Entre elecciones y cárceles: la agenda punitiva de las presidenciables

¿Cuáles son los costos sociales de pedir cárcel para resolver ca-si-to-do? Más cárcel no se traduce en más justicia, decimos las antipunitivistas desde una profunda convicción de entender que el encarcelamiento de personas no repara ni resuelve conflictos, ni baja los niveles de violencia y criminalidad. Al contrario, puede tener efectos contraproducentes, y hay que decirlo con claridad: la cárcel es una salida fácil con altos costos sociales.

En un contexto de violencia y violaciones a derechos humanos generalizado, con un alto índice de impunidad y una percepción de injusticia, se utiliza la narrativa del populismo punitivo para validar y legitimar resultados en términos de disminución de la inseguridad o de “combate a las drogas”. ¹ Y recientemente se ha retomado este discurso en la coyuntura electoral para captar votos.

La profundización de la crisis de derechos humanos asociada a un incremento de la criminalidad y un proceso de militarización de la seguridad pública ha dado margen a que, desde diferentes posturas políticas, se utilice un discurso “contundente” para atajar el trinomio inseguridad-violencia-impunidad. En ese sentido, una de las propuestas de la candidata a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, es la creación de una cárcel de máxima seguridad argumentando que “requerimos un modelo nuevo de prisión que realmente haga que los delincuentes paguen sus delitos y me refiero a los peores delincuentes”.

Su postura revela que no existe un ejercicio de análisis y reflexión sobre cómo el planteamiento de ‘más prisión es igual a más justicia’ resulta peligroso y problemático por varias razones: 1) el sistema de justicia mexicano prioriza encarcelar antes que investigar si una persona acusada de algún delito es culpable o no, 2) de acuerdo con los resultados de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios 2023 (CNSIPEE-F) el 39 % de las personas privadas de la libertad no contaban con una sentencia, 3) quienes están en la cárcel son más bien personas que en su mayoría se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y fueron acusados de delitos menores como robo o narcomenudeo, finalmente, 4) al ser la cárcel una regla y no la excepción, invisibiliza la posibilidad de usar otros mecanismos como la justicia alternativa que prevé la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. ²

Desde el discurso de Xóchitl Gálvez, su política de mano dura que implica castigar a “los verdaderos delincuentes” funcionaría de forma aleccionadora para que otras personas “lo piensen dos veces antes de cometer un delito”. Sin embargo, la candidata de la oposición ignora que el efecto disuasivo es casi nulo en un sistema penal que está corroído desde sus cimientos, que se alimenta de impunidad y se sostiene por mecanismos de violencia que profundizan las condiciones de desigualdad, pobreza y vulnerabilidad de las personas privadas de libertad y perpetua más bien la reincidencia.

En suma, la propuesta de “megacárcel” o cualquier esquema de encarcelamiento que se proponga como parte de una estrategia de seguridad, es apostar por la continuidad de un modelo fallido, un discurso simplista que puede tener cabida en ciertos sectores de la sociedad que asocian el castigo con la justicia. Pero ¡ojo! que sea simple no quiere decir que no sea una narrativa riesgosa, al contrario, propuestas como la de Xóchitl apelan al sentimiento colectivo que se tiene de vivir en un país impune e inseguro y, en ese tenor, podrían tener cabida pues la cárcel pareciera mostrar resultados “rápidos” y efectivos.

Ahora bien, demos un vistazo al proyecto de Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Aunque su postura es “cuidadosa” en el lenguaje y planteamientos, también es punitiva. Ha incluido dentro de sus “100 pasos para la transformación” dos propuestas, un plan para fortalecer el sistema penitenciario estableciendo “lineamientos de inversión, operación y coordinación del sistema penitenciario a nivel nacional, para mejorar y ampliar la infraestructura penitenciaria y fortalecer la infraestructura tecnológica”. Considerando que el 47. 3% de los centros penitenciarios presentan sobrepoblación, ³ es evidente la necesidad de invertir en el mejoramiento de espacios suficientes y adecuados para que las personas privadas de libertad puedan vivir en condiciones dignas. Sin embargo, en la propuesta no queda claro si la ampliación de infraestructura se refiere literalmente a la construcción de nuevas cárceles o exclusivamente a mejorar y fortalecer lo existente. Además, retoma en sus 100 promesas la propuesta del ejecutivo federal sobre impulsar una iniciativa de ley para que la extorsión sea considerado delito grave, es decir, se considere dentro del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. En campaña ha dicho que ‘cuando se elevó a delito grave el secuestro en la capital, “dio resultados y en el caso de la extorsión es indispensable el catalogarlo de esa manera”’.

