Agenda 2021 de los derechos humanos en Guanajuato

Guanajuato se enfrenta a la peor crisis en materia de seguridad en su historia, tan sólo en la primera semana de año se contabilizaron 82 asesinatos.

Adicionalmente, otro fenómeno se ha instalado en la entidad: la explicación de la “guerra contra el narco” como una narrativa única, donde la única alternativa es la “pax narca” (un cartel domina el territorio) o la imposición del control social por parte de la delincuencia organizada sobre el territorio. Esta narrativa está presente incluso en el discurso del Presidente de la República que el 14 de enero señaló en su conferencia matutina que jóvenes mueren en enfrentamiento y que los están encontrando en fosas, lo que ha sido cuestionado por familias que consideran que es una criminalización.

En este contexto, el primer reto de la agenda de derechos humanos en Guanajuato es establecer una perspectiva de derechos humanos que parta de la responsabilidad estatal para la prevención del delito, la sanción a las personas responsables y el establecimiento de medidas de no repetición. Combatir la macrocriminalidad implica combatir la corrupción de funcionarios coludidos con los grupos delincuenciales así como abatir la impunidad asociada a graves violaciones a derechos humanos, tales como las desapariciones, la ejecuciones extrajudiciales, los homicidios dolosos y los feminicidios.

Segundo, la libertad de expresión es de atención prioritaria, ya que tan sólo en 2018 y 2019 la organización ARTICLE 19 documentó 43 agresiones a periodistas en la entidad y el más reciente asesinato de Israel Vázquez reveló la vulnerabilidad en la que se encuentran las y los periodistas en el estado. Urge actualizar el Atlas de riesgo e implementar el Protocolo de actuación de las fuerzas policíacas en el marco del respeto a la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos, todo ello bajo la responsabilidad del Secretario de Gobierno, que es Presidente del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

En otro sentido, la atención a las víctimas tiene un rezago de años en Guanajuato no sólo por el retraso legislativo, sino por el pobre presupuesto que se ha asignado para 2021 que no alcanzará para comenzar a realizar las reparaciones del daño en el plano de lo material. Los 10 millones para el Fondo de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) de la entidad federativa más violenta del país son a todas luces, insuficientes.

El cuarto reto de la agenda de derechos humanos para 2021 es la refundación de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDHEG), que hasta ahora ha sido una institución carente de autonomía. Las expectativas son pocas debido a que apenas en diciembre pasado, el Congreso del estado nombró a un panista en la PDHEG que se ha dedicado en las primeras semanas a reunirse con activistas dispuestos a negociar prebendas. Urge una institución que atienda seriamente la crisis de violaciones a derechos humanos en la que se encuentra la entidad.

Quinto y último: sobrevivir a las elecciones en medio de la crisis de la violencia será el gran reto el primer semestre del año. El 12 de enero ejecutaron al diputado local Juan Antonio Acosta Cano en Juventino Rosas, el municipio que aspiraba a gobernar por tercera ocasión. Este asesinato será el primero relacionado con las elecciones en 2021 y no hay otra manera de entenderlo que como un crimen político. ¿Qué impacto tendrá sobre las campañas electorales en Guanajuato?, pronto lo descubriremos.

Durante el proceso de designación de la persona titular de la PDHEG varias personas candidatas hicieron propuestas de fondo, tales como crear áreas específicas de desaparición y periodistas, cambiar el enfoque para colocar a las víctimas en el centro y concentrarse en la situación de las quejas relacionadas con la violencia en la entidad. Las propuestas siguen siendo vigentes.

También están pendientes algunos procesos con relación a las Leyes de Búsqueda y de Víctimas: sus reglamentos, programas y consejos ciudadanos. Además, la crisis forense que ya vive la entidad requiere la asistencia técnica de personas expertas independientes.

Bienvenido 2021.

* Raymundo Sandoval (@ray_sandoval) es es defensor de derechos humanos.