Agenda de retos para Guanajuato

2021 fue un año de gran movilización y de alerta para las víctimas de violaciones a derechos humanos y del delito en Guanajuato, tal como se ha planteado en este espacio. Se espera que el 2022 sea un año de fortalecimiento de varios procesos iniciados por las víctimas respecto a su organización interna, a su proyecto político y a la construcción de memoria. A continuación, planteo algunas ideas de qué retos se presentan en el contexto y cómo avanzar en su atención.

Mesa de diálogo con la Fiscalía

En marzo de 2021 después de que la Fiscalía realizó labores de búsqueda e impidió la participación de las familias, diversos Colectivos realizaron un plantón en el Teatro Juárez durante varios días; parte de su agenda de demandas era establecer una mesa de trabajo con la Fiscalía. La propuesta metodológica que los Colectivos impulsaron fue construida en colaboración con organizaciones locales, nacionales e internacionales, pero durante media docena de reuniones, la Fiscalía se dedicó a diluir las demandas de las familias que exigían una mesa de identificación forense donde se ofreciera información y se plantearan soluciones a la crisis que vive la entidad, relatada en diversos informes. Así que el reto para 2022 es que los Colectivos decidan si quieren mantenerse en una mesa que ha diluido sus demandas y que ha incumplido los acuerdos. Durante su comparecencia en el Congreso local, las víctimas señalaron que el Fiscal no había participado durante las últimas reuniones, lo que da cuenta de si interés por despolitizar la mesa.

Programa regional de búsqueda de personas desaparecidas

Después de la visita del CED-ONU a la región del Bajío, más de 50 Colectivos de al menos 7 entidades federativas hicieron un Pronunciamiento en el que señalan que buscarán crear un Programa Regional de Búsqueda e Investigación que esté a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y se lleve a cabo en el marco de la Ley General. Este Programa debe implementarse a mediano y a largo plazo, y ser una política que eficiente la búsqueda entre las entidades federativas, la atención a víctimas y la colaboración entre las diferentes instancias involucradas.

Protección y seguridad

Los años anteriores fueron de mucho riesgo y de ataques a las buscadoras en su quehacer como personas defensoras de derechos humanos. El asesinato de Rosario Zavala en octubre de 2020, el asesinato de Francisco Javier Barajas en mayo de 2021, media docena de familias desplazadas por la violencia y un sinnúmero de amenazas directas constituyen un contexto de riesgo directo para la búsqueda de personas desaparecidas en Guanajuato. La protección es un tema del que muchas instancias oficiales hablaron durante varios momentos de crisis, pero pocas actuaron, desde la Secretaría de Gobierno hasta el Mecanismo Federal, mucho ruido y pocas nueces, así que por el momento no hay atlas de riesgo, diagnósticos individuales, medidas con enfoque colectivo, es más, ni siquiera hay Protocolos de actuación ante el riesgo ni tampoco para la autoprotección. 2022 tiene que ser un año en el que la Asamblea de Colectivos tome en serio la protección y los Colectivos diseñen sus propios esquemas, sin que se diluya la responsabilidad institucional, ya que los organismos públicos han dejado mucho que desear en este tema.

Evaluación de políticas públicas de atención a víctimas, búsqueda, identificación e investigación

Ha pasado más de un año de que fueron creadas, y las Comisiones tanto de búsqueda como de atención integral a víctimas no cuentan ni con diagnósticos ni con programas institucionales que organicen su acción y definan estrategias a mediano plazo, por lo que urge que se elabore un recuento de lo realizado, así como un plan estratégico para los siguientes 3 años, al menos. La ausencia de instrumentos de diagnóstico y de planeación pueden hacer que las prácticas institucionales sean erráticas y que los presupuestos se asignen de firma discrecional. ¿Cómo evaluar el trabajo de la Comisión de Búsqueda si no ha planteado sus propios objetivos institucionales?, la revisión tendría que hacerse en función del cumplimiento de su mandato jurídico, pero ello es insuficiente para hacer una evaluación de política pública.

* Raymundo Sandoval (@ray_sandoval) es defensor de derechos humanos.