Más allá de su proyecto de “transformación”, Sheinbaum se perfila como una política de mano dura que no titubea sobre su posición cuando defiende la prisión preventiva oficiosa, afirmando que sería gravísimo para el país que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elimine dicha figura pues estaría fomentando la impunidad al dejar en libertad a 60 mil delincuentes. Además de ser falsa y estigmatizante para las personas privadas de la libertad, esta aseveración es reveladora, pues nos permite ver las contradicciones de las que adolece la candidata y lo olvidada que está la agenda de los derechos humanos en su discurso y agenda. Pone sobre la mesa la necesidad de atender las “causas” para resolver los problemas de inseguridad-violencia-impunidad y al mismo tiempo parece que apuesta por reforzar el sistema punitivo a través del aumento de penas y castigos. ⁴ Desde Elementa lo hemos sostenido en diversas ocasiones: la prisión preventiva oficiosa no funciona, pero sí criminaliza a las personas que menos o nada tienen que ver con la violencia e inseguridad. ⁵

Podemos observar entonces que aunque existe una diferencia en términos de propuestas, ambas candidaturas coinciden en su postura punitiva al considerar dentro de sus proyectos ampliar y/o fortalecer el sistema penitenciario, independientemente de si incluyen otras medidas encaminadas a mejorar los procesos de procuración y acceso a la justicia. Incluso sus pronunciamientos o la falta de ellos sobre la reciente reforma a la Ley de Amnistía, que atenta contra la obligación de investigar graves violaciones a derechos humanos, ⁶ también permiten entender cuál podría ser el camino que seguirán sus agendas de trabajo si alguna gana la presidencia. Xóchitl Gálvez se limitó a cuestionar si esta reforma era para que el presidente salde “cuentas pendientes” con delincuentes o narcos que se encuentran en prisión, antes de irse. Por su parte Claudia Sheinbaum no dio ningún posicionamiento claro al respecto, lo que no sorprende, pues como dicen por ahí, “el silencio vale más que mil palabras”. Su aval y respaldo hacia las decisiones tomadas por el ejecutivo federal se ven reflejadas en sus promesas de campaña sin mayor cuestionamiento o modificación.

Frente a este panorama, resulta preocupante que el punitivismo en su forma más simple siga siendo rentable como proyecto gubernamental, se trate de derecha o izquierda. Que no se hagan propuestas diferentes como, por ejemplo, fortalecer, ampliar y mejorar los alcances de la ley de amnistía ⁷ cuestionando incluso la última reforma que puede comprometer la implementación de dicho mecanismo; o impulsar el uso de mecanismos de justicia alternativa que, como mencioné anteriormente, existen y son subutilizados. En lugar de ampliar penas y delitos, se podrían diseñar programas de prevención de la violencia y reinserción social que permita a las personas que estuvieron en contacto con el sistema penal acceder a condiciones de trabajo, vivienda y servicios de salud adecuados. También podrían dirigirse los esfuerzos en eliminar tipos penales cuando se trata de conductas que no involucran víctimas ni actos violentos, como la posesión simple de cannabis.

¿Qué podemos esperar entonces de estos dos grandes proyectos que están dejando pasar lo que sistemáticamente reproduce el sistema penal y más bien apuestan a su fortalecimiento? La profundización de la desigualdad y la violencia, las pérdidas financieras y de bienestar familiar para quienes tienen a un ser querido privado de la libertad, aislamiento, ruptura del tejido social, criminalización y estigmatización en poblaciones históricamente discriminadas son también temas que deberían atravesar su agenda y los temas prioritarios: justicia social, seguridad, impunidad. Necesitamos replantear el uso del sistema penal y poner estos cuestionamientos en la coyuntura electoral es oportuno, pues toca aprovechar cualquier espacio de incidencia e intercambio de ideas.

* Olimpia Martínez Ramírez (@olimpia_libre) es politóloga por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-I) enfocada en la defensa y promoción de derechos humanos. Acompañante de procesos que buscan verdad, justicia y memoria. Actualmente colabora como investigadora en @ElementaDDHH.

 

¹ Tal y como desde Elementa lo señalamos en “Radiografía de la prohibición: política de drogas 2018-2024”. Específicamente, pueden consultar el Enfoque punitivo de la prohibición.

² De acuerdo con el World Justice Project, la justicia alternativa se encuentra subutilizada a pesar de los beneficios que puede proveer a las partes involucradas en algún conflicto. Para más información se puede consultar su informe “Justicia para sanar,Entendiendo la justicia alternativa en materia penal en México”, disponible aquí.

³ Según el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), hasta abril de 2023, de los 285 centros penitenciarios existentes a nivel nacional, 135 están sobrepoblados.

⁴ Durante su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México, impulsó la creación del Registro de Agresores Sexuales, una herramienta que supuestamente serviría para prevenir la violencia sexual. Sin embargo, la SCJN invalidó su carácter público y la temporalidad de permanencia en el registro por considerarlo violatorio de derechos humanos.

⁵ Ver Isaías Pablo Tolentino, “La inevitable y necesaria eliminación de la prisión preventiva oficiosa”.

⁶ Si bien el espíritu de la Ley de Amnistía es la justicia social, pues reconoce que el sistema penal castiga de forma desproporcionada a ciertos grupos en situación de vulnerabilidad, desde Elementa consideramos que la reforma aprobada condiciona políticamente el derecho a la verdad e ignora el deber de investigar las graves violaciones a derechos humanos. Pueden leer más al respecto aquí y aquí.

⁷ Acá algunas propuestas desde Elementa.