Acciones contra la tortura, 3 años y contando

El mismo día que encontramos terribles testimonios de víctimas de la tortura, también escuchamos y leemos opiniones que la perciben como un invento que hace parte de una estrategia política para debilitar a la autoridad. Mientras algunos miembros de la policía nos relatan los rituales de tortura aplicados regularmente sobre un perfil determinado de personas detenidas, rituales conocidos como “paseos” y “calentaditas”, sus propios mandos superiores nos reciben con la frase “aquí no hay tortura”. Mientras avanzamos en una suerte de anatomía sobre el reconocimiento que muchas autoridades hacen de facto de la tortura como un método de investigación, aún hoy, vista desde el casi nulo castigo penal impuesto sobre ella, cualquiera podría afirmar que esa violación grave a los derechos humanos simplemente no existe en México. Así queda representado un escenario donde, al final del día, no importa si hay diez, cien, mil o miles de quejas y denuncias por tortura, de todos modos no hay responsables. Se podría discutir cuántas de esas quejas y denuncias representan en efecto hechos de tortura, se podría debatir también sobre la cifra negra de la tortura, pero lo que nadie puede poner en duda es que aún hoy prácticamente nadie rinde cuentas por ella, sea cual sea su dimensión.

[contextly_sidebar id=”lYej8oMizKRCkj3WfvngJuaLWklphywK”]En el 2012 Insyde puso en marcha la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura (CNPT). Este mes de septiembre concluiremos los primeros tres años de trabajo. La CNPT es una acción colectiva encaminada a proveer instrumentos especializados para prevenir, investigar, sancionar y reparar la tortura, e impulsar acuerdos que permiten su implementación sostenible. Esta acción colectiva involucra hasta ahora actores independientes y autoridades articuladas en 17 entidades federativas. La teoría del cambio de la Campaña se soporta en los siguientes supuestos principales: a) hay información suficiente para confirmar la regularidad de la tortura en México; b) México no puede reconciliar su relación con los derechos humanos (DH) sin contener la tortura y así demostrarlo con evidencia empírica; c) la contención de la tortura requiere la creación de múltiples herramientas legales e institucionales especializadas; d) las autoridades no cuentan con esas herramientas; e) las reformas en DH y penal crean incentivos para la implementación progresiva de los nuevos instrumentos, y f) la campaña incluye una estrategia política que “rompe las barreras de entrada institucional” y crea acuerdos de colaboración, justamente mediante la provisión de las herramientas mencionadas.

La anatomía de la tortura enseña una complejidad extraordinaria. Desde la propia ley y desde las instituciones de seguridad pública y justicia penal se construyen incentivos perversos que reproducen la impunidad. Por su parte, muchos organismos públicos de derechos humanos enseñan un importante rezago con respecto a los estándares de investigación coherentes con la evolución del sistema jurídico nacional e internacional de derechos humanos y la reforma penal en curso. En cuanto a las víctimas, el mayor riesgo se localiza en personas sin acceso a una defensa legal oportuna y profesional. Cada víctima suma a la experiencia del horror, pero el problema adquiere una terrible dimensión estructural cuando no aparece narrativa oficial alguna de acceso a la justicia y nos quedamos con el descomunal absurdo de encontrar torturados sin poder encontrar y mucho menos juzgar a los torturadores.

La CNPT está ayudando en la construcción de una red nacional de interlocución que identifique a la tortura como un problema de agenda pública y está impulsando la inserción de la misma como un tema crítico en la agenda de reforma de la seguridad pública y la justicia penal. Esta iniciativa ha producido y está distribuyendo más de 13 mil materiales didácticos (ley modelo, guías de investigación, guías de acceso a derechos y protocolos de actuación) y ha rebasado las 3 mil inscripciones en su plataforma de capacitación a distancia. El 95% de los capacitados son representantes de autoridades diversas; destaca la demanda de acceso por parte de la Policía Federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En el plano de involucramiento desde los gobiernos estatales, el caso de Oaxaca ofreció en esta etapa la más amplia y profunda apertura y voluntad de colaboración, hecho que permitió realizar estudios profundos que, a su vez, nutrieron al diseño de una propuesta de unidad especializada de investigación sobre tortura, inspirada en los más avanzados estándares de derechos humanos y penales.

Ahora estamos por iniciar una segunda fase también de 3 años de duración. La estrategia nos llevará a construir experiencias a profundidad que arrojen casos de éxito, por un lado, en el uso de las nuevas herramientas por parte de las autoridades y, por el otro, en el empoderamiento de la sociedad civil para exigir la efectiva rendición de cuentas sobre lo anterior. Nos proponemos lograr impacto certero y verificable en la reducción de los riesgos asociados a la tortura, para así comenzar a documentar su reducción con instrumentos confiables.

Este jueves 24 de septiembre, acompañado por Carlos Castresana Fernández, anterior director de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) y consultor de la Campaña, Insyde informará públicamente sobre los resultados de la misma y agradecerá a todas las personas e instituciones que han hecho posible esta primera etapa de trabajo. Están todos invitados.

@ErnestoLPV