten en ella, no únicamente porque es una obligación legal en el caso de México, sino porque ellas encarnan la competencia como se ha asumido en un contexto democrático, además de que son momentos en que la dinámica interna de los partidos también se modifica, dando paso a una confrontación de intereses que buscan mantener u obtener presencia, espacios y capacidad de influencia en decisiones públicas.

En México, a partir de las reformas de 2007 y de 2014, tenemos campañas que están reguladas por procesos políticos que respondieron a los intereses de diversos actores en las elecciones previas a dichas reformas. La elección de 2006 reguló los procesos de comunicación política al evitar que los partidos y otros actores políticos pudieran comprar espacios en medios electrónicos, que en ese momento eran fundamentales como parte de la competencia, para que no pudieran influir con estrategias negativas o de contraste, que expresaran los aspectos más nocivos de candidatas y candidatos, o con noticias falsas. Con ellos, los partidos buscaron controlar sus propias campañas y las de otros para evitarse el menor daño posible.

Los reclamos ante lo cerrado de la elección de ese año llevaron a una reforma donde se buscó controlar a actores económicos, sociales y políticos que influían en las campañas a través de dinero u otros recursos, pero también comprando espacios en los medios electrónicos, estableciéndose un modelo de comunicación que, prácticamente, restringió la participación de los medios electrónicos y, hasta cierto límite, la de los medios impresos, modificando la forma en que la competencia política se había dado hasta el momento.

De la misma forma, se concentró en la autoridad electoral la capacidad de calificar los dichos y hechos de los partidos y sus candidatas y candidatos en campaña, para mantener el equilibrio en la competencia, dando seguimiento en diversas dimensiones como los gastos, actos de campaña, debates, etc., e interviniendo para mediar el conflicto político y asegurar la equidad de la contienda.

La reforma de 2014 se hizo más restrictiva en el contexto formal, al hacer más específicos y burocráticos los diversos medios de impugnación a los actos de partidos y candidatas y candidatos en campaña, donde se replanteó el sistema en su conjunto para generar mecanismos que garantizaran los derechos políticos de los diversos actores políticos. Sin embargo, el sistema moldea a las campañas por los recursos que en distintos momentos dichos actores pueden emplear para influir en las estrategias propias y de sus adversarios.

Es así que las campañas de 2021 están fuertemente reguladas y delimitadas, tanto por la ley como por la autoridad electoral, restando dinamismo y capacidad de movilización electoral a diversos actores políticos.

Sin embargo, un espacio de campaña que se ha vuelto fundamental en los años recientes son las redes sociales, que si bien tienen capacidad y penetración limitada, así como un impacto aún no determinante en las preferencias electorales, su condición de escasa regulación ha hecho que buena parte de la competencia se ubique en ellas y se replique en medios electrónicos o impresos, de ahí el interés de diversos actores por regularlas. El hacerlo, seguramente traería menos dinamismo e interés no únicamente en las campañas, sino en la política como tal.

En estas campañas veremos una competencia fundamentalmente de estructuras partidarias con un actor, como el presidente de la República, que busca orientar el voto en torno a su popularidad. Si bien no está claro que pueda haber un reflejo de la popularidad presidencial en apoyo por su partido, se han desplegado mecanismos de comunicación simbólica que buscan fortalecer la lealtad al presidente a través del voto por Morena.

Por ello las campañas resultan relevantes, porque permitirían elevar el nivel de discusión en torno a las y los candidatos. Las redes sociales han contribuido en ello, pero tienen límites debido al tipo de discusión que se genera en ellas, así como en el número de personas que tienen acceso a esos intercambios. Sin embargo, ahí podemos ver un espacio dinámico de deliberación donde pudieran centrarse los esfuerzos democráticos en el futuro.

El modelo de comunicación política que tenemos en el país es excesivamente rousseauniano en sus capacidades restrictivas. Lo contrario sería un modelo donde partidos y aspirantes puedan hacer campañas y el único límite sea el que la misma ley impone ante la difamación o las faltas al honor de las personas y las organizaciones, pero donde pudiera haber verdaderos contrastes que dieran información precisa a quien vota sobre el tipo de personas, partidos, programas de gobierno, etc., que le proponen para el futuro.

Un modelo de comunicación centrado en la ciudadanía y no en los partidos aportaría más valor al fortalecimiento de la democracia y sus capacidades deliberativas en México, pues se podrían generar mecanismos de comunicación entre la ciudadanía y entre esta y los partidos políticos, generando no únicamente un proceso de influencia mutua, sino una condición más efectiva de representación y rendición de cuentas.

* Gustavo López Montiel (@aglopezm) es Profesor del Tecnológico de Monterrey.