El affaire Pemex-Cuba: ayuda humanitaria o riesgos públicos

Entre enero de 2023 y septiembre de 2025, Pemex envió a Cuba cargamentos de crudo y diésel valuados en más de 1.4 mil millones de dólares. El dato proviene de la información reportada por Petróleos Mexicanos (Pemex) a la Security Exchange Commission (SEC), órgano regulador del mercado de valores y deuda en los Estados Unidos. La cantidad equivale al presupuesto anual de nueve hospitales públicos, como el Infantil o Cancerología, según apuntó la periodista de Animal Político, Nayeli Roldán. Por su parte, Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad ha señalado que, en realidad, dicho volumen corresponde sólo al 13 % del total exportado a Cuba, según datos de plataformas de comercio exterior como ImportKey y Veritrade.

Estos embarques se canalizaron a través de la empresa Gasolinas Bienestar, S. A. de C. V., una filial de Pemex constituida bajo el derecho privado con el objeto social de suministrar combustible a comunidades vulnerables en México y en el extranjero.

En noviembre pasado, Gasolinas Bienestar obtuvo permiso de la Secretaría de Energía para exportar a países con infraestructura precaria o en conflicto, como Corea del Norte, Siria y Yemen. La petrolera, sin embargo, ha sostenido que, dada la naturaleza jurídica de la filial, no es sujeto obligado en materia de transparencia. Con base en esa interpretación, Pemex ha negado la entrega de información detallada sobre estas transacciones.

La Presidencia de la República, sin embargo, reconoce públicamente que “se tiene que dar esa información”. A la vez, confirma la continuidad de los envíos a Cuba, que justifica como “ayuda humanitaria”.

Esta posición abre una tensión relevante: por un lado, se reconoce el interés público de las operaciones; por otro, se mantiene un esquema jurídico que limita el acceso a la información, aun cuando se trata de recursos y activos de naturaleza pública.

El perfil financiero de Gasolinas Bienestar

México Evalúa publicó en 2019 un análisis sobre transparencia corporativa en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que, seis años después, mantiene plena vigencia. El estudio se basó en marcos internacionales de mejores prácticas para empresas productivas del Estado que divulgaron información en ámbitos de alto interés público. En aquel análisis advertimos que el hecho de que las filiales estén constituidas bajo derecho privado no debería convertirse en un escudo frente al escrutinio, debido a que cuentan con capital y control público.

Desde la reforma energética de 2013, el régimen especial aplicable a las filiales de Pemex se ha mantenido esencialmente sin cambios, incluso a pesar de la aprobación de nuevas leyes para el sector en 2025. Es verdad que el diseño de estas figuras buscó dotar a las actividades de comercialización de petróleo y gas, de flexibilidad operativa para responder a los mercados energéticos. Pero también es cierto que las empresas filiales forman parte del ámbito de responsabilidad del Estado pues operan con dinero público, administran activos públicos y acumulan pasivos que, en última instancia, recaen sobre las finanzas del Gobierno.

Con la información disponible en la Cuenta Pública (págs. 50, 51), Gasolinas Bienestar muestra un perfil financiero frágil y altamente apalancado, es decir, con niveles de deuda importantes. Este diseño contable implica un importante riesgo que se transfiere al balance consolidado de Pemex y, en última instancia, hacia las finanzas gubernamentales.

Analizando las cifras reportadas, hallamos que, entre 2023 y 2024, los activos de la filial se triplican, pero este crecimiento no viene acompañado de una capitalización proporcional. Como resultado, los pasivos prácticamente igualan a los activos y el capital contable se mantiene marginal. Al mismo tiempo, los márgenes son casi nulos, lo que sugiere que las ventas registradas no se traducen en fortalecimiento patrimonial.

En ausencia de estados financieros desagregados y de notas que detallen la composición del activo —en particular el peso, antigüedad y calidad de las cuentas por cobrar— resulta imposible evaluar si los ingresos reportados corresponden a flujos efectivamente cobrados o a derechos de cobro de alta incertidumbre (es decir, ventas con mucha probabilidad de nunca ser cobradas). Esto significa que la filial Gasolinas Bienestar no genera valor económico para Pemex. Además, desde el enfoque anticorrupción, una empresa estatal que vende sin cobrar simula operaciones al regalar bienes públicos que no fueron debidamente acreditados como donativos. Esto implica presuntos actos de corrupción administrativa y penal por presunto daño patrimonial.

De afectaciones al erario, a riesgos geopolíticos

Cuando una filial de Pemex registra pérdidas, éstas se incorporan al consolidado contable de la empresa productiva del Estado y terminan traduciéndose en mayor gasto no programable. En términos prácticos, ello implica una renuncia fiscal a recursos públicos que podrían haberse destinado a financiar derechos fundamentales como la salud, la educación o la seguridad.

