Agua y justicia: siete puntos a tomar en cuenta en un momento crucial

1. Querétaro es el único Estado en el país sin una Ley de Aguas. En lugar de trabajar para formularla, el Legislativo local decretó este año la ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, conocida por los ciudadanos como #LeyConcesiones, que legaliza el control del líquido por entes privados (lo que ya ocurría parcialmente, en un limbo legal, y con malos resultados).

2. Esta ley implicará para la ciudadanía costos que se padecen aquí y en municipios, estados y países con ordenamientos similares: camino abierto a que la especulación inmobiliaria e industrial siga invadiendo zonas de recarga, agotando pozos y contaminando cursos superficiales de agua limpia con desechos; encarecimiento del servicio, desabasto a comunidades pobres que no representen negocio a los operadores, formación de oligopolios del agua, entrega de instalaciones e información estratégicas que inhabilitarían a las autoridades para afrontar crisis como la de Monterrey, etc. En resumen, esta ley representa la continuación y agravamiento de la depredación, el desabasto, acaparamiento y contaminación del agua ya existentes.

3. Al elaborar y promulgar esa ley, el Legislativo y Ejecutivo locales han evadido responsabilidades mandatadas por el Acuerdo de Escazú y el Convenio 69 de la OIT -firmados por México- para la participación amplia, informada y efectiva de la ciudadanía en general, y los pueblos originarios en particular, sobre decisiones que atañen a los bienes comunes como el agua y el medio ambiente. En lugar de ello, la han emitido vía fast-track, y han criminalizado la protesta contra la misma, haciendo creer que la inconformidad ciudadana provenía de pugnas electoreras, agentes foráneos, etc., cuando en realidad ha surgido del corazón de los pueblos, barrios, defensores de derechos y académicos locales.

4. El conflicto por el Agua en Querétaro es hoy un caso de justiciabilidad, es decir, que si bien apeló en su momento a la responsabilidad de los poderes Ejecutivo y Legislativo y estos no escucharon a la población, requiere ya la intervención del Poder Judicial, en tanto las decisiones de aquellos actores políticos han puesto en peligro los derechos fundamentales de los ciudadanos: una ley que menciona la protección de derechos y participación pero no los garantiza, que autoriza a cualquiera ser concesionario, que no limita la extracción de agua subterránea, que castiga con cortes de drenaje, que no protege al consumidor en caso de desabasto, mal servicio o cobros indebidos, que pone en manos de privados la determinación de tarifas, en fin, una ley que conceptualiza al agua como mercancía y no como derecho humano y elemento clave de los ecosistemas en que vivimos, es inadmisible para la ciudadanía de cualquier lugar.

5. El conflicto queretano es el eco de un asunto nacional y no ha sido resuelto por el pacto federalista. Las cámaras de Diputados y Senadores han evadido por ya 10 años acatar el mandato de la SCJN de promulgar una Ley General de Aguas que armonice el caos jurídico nacional del agua con el marco de los derechos humanos. Hasta el momento parecen imponerse los intereses de grupos económicos locales e internacionales que pugnan por un modelo privatizador, siendo que en el contexto mundial opera ya el fenómeno contrario: el retorno a la estatización ante los estragos que operadores comerciales han provocado (Reino Unido, Chile, Bolivia, etc.).

6. Al situarse en manos de instancias judiciales el análisis y ponderación en términos de derechos humanos de la #LeyConcesiones, compartimos contigo, lector estas preguntas:

¿Serán sensibles los Jueces que han recibido los amparos que diversas agrupaciones ciudadanas hemos presentado frente a la #LeyConcesiones? ¿Atenderán a la profunda implicación de este diferendo para el futuro del derecho al agua y saneamiento no solo en Querétaro, sino en todo México?

¿Será que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá la sensibilidad de atraer a su seno la discusión sobre esta ley en este momento crucial para nuestra nación, y con ello catalizar de una vez una resolución nacional integral que garantice el Derecho Humano al Agua y Saneamiento?

7. Más allá del curso jurídico que las cosas puedan tomar en lo inmediato, los ciudadanos organizados como guardianes del agua y la vida conservamos claridad en nuestra mirada y nuestra acción. Buscamos una gestión integral y soberana del agua desde las comunidades, que surja de la participación plena y efectiva de todos en la información, análisis, planeación estratégica y toma de decisiones, orientada por una profunda responsabilidad socioambiental e intergeneracional. Al menos en el papel, eso nos garantizaría el andamiaje legal vigente de los derechos humanos.

La clase política no ha mostrado interés en actuar en consecuencia. Estamos pues, muy atentos a la respuesta de nuestros jueces y magistrados.

* Francisco Landa es representante estatal de Nosotrxs en Querétaro y promotor del Festival Agua que Corre/REDAVI/Nosotrxs.