La agenda legislativa para Guanajuato

El 25 de septiembre pasado inició la LVXI legislatura del Congreso de Guanajuato, con una composición más diversa que la anterior. Si las fuerzas políticas se comportan como lo han hecho hasta ahora, podrían sumarse 16 diputadas y diputados de oposición, lo que impide al partido del Gobierno de Guanajuato contar con la mayoría calificada. A continuación, presento una serie de temas que podrían constituir la agenda legislativa que se impulse desde el movimiento de víctimas y de personas defensoras de derechos humanos en la entidad. Antes que nada, es importante señalar que la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato ya se modificó hace un año y aún no se han implementado algunas de las nociones aprobadas, por ello se excluye de este listado; lo mismo que la Ley de Víctimas, que mientras no se modifique la Ley General en la materia, podría estar sujeta a controversia constitucional en caso de que se modificara a nivel local.

1. Independizar los servicios periciales

El 01 de noviembre de 2023, hace justo 11 meses, el Partido Verde Ecologista de México presentó la iniciativa para modificar el artículo 11 de la Constitución local para independizar los servicios periciales de la Fiscalía. Esta es una de las recomendaciones realizadas por el entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein en 2016 (Recomendación 6) y, principalmente, la sentencia en el Caso Digna Ochoa y Familiares vs México de 2021 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que establece claramente la obligación de una reforma constitucional (federal) para dotar de autonomía e independencia a los Servicios Periciales como órganos especializados, imparciales, con personalidad jurídica y patrimonio propio, los cuales gozarán, dice la CorteIDH, de plena autonomía técnica y de gestión, así como de capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna. Es ahora responsabilidad del diputado local Juan Carlos Romero Hicks, recién nombrado Presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Jalisco es el ejemplo a seguir ya que el Instituto de Ciencias Forenses es un organismo descentralizado, con patrimonio y personalidad jurídica propios.

2. Crear un Mecanismo de Protección

La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato fue aprobada en 2017 y hasta la fecha ha sido incumplida por el Consejo Estatal, que no ha impulsado la política pública establecida en el artículo 2. Si bien está pendiente una amplia discusión federal en la materia, se considera que existen condiciones para crear un verdadero Mecanismo Estatal de Protección, que incluya las funciones de las Unidades creadas por Convenio con el Gobierno Federal y del Consejo Estatal actual.

3. Regular la publicidad oficial

Si bien organizaciones internacionales como ARTICLE 19 han criticado la Ley General de Comunicación Social aprobada en el Congreso de la Unión en 2022 (ver aquí), debido al control concentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la falta de cumplimiento de los estándares internacionales, es posible tener una discusión sobre la regulación de la publicidad oficial en Guanajuato. Los datos del gasto local son preocupantes: el Ejecutivo local erogó más del 300 % de lo aprobado por el Congreso, con un equivalente a millón y medio de pesos al día en publicidad oficial. Como lo señala la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, el control de las líneas editoriales a través de la publicidad oficial constituyen censura previa.

Finalmente, se considera que estas 3 propuestas merecen ser discutidas en el seno del Congreso de Guanajuato que, como se ha señalado, presenta una composición más diversa que la anterior legislatura y con mejores condiciones para el diálogo con víctimas, personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Los avances en materia de derechos humanos en Guanajuato lo requieren.