#CasoAlicia ¿acceso a la justicia o vía crucis?

Por: Alma Beltrán y Puga (@almandina19)

Una pensaría que si tiene un derecho en la ley, las autoridades estatales harían lo posible – y hasta lo imposible – para que se pudiera ejercer. Pero sucede que no. De las leyes en el papel, a los derechos en la realidad, hay toda una brecha. Especialmente para las mujeres. Y este camino al “acceso a la justicia” es más sinuoso para aquellas de bajos recursos, madres solteras o víctimas de violencia sexual, sin nadie de confianza a quién recurrir para exigir que el Estado cumpla con su deber.

Un ejemplo de cómo el aparato burocrático se empeña en retrasar y demorar el cumplimiento de los derechos reproductivos es el caso de Alicia, una mujer de escasos recursos, madre de un niño de dos años, que llegó tocando las puertas de GIRE desesperada porque había sido víctima de una violación sexual, estaba embarazada, y no sabía qué tenía qué hacer para poder interrumpirlo. Le dimos la primera asesoría legal, mientras su hijo Antonio brincaba de un lado a otro y lloraba porque tenía hambre.

Le explicamos la teoría: “Mire, usted tiene que poner una denuncia en el ministerio público donde solicite la interrupción, una vez que haya narrado los hechos, le van a pedir que compruebe el embarazo, y de ahí le tendrán que dar una autorización para que un servicio público de salud se la realice” Ese es el procedimiento en el DF. “El aborto está despenalizado en todo el país por violación, es un derecho de las mujeres, usted no está haciendo ni pidiendo nada ilegal”. Ella asentía con la cabeza mientras nos contaba cómo dos sujetos la había subido a una camioneta mientras buscaba trabajo y pasando la estación del metro Hidalgo la habían violado, previas amenazas y robo de toda su quincena ($900 pesos).

[contextly_sidebar id=”b6812e736eb0f9571dc521ddfe1e0423″]Después de que accedió a “acudir a la justicia”, la acompañamos a una agencia del ministerio público a hacer la denuncia, donde tuvo que narrar los hechos al menos tres veces: a la policía, a la agente que le tomó la declaración, a la psicóloga… Alicia no entendía por qué le preguntaban tantas veces lo mismo, ya que revivía los hechos cada vez que lo contaba. Nosotros tampoco, salvo que es la práctica de re-victimización usual que pasan las mujeres cuando sufren una violación sexual y deciden denunciar ante las autoridades. Pasaban las horas y las horas y no había médico legista que le hiciera el examen ginecológico, ¡sólo había un médico legista en toda la delegación Iztapalapa que atendía los viernes en la tarde!

Así pasó el fin de semana: entre idas y venidas al ministerio público, más declaraciones, más papeleo, hasta que finalmente le dieron una autorización para realizarse la interrupción. Con la autorización legal en la mano, Alicia se presentó en un hospital del DF la mañana del lunes para que le hicieran el procedimiento, pero no había personal médico disponible. Había que esperar a que llegara el del turno matutino, capacitado para realizar la interrupción. Esperar, esperar… hasta que finalmente se logró unas seis horas después.

Mientras le realizaban la interrupción, Alicia tuvo que dejar a su hijo Antonio encargado con una amiga en el estado de México. Durante todo el fin de semana, estuvo casi con la misma ropa, pues nunca imaginó que se tardaría más de tres días en el procedimiento. Por parte de GIRE y Equidad, organizaciones de la sociedad civil, se le consiguió un hotel donde se pudiera alojar y además de la asesoría legal, se le proporcionó una terapia psicológica, acompañamiento durante el proceso en las instituciones de salud, así como vestimenta y comida. Sin todo este apoyo, Alicia no lo hubiera logrado, inclusive en una ciudad como el Distrito Federal, donde en teoría las mujeres tienen derechos y las autoridades están conscientes de que existen, teniendo la obligación de cumplirlos.

Es cierto: el aborto está despenalizado en todo el país si una mujer queda embarazada a consecuencia de una violación. ¿Pero tiene realmente acceso a la justicia? ¿Está el aparato estatal en su favor o en su contra? ¿Qué tendríamos que mejorar para que las mujeres no pasen por lo que pasó Alicia? Sin duda, tener menores requisitos en las leyes, pero también tener autoridades capacitadas, sensibles y disponibles cuando las mujeres toquen las puertas de la justicia y del sector salud.

* Alma Beltrán y Puga es coordinadora Jurídica.