Desde esta perspectiva, los donativos energéticos a Cuba, cuyo monto ya es significativo al ser comparable al presupuesto anual de una secretaría de Estado, plantean interrogantes legítimas sobre la gobernanza corporativa de Pemex y su capacidad financiera frente a acreedores.

El caso de Cuba ilustra de manera concreta los riesgos que entraña este diseño institucional. La narrativa oficial sostiene que los donativos buscan apoyar la generación eléctrica en plantas que operan con combustóleo y diésel, en beneficio de una población que enfrenta una crisis humanitaria profunda. No obstante, hasta ahora no existen mecanismos públicos que permitan verificar de manera independiente que el crudo y los refinados enviados se destinen efectivamente a esos fines para beneficio de la población cubana. Fuentes periodísticas documentan que la isla sufre en promedio 18 horas diarias de apagones y que los consumidores deben esperar hasta tres meses para obtener gasolina, previa cita con las estaciones de servicio.

Además de lo anterior, este tipo de arquitectura institucional plantea riesgos geopolíticos que no deben soslayarse. La experiencia internacional ofrece precedentes relevantes. En el caso de Petróleos de Venezuela (PDVSA), donativos de petróleo supuestamente orientados a fines sociales terminaron siendo triangulados hacia terceros países, como documentó el propio gobierno de Estados Unidos. Además, en ausencia de trazabilidad, auditorías y controles externos, los donativos energéticos están expuestos a desvíos y usos no previstos. La posibilidad de que algo similar ocurra con los envíos mexicanos no es mera especulación, sino un riesgo real derivado de la opacidad ya existente en el caso venezolano.

Congresistas estadounidenses han cuestionado públicamente los envíos y han recordado el rechazo del Exim Bank a un crédito por 800 millones de dólares solicitado por Pemex. En este contexto, el caso podría convertirse en un elemento de fricción en las negociaciones del T-MEC hacia 2026, donde la transparencia en el sector energético y el apego a estándares internacionales son factores clave para la confianza entre socios comerciales.

La solidaridad internacional no puede confundirse con opacidad

La discusión de fondo, entonces, no está en el orden moral sobre si México debe o no apoyar a Cuba. La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido los envíos bajo un argumento humanitario, y es innegable que la isla enfrenta severas limitaciones en su suministro eléctrico, de gasolina y gas licuado, como documenta con gran valentía el portal 14 y medio. Sin embargo, la solidaridad internacional no puede confundirse con opacidad. La ayuda humanitaria exige condiciones claras: contratos públicos, auditorías independientes, certificación del uso final y cláusulas explícitas que eviten la triangulación para evitar la materialización de riesgos de corrupción.

Sin estos elementos, lo que se presenta como ayuda puede transformarse en subsidios a estructuras que no confirman que el traslado de la ayuda humanitaria beneficie directamente a la población cubana. Además, las ventas incobrables de Gasolinas Bienestar deterioran aún más las finanzas de Pemex, y la convierten en una fuente innecesaria de tensiones internacionales con nuestro principal socio comercial.

Desde México Evalúa hemos alertado sobre las peligrosas consecuencias de malas prácticas en materia de transparencia, que pueden detonar graves sanciones administrativas y penales de las autoridades estadounidenses. Este riesgoso escenario podría implicar para Pemex y para el Estado mexicano la obligación de pagar millonarias sumas a los quejosos.

El Consejo de Administración de Pemex (CAP) tiene una responsabilidad institucional central. Debe emitir lineamientos claros de transparencia para sus filiales y establecer un régimen de “sujeto obligado”. Es decir, una empresa que cumpla con las reglas de transparencia y de prevención de actos de corrupción mediante el aseguramiento de los sistemas internos de control, transparencia y auditoría, según las leyes mexicanas en dichas materias. Si los envíos a Cuba en realidad son donativos y no ventas, Pemex tendría que reportarlos en su listado anual de donativos aprobados por el CAP, en vez de registrarlos como ventas de exportación.

Las filiales de Pemex, aunque estén constituidas bajo las reglas del derecho privado, son empresas que operan con dinero y activos públicos; por tanto, no deben funcionar como cajas negras. El objeto social de la filial Gasolinas Bienestar debe revisarse a la luz de la situación financiera actual de Pemex, que acumula una deuda de 100.3 mil millones de dólares al tercer trimestre de 2025.

El caso de Gasolinas Bienestar, los donativos a Cuba y las futuras exportaciones a países con baja probabilidad de pagar, es una prueba de fuego para la capacidad del Estado mexicano de cerrar los vacíos de transparencia en sus empresas públicas y demostrar que la política energética estrenada en 2025 puede ejercerse con responsabilidad fiscal, rendición de cuentas, inteligencia geopolítica y estándares públicos acordes con su relevancia estratégica para los mexicanos. 

* Ana Lilia Moreno (@analiliamoreno) es coordinadora del Programa de Regulación y Competencia Económica en México Evalúa.