Aguascalientes: la lucha sigue

Desde GIRE, tenemos claro que la defensa de nuestros derechos es una lucha de largo aliento. Durante más de 30 años, hemos trabajado para que el acceso al aborto sea reconocido como un servicio de salud y deje de considerarse un delito y, nuestro compromiso y empeño por asegurar que cualquier mujer, hombre trans o persona no binarie pueda acceder a un aborto seguro en el momento que lo desee es inquebrantable; no hay retroceso que nos desvíe de nuestro camino.

A lo largo de los años, esta lucha se ha expandido. Afortunadamente, las voces a favor del derecho a decidir se han multiplicado y diversificado. Desde muchos frentes, la marea verde en México ha crecido y ha alcanzado momentos de gloria: en más de un tercio del país, el aborto se ha despenalizado parcialmente; la Corte ha emitido argumentos contundentes sobre la inconstitucionalidad de penalizar el aborto; funcionarios públicos han argumentado a favor de la autonomía reproductiva de manera fehaciente; los medios de comunicación han comenzado a abandonar las narrativas que estigmatizan a quienes deciden abortar, y las conversaciones en redes sociales se han vuelto más abiertas, facilitando el acceso a información sobre el tema. Además, en el país contamos con políticas públicas que brindan certeza tanto a prestadores de salud, acompañantes y a quienes desean acceder a un aborto seguro.

Aunque la tendencia se ha movido hacia el lado progresista de la historia, en estos días, en Aguascalientes se pusieron de acuerdo para atentar en contra los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar.

Hace un año, la Primera Sala de la Suprema Corte ordenó la despenalización del aborto en Aguascalientes. En diciembre, el Congreso del Estado, con mayoría del Partido Acción Nacional (PAN), cumplió con el mandato de la Corte y aprobó la reforma para despenalizar el aborto durante las primeras doce semanas de gestación. La reforma fue publicada y, desde entonces, las personas en Aguascalientes con capacidad de gestar podían decidir legalmente sobre la continuidad de su embarazo.

No obstante, a pesar de esta victoria, los mismos legisladores del PAN que habían acatado la orden de la Corte decidieron retroceder, presentando y aprobando una iniciativa para reducir el plazo legal de aborto a solo seis semanas. El 28 de agosto de 2024, el dictamen fue aprobado por una mayoría en el Congreso estatal, lo que representa un intento claro de hacer inoperante el acceso al aborto en Aguascalientes.

Este retroceso es contrario a los principios establecidos por la Suprema Corte, que ha sido explícita en que cualquier legislación sobre el aborto no debe anular o dificultar el derecho a decidir. La reducción a seis semanas es, en la práctica, una prohibición disfrazada, ya que muchas personas ni siquiera se darán cuenta de que están embarazadas dentro de ese corto plazo. Además de las mentiras que sostienen el dictamen, es fundamental destacar por qué esta reforma es errónea y representa una violación a los derechos humanos:

• Es inconstitucional. Contraviene directamente criterios de la Suprema Corte y es una violación flagrante de los derechos humanos de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado firmemente evitar la promulgación de leyes que limiten el acceso al aborto basadas en limitaciones de tiempos gestacionales.
• Viola el principio de progresividad. Según el artículo primero de la Constitución Política de México, se debe ampliar el alcance y los medios que garanticen el ejercicio pleno de los derechos humanos. Cualquier intento de restringir o retroceder en estos derechos es inconstitucional, y la reducción del plazo de aborto en Aguascalientes va en contra de este principio.
• El aborto es un derecho. La OMS clasifica el aborto como un servicio de salud esencial. Regularlo en el Código Penal, en lugar de en la normativa sanitaria, pone en riesgo tanto la salud física como el bienestar social y psicológico de las personas gestantes.
• Confusión y miedo a la criminalización. La regulación recién aprobada en Aguascalientes, crea confusión entre el personal de salud y las personas gestantes, contribuyendo al miedo a la criminalización y a la negación del servicio. Las leyes que criminalizan el aborto basándose en límites gestacionales son una barrera para el ejercicio pleno de los derechos reproductivos.
• La OMS rechaza el uso del derecho penal para regular el aborto. El aborto es un procedimiento médico y no debería estar regulado por el Código Penal. La eliminación del derecho penal en este contexto facilitaría el acceso seguro y libre de estigmas al aborto.
• La OMS establece que los límites gestacionales no tienen fundamento científico. Las leyes que imponen límites de tiempo para la interrupción del embarazo no se basan en evidencia científica. Despenalizar completamente el aborto garantizaría que no se criminalice a quienes proporcionen o reciban servicios relacionados con el aborto.

La reforma en Aguascalientes es un claro retroceso que ignora tanto las recomendaciones internacionales como los derechos constitucionales en México. Esta medida no solo atenta contra la salud y la autonomía de las mujeres y otras personas gestantes, sino que también perpetúa un sistema que criminaliza y estigmatiza el aborto, en lugar de tratarlo como una cuestión de salud pública. GIRE y otras organizaciones seguiremos luchando para asegurar que estos derechos sean respetados y protegidos en todo el país, porque la defensa de la autonomía reproductiva no se detiene. ¡Ni un paso atrás!

@GIRE_mx