Adéndum

Es tiempo de tapar pozos. Desde hace semanas se habla del sainete protagonizado por el gobierno de Veracruz cuya mapachería quedó al descubierto mediante grabaciones que fortalecieron su bien ganada fama de usar dádivas para los pobres mediante criterios políticos, condicionamiento del voto y franca corrupción. Todo esto puso en vilo al Pacto por México. Ahora sus flamantes firmantes han agregado un “Adéndum” para lidiar con el caso.

La exigencia de eliminar el uso electoral de los programas sociales es añeja. Los datos la han soportado. Hay investigaciones legendarias sobre la manipulación del Programa Nacional de Solidaridad, foros internacionales y sendos estudios sobre los “candados y contrapesos” para blindar los programas sociales auspiciados por el PNUD en 2006-2008. Hay esfuerzos desde la sociedad civil como Alianza Cívica alrededor de Procampo en 1994 y sobre la compra y coacción del voto en 2006 y 2012; el de Fundar sobre las condiciones para el uso electoral de diversos programas en 2005 y 2006; (de cuyas conclusiones retomo ideas para esta columna) así como las investigaciones académicas y periodísticas surgidas en el contexto de las elecciones presidenciales de 2006 y 2012. El tema es recurrente en la agenda pública.

No es para menos. Es una canallada que el dinero de todos y que originalmente está dirigido para superar condiciones de pobreza y marginación de amplios sectores de la población se use discrecionalmente para ganar lealtades mediante la incorporación a un programa con el condicionamiento de su voto, su apoyo político y electoral. El lucro político de la pobreza es despreciable. Y es que también hay una razón práctica: el desvío de recursos y su condicionamiento político hace ineficaz la acción del Estado para crear condiciones de igualdad en la sociedad y, por el contrario, se favorece la perpetuación de la pobreza.

Entre los puntos relevantes del documento anunciado con toda solemnidad por los promotores del Pacto por México, se encuentran una serie de medidas para “blindar” los programas sociales de su uso político-electoral. Es un hecho notable de quienes se han beneficiado de ello y lo han promovido (en eso no hay distingos entre PRI, PAN o PRD). Más allá de la crítica de que están luciéndose con lo que la ley ya les manda, existen omisiones graves en el camino de transparentar y hacer buen uso del dinero público.

Los firmantes se comprometieron a suspender temporalmente las altas y bajas de beneficiarios, así como la realización de actos públicos de los operadores de los programas y de entrega de recursos. Asimismo propusieron adelantar la entrega de apoyos 45 días antes de la elección. Por un lado, es un error del Adéndum no plantear la regularidad (es decir que no haya adelantos o retrasos) en la programación y entrega de los recursos de los programas. Existen suficientes estudios que dan cuenta de la ignorancia de grupos importantes de beneficiarios sobre el porqué son incluidos o excluidos de los programas. Es importante darles certidumbre y limitar las suspicacias, así como posibles actos de corrupción, basados en la manipulación de las explicaciones de esos adelantos o retrasos. Ello deberá ir acompañado en el futuro de presupuestos multianuales y planes de expansión de la cobertura de los programas que no coincidan con los periodos electorales.

Por otro lado, no se considera una campaña de difusión dirigida a los beneficiarios de los programas sociales que informe con claridad sobre los criterios de incorporación y desincorporación de los programas y duración de los apoyos, sobre los responsables de su funcionamiento, sobre las reglas de operación que los rigen, sobre las sanciones a quienes hagan uso electoral de los programas y sobre los canales de denuncia confidenciales, eficientes y rápidas para comunicar abusos, exigir rendición de cuentas y reclamar sus derechos. Los beneficiarios se ven una vez más como objetos de atención y no sujetos de derechos.

Uno de los compromisos del Pacto es gestionar y resolver las denuncias sobre los Delegados Federales que presuntamente actúen con fines electorales; sin embargo, en el Adéndum no se diseña una campaña entre los servidores públicos sobre las sanciones a las que se harían acreedores si usan electoralmente los programas sociales. Tampoco es claro que las “comisiones plurales” mencionadas en el Pacto establecerán efectivos mecanismos que aseguren el buen funcionamiento de las instancias de control y vigilancia de las instituciones que operan los programas ni dan herramientas claras de supervisión y capacitación de los enlaces y promotores para vigilar que no tengan vinculación partidista y, de tenerla, puedan ser denunciados y sancionados mediante los canales ya mencionados, más allá de los delegados de los programas.

