Mala Madre · 19 de junio de 2012
Adriana yace en el suelo mientras una señora intenta reanimarla. “Adriana, no te duermas”, le repite una y otra vez, mientras le golpea suavemente los cachetes y le soba la panza para que reaccione. Adriana apenas y puede abrir los ojos y mover un poco los brazos, pero no se duerme. Tiene suerte. No así siete jóvenes, dos empleados y tres policías que fallecieron ese 20 de junio de 2008 en un fallido operativo para sancionar un antro, ubicado en una colonia popular de la delegación Gustavo A. Madero del Distrito Federal, por vender alcohol y drogas a menores.
Tragedia que cuatro años después sigue sin castigo para los culpables.
El operativo del News Divine terminó en tragedia porque se le fue de las manos a la autoridad. Y todo lo que podía salir mal, salió mal. Los más de 200 policías que participaron en la movilización intentaron detener a los casi 600 jóvenes que se encontraban en la discoteca y subirlos a camiones que los conducirían a las agencias del Ministerio Público Sector Aragón y la número 50. Luego les hablarían a los papás para que fueran a recoger a sus hijos. Sólo que la autoridad no contaba con suficientes vehículos.
Así que lo único que se les ocurrió a los responsables del operativo fue ordenar a los policías que impidieran la salida de los jóvenes hasta que llegaran más camiones de relevo. El resultado fue terrible: 12 personas muertas por asfixia, cuando lo único que los chicos querían era festejar el fin de cursos escolar por 25 pesos el cover.
Erika Rocha Maruri, de 13 años, había conseguido el permiso paterno siempre y cuando fuera acompañada por su hermana Marisol, de 14. Daniel Alan Asorde Domínguez, de 18, fue con su hermano Raymundo, de 16. Isis Gabriela Tapia Barragán, amiga de Raymundo, quería divertirse con sus amigos antes de pensar seriamente en su futuro y decidir si entrar al Colegio Militar para estudiar Odontología o convertirse en cosmetóloga de alta escuela.
Leonardo Amador Rivas, de 24 años y quien trabajaba como cadenero del News Divine, alcanzó a salvar a varios jóvenes a quienes orientó para salir por la puerta de atrás. Pero no pudo salvarse así mismo. Eredi Pérez Sánchez, de 29 años y personal de seguridad del antro, tampoco pudo hacerlo. Dejó huérfano a un bebé de meses.
La misma suerte corrieron Alejandro Piedras Esquivias, de 14 años; Rafael Morales Bravo, de 18; Mario Quiroz Rodríguez, de 18, y Mario Ramos Muñoz, de 22. El policía preventivo Pedro López García, de 65 años; la policía preventiva Remedios Marín Ruiz, de 20, y el policía judicial Pablo Galván González, de 55 años, también fallecieron.

Por si los 12 fallecidos no hubiera sido suficiente tragedia, los jóvenes que sobrevivieron se tuvieron que enfrentar todavía a una serie de vejaciones que fueron desde el robo de sus pertenencias por parte de los policías (celulares, carteras, tenis) hasta abuso sexual.
Un total de 34 jóvenes denunciaron al médico Javier Casiano Guerrero, de la agencia del MP, por obligarlas a denudarse para fotografiarlas, al tiempo que un trabajador administrativo del Sector Pradera de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, Leopoldo Chávez Rangel, admitió en sus declaraciones ministeriales que, “por órdenes del jefe de ese sector, Alejandro Garniño, golpearon, desnudaron, fotografiaron y marcaron con plumón a las adolescentes detenidas en esa discoteca”.
De acuerdo con una nota publicada por Reforma (27/jun/08), “Chávez Rangel aceptó que él personalmente entintó con marcadores de color negro y azul a cerca de 30 chicas, en manos y brazos, para identificarlas y enumerarlas como si las fueran a ‘fichar’, como a cualquier delincuente”. Y que las órdenes las había dado el jefe del Sector Pradera, Alejandro Garniño, quien en dos ocasiones ha sido nombrado policía del año.
Tantas irregularidades y abusos han vuelto la tragedia en un caso de terror. Un antro que funcionaba de manera irregular desde 1996 y que había sido clausurado en tres ocasiones y reabierto apenas cuatro meses antes de los terribles hechos. Un operativo diseñado para ‘fichar’ jóvenes, como en las razzias de los años 70, por el delito de querer divertirse (las autopsias y los estudios médicos comprobaron que no estaban intoxicados). Jóvenes expuestos a robos, vejaciones y abusos sexuales porque sí, porque la autoridad puede hacerlo.
Conclusión: informes elaborados por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y por peritos de la ONU determinaron que el gobierno del Distrito Federal y las instituciones a cargo del operativo fueron los responsables de las muertes, aunque en el limbo quedó cuestionar, castigar y erradicar las razones por las cuáles se persiguió a los jóvenes si lo que se buscaba era sancionar al antro.
El proceso sigue. Cansados de esperar una justicia que no llega, como en el caso de la Guardería ABC, los padres de los jóvenes fallecidos conformaron la organización Voces de Justicia y No + Impunidad: News Divine, a fin de presionar a las autoridades para llegar a una pronta resolución.
En tanto, el terreno que ocupaba el antro y que fue cedido al Instituto de la Juventud del Distrito Federal (Injuve DF) sigue a la espera de transformarse en el centro Cultural “El Galeón, espacio joven”, que dará cabida a un memorial en homenaje a los siete jóvenes y a los dos trabajadores que perdieron la vida. Por si algún día los familiares encuentran algo de paz.