¡Aguas con el aguinaldo!…. (que en México no hay respaldo)

Por: Mariana García*

Una crónica personal para ilustrar mi argumento: hace poco más de dos meses, mi padre caminaba un jueves hacia su casa a las diez de la noche, cuando a dos cuadras de su destino fue interceptado por tres individuos que le asaltaron a mano armada y con violencia. Afortunadamente, logró resistir sin ningún daño físico un intento de secuestro express y fue víctima “solamente” del robo de sus pertenencias personales. En una sucesión de eventos casi fortuitos: alguien presenció el asalto y lo denunció a la policía; una patrulla llegó 3 minutos después al lugar del incidente; poco después, se inició una persecución de varias patrullas y por varios kilómetros al automóvil de los asaltantes (del que mi padre detectó placas y modelo antes de su huida); se emboscó a los tres asaltantes quiénes se resistieron hasta el final amenazando con armas de fuego a los mismos policías; se les aprehendió con éxito y se les llevó ante el ministerio público.

Si descontamos el factor suerte de la ecuación, hasta aquí todo pareciera una historia de eficiencia, competencia y buen desempeño de la policía del Distrito Federal. El vía crucis para mi padre empezó en realidad justo después: cuando sin dudarlo rindió declaración de casi dos horas el día del incidente, convencido de la necesidad de no incrementar la cifra negra (delitos no denunciados) en el país; cuando le fue devuelto por parte del MP, “por error”, su portafolio conteniendo evidencia contundente para la integración de la averiguación previa; cuando decidió, acompañado de uno de los policías que participó en la pesquisa, corroborar su declaración cara a cara con los delincuentes en el reclusorio; cuando se enfrentó a los testigos falsos de los acusados; cuando regresó un par de veces más al reclusorio para revisar el estado de su denuncia.

Finalmente, los delincuentes fueron declarados culpables con derecho a fianza por no ser reincidentes. En esta historia, la policía demostró un gran desempeño al actuar en una situación de crisis (lo cual no siempre es el caso). Lo que me cuestiono aquí es la calidad de la procuración de justicia en México.

En 2010, México Evalúa presentó dos índices nacionales que han permitido monitorear y evaluar en los estados las diversas aristas de fenómenos tan complejos como el crimen, la violencia y la inseguridad: el Índice de Inseguridad y Violencia Ciudadana y el Índice de Desempeño de Sistema Penal (índices disponibles para consulta en www.mexicoevalua.org). Ambos índices han presentado evidencia alarmante en algunos aspectos de la incidencia delictiva y el desempeño del sistema de justicia:

• Las extorsiones, secuestros y robos con violencia (los tres, delitos de alto impacto) han registrado incrementos importantes en lo que va del sexenio (100%, 200% y 50%, respectivamente.
• En promedio, en el país sólo 16% de las averiguaciones previas iniciadas en el Ministerio Público concluyen efectivamente.
• El Distrito Federal ocupa uno de los últimos lugares en el Índice de Desempeño del Sistema Penal 2010 de México Evalúa, con un muy bajo porcentaje de gestiones e investigaciones (derivadas de las denuncias de delitos) efectivamente concluidas en la competencia local (22.1 % vs 42% de Chihuahua); y un bajo porcentaje de cumplimiento de órdenes de aprehensión (39% contra casi 70% de Sonora).
• Más grave aún, son las estadísticas en el delito del más alto impacto en el país: sólo 3 de cada 10 homicidios recibe una sentencia.
• Lo anterior ha contribuido a la creciente desconfianza ciudadana en las instituciones de seguridad: solamente 15% de los mexicanos confía en los cuerpos policíacos y 13% en los ministerios públicos (ENSI-6, ICESI: 2009).

Debe preocuparnos enormemente que el sistema de procuración de justicia no esté cumpliendo con una de sus funciones sustantivas: gestionar e investigar las denuncias de ciudadanos, víctimas del delito, y brindar una solución efectiva. El “michoacanazo” es un ejemplo claro de la ineptitud de los ministerios públicos para asegurar efectividad en el desahogo de las investigaciones: si los funcionarios eran inocentes de los cargos que se les imputaban, sufrieron el agravio de la prisión preventiva por varios meses; si eran culpables, ya fueron puestos en libertad a falta de pruebas. El caso Godoy, en proceso en estos días, pondrá de nuevo en jaque a las instituciones de procuración de justicia del país.

Mientras construimos instituciones más sólidas y los mexicanos recuperamos la confianza en las policías y los ministerios públicos, sugiero a todos los mexicanos ser muy precavidos con su aguinaldo.

*Mariana García es investigadora de México Evalúa.