blogeditor · 3 de diciembre de 2021
El gasto en la infancia es una inversión necesaria y urgente si es que se busca mayor desarrollo y bienestar para México ahora, en la siguiente administración y las que vengan. Organizaciones internacionales como UNICEF han pretendido llamar la atención de los gobiernos con argumentos a partir del presupuesto: invertir en la niñez significa menor gasto a mediano y corto plazo. Sí, menores costos para la educación correctiva y en terapias para la salud, por ejemplo, y a largo plazo en forma de sociedades más afianzadas, mejor alimentadas, más saludables, más estables y más productivas1.
En nuestro país son muchos y variados los desafíos que implica proteger a la infancia, como lo es en la región y el mundo, de ahí los esfuerzos internacionales de casi un siglo por reconocer la especial protección de la infancia como una obligación y que concierne al Estado como refirió la Declaración de los Derechos de Ginebra de 19242. Desde ahí, la protección especial que requiere la infancia para su propio bienestar, el de la sociedad y el Estado se ha enfatizado una y otra vez en la firma de convenciones como la Convención de los Derechos del Niño en 1990, así como la realización de cumbres en favor de la infancia, declaraciones, encuentros, de los que resulten acciones y planes con la urgencia de priorizar el desarrollo de los menores3.
Uno de los desafíos más importantes es afianzar la atención Integral que requiere la niñez para su desarrollo -también- integral y en el que se realicen inversiones sostenibles a mediano y largo plazo, con un proceso de cooperación, incluso técnico, entre diferentes niveles de gobierno para fortalecer capacidades, esquemas de financiación y presupuestación, como se ha referido en diversos documentos y encuentros regionales por la niñez4.
En la atención de esos desafíos es fundamental y necesario fortalecer al Estado, por lo que contar con un órgano especializado es un avance que no se puede eliminar sin una seria reflexión de lo que pierde nuestro país. La propuesta de reforma5 a las leyes relativas a derechos de la niñez y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para eliminar al órgano desconcentrado a cargo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA), y trasladar sus recursos financieros, materiales y humanos al DIF es una pérdida de capacidad técnica, de intervención y una debilitación de las soluciones que como país hemos generado para atender y sortear múltiples limitantes para atender a la niñez de manera especializada, integral y multidimensional, como requiere su desarrollo y nuestro país.
Aún cuando en la propuesta de reforma se conservan las atribuciones y responsabilidades que ejecuta la Secretaría Ejecutiva como órgano a cargo, la capacidad del sistema sí se ve reducida al limitarlo a una “operación” que se puede trasladar al DIF como una responsabilidad más y sin más, eliminar al órgano especializado y con tal función técnica exclusiva en los últimos seis años.
Actualmente, contar con este órgano especializado con la exclusiva misión de lograr la atención integral de la niñez solventa observaciones como las que señaló la UNESCO en 2014 en relación a la falta de especialización y rectoría en la región sobre los temas de infancia. Señaló que de manera general se observa que los programas dirigidos a los menores de 3 años son dependientes del ámbito de la salud y de 3 a 6 años, son dependientes de educación, sin atención integral y lo más ausente es la protección de los derechos de los niños y niñas.
La Secretaría Ejecutiva también existe con la intención de resolver las carencias de información y evitar que sean una barrera para atender de manera integral la situación de la niñez mexicana. En ese sentido, la UNESCO también ha referido que a pesar de la relevancia de las condiciones en el desarrollo de los infantes, es muy limitada la información disponible para poder identificar en qué condiciones crecen, así como información de situaciones de vulnerabilidad (abandono; maltrato y violencia intrafamiliar; abuso sexual; prostitución infantil y adicciones) y atender a los niños en esas condiciones, para lo que es indispensable el que contemos con un órgano que se enfoque en lograr una mayor colaboración intersectorial, tanto entre diferentes instancias gubernamentales como entre éstas e instituciones no gubernamentales.
¿Ahorro o pérdida? Vayamos un siglo atrás para recorrer la historia de los derechos de las niñas y niños como una lucha propia a la que nos hemos sumado como un país responsable y no como resultado de un retroceso a punta de reformas regresivas.
1 UNICEF – Publicaciones (2000). El Progreso de las Naciones 2000. Capítulo Sembrar Vida. Disponible aquí.
2 UNICEF – Página Web. Historia de los derechos del niño. Disponible aquí.
3 Cumbre Mundial en Favor de la Infancia (1990). Declaración sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño. Tarea 15. Disponible aquí.
4 En diferentes reuniones y encuentros regionales a propósito de la infancia como el encuentro regional por la Primera Infancia en Bogotá de 2017 para apoyar la Agenda Regional para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia en América Latina y el Caribe resultó la “Declaración del Fondo Agenda Regional para el Desarrollo Integral de la Familia” con cuatro acuerdos generales en política general, gestión de los servicios públicos a primera infancia, procesos de participación con enfoque de derechos humanos y coaliciones sociopolíticas que impulsen la prioridad del desarrollo integral.
5 COFEMER. Portal de anteproyectos/Anteproyecto/52680. Iniciativa con proyecto de decreto que Reforma la Ley General de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, que tiene por objeto trasladar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes de la Secretaría de Gobernación al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Disponible aquí.