Si bien los jóvenes ilustres del Pacto por México han solicitado a la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda para que investigue las cuentas bancarias de los gobiernos estatales que hagan retiros notables en efectivo, el Adéndum no hace referencia al papel de esta secretaría ni de sus pares estatales para asegurar que la información presupuestaria de los programas sociales y de sus beneficiarios sea consistente y comparable a lo largo de todo el ciclo presupuestario y en todos sus documentos (proyecto, presupuesto, informes trimestrales y Cuenta Pública). Hoy por hoy el rastreo de los programas es una labor titánica. En los estados opera tal opacidad que solo 19% de los programas sociales estatales aparecen en su presupuesto, 39% aparecen en la Cuenta Pública, solo el 37% tiene una normatividad que las regule; pero, eso sí, 82% son presumidos en los informes de gobierno, faltaba más.

Es bueno que se hayan propuesto crear el Sistema Nacional de Programas Sociales que seguramente se beneficiará del trabajo ya realizado por el Coneval, pero requiere de una buena coordinación con los estados para que la eficacia de los programas, la eliminación de duplicidades, subsidios regresivos, así como la “profesionalización de los delegados y operadores de los programas sociales” sea una realidad.

En el Pacto los partidos políticos y el Ejecutivo se comprometieron a publicar la lista de beneficiarios de solo siete de los 278 programas federales (ni hablar de los 2,391 programas estatales identificados a la fecha). Cabe señalar que los programas seleccionados son Oportunidades, 65 y más, Estancias Infantiles, Programa de Vivienda Tu Casa, Vivienda Rural, Seguro Popular y Programas de Empleo Temporal, los cuales representaron un 20% del gasto de todos los programas sociales de 2012. El esfuerzo no es menor, pero es insuficiente. La difusión mensual de la información sobre todos los programas sociales debe ser al nivel más desagregado y oportuno posible para que investigadores independientes y ciudadanía en general (no solo las organizaciones “especializadas en transparencia” como dice el documento) puedan verificar los movimientos en los padrones de beneficiarios y en la entrega de los recursos. No sólo es la lista de beneficiarios, también es el dinero programado y ejercido al nivel más detallado.

Si bien es loable que se busquen “promover observatorios ciudadanos del ejercicio del gasto de los gobiernos estatales”, es indispensable un buen plan para que esto sea posible. Los observatorios no nacen por generación espontánea. Lo mismo ocurre con la observación de los procesos electorales que traza el Pacto.

Lamentablemente existen más omisiones. Por ejemplo, no se está programando una fuerte campaña en los medios de comunicación exaltando que los programas sociales son un derecho, pagado con los impuestos y no pertenecen a partido o candidato alguno ni dependen de ellos para su continuidad. Tampoco se proyecta informar ampliamente sobre los mecanismos para denunciar y sancionar a quienes hagan uso electoral de los programas sociales e invitar a que estos mecanismos sean usados.

El Adéndum no esboza un exhorto al Instituto Federal Electoral y sus pares estatales a fin de que intensifiquen campañas para eliminar dudas sobre la secrecía del voto, el uso de la credencial para votar (como por ejemplo que no es posible usar el número de elector o la fotocopia de la credencial para emitir votos o para saber por quién votaron) y, sobre todo, respecto del valor del voto que termine con una visión utilitaria del mismo. En el marco del Monitoreo de programas sociales en contextos electorales, Gloria Labastida encontró en 2006 que la mitad de la población entrevistada considera que las elecciones “sirven de nada”, solo sirven para que “se acuerdan de nosotros” o nos traigan “algún beneficio o regalo”. A las dudas sobre la secrecía del voto, se sumó un 6 por ciento que creía que las elecciones “ya estaban decididas”. Al percibir que no les sirve el voto, su intercambio mercantil les tiene sin cuidado. El caso Monex y Soriana nos recuerdan que esta visión utilitaria del voto persiste.

Finalmente, no se está bosquejando una revisión de los programas que alejen a la ciudadanía de una actitud pasiva frente a los mismos y más bien fomente la construcción de ciudadanía. Debe dejarse de lado el carácter paternalista de los apoyos. Ello será posible con programas institucionalizados y no aquellos que aparecen y desaparecen acorde con el humor del gobernante en turno o del calendario electoral.

Podría ser buena noticia que los partidos políticos se propongan acabar con el clientelismo y con la manipulación de los programas sociales. Lamentablemente su dependencia y adicción a los votos requiere de una ciudadanía exigente que les obligue a avanzar en esta agenda. Hay muchos pozos abiertos y no debe permitirse que sigamos cayendo en ellos.

Seguimos la conversación.