Redacción Animal Político · 5 de noviembre de 2024
Fue casualidad haber coincidido alguna tarde de septiembre con un amigo de antaño, quien después de jugar futbol conmigo se sinceró sobre el tiempo que estuvo dentro de un centro por consumo problemático de sustancias. Más allá de su experiencia, relataba con inquietud el trato hacia quien, para fines ilustrativos, describo de forma anónima, con rostro invisible, sumergido en las sombras de la indiferencia y recordado solo con desprecio si regresa al “vicio”, pero para fines realistas, una persona con nombre, historia de vida, sueños y metas.
“Fíjate, trajeron a un señor que estaba bien enfermo, dicen que además de lo del cristal, tenía VIH. Sabe que le pasó. Nos pedía que lo ayudáramos porque se moría. Le pegaban mucho y ps’ nadie lo ayudó”.
El relato retumba intensamente en mi cabeza, aún más cuando leo en el periódico noticias que comprueban que su experiencia no fue aislada o cuando me cruzo con aquel edificio insípido en el cual ocurrieron los hechos. Se trata de una cuestión pública de gran relevancia, la cual no solo representa una amenaza para la seguridad y el bienestar de las personas, sino que refleja una falla sistemática de acceso a la salud mental y de las políticas relacionadas al uso de sustancias.
Los centros residenciales de atención en adicciones o anexos tienen casi sesenta años de existencia en México. La idea de aislar a una persona de su entorno mientras se le corta de golpe la droga sin supervisión médica ni psicológica conserva una lógica que, en su momento, tuvo sentido en el marco del nombrado modelo de ayuda mutua. Se creía que había que modificar y fortalecer el carácter de las personas “ingobernables”, de los “tazos dorados”, pues en esta falla tenía origen la adicción. Los primeros centros de atención no eran públicos, operaron por años sin regularizaciones. No fue hasta finales del siglo XX con la NOM-028 que se reconoció la necesidad de repensarlos. Se sumó el modelo mixto, en el que se añadió a un profesional disponible 24 horas, así como el modelo profesional, en el cual se incluyó, de forma general, el servicio de urgencias y hospitalización. Posteriormente, surgieron tanto centros públicos como medidas para financiar a establecimientos certificados.
Los datos actuales sobre la proliferación de centros de carácter privado, además de ir de la mano con una mayor demanda en el consumo problemático, indican que el modelo de ayuda mutua sobrepasa la capacidad estatal para regular de acuerdo con las guías de operación establecidas. Se trata de centros que en su mayoría no se encuentran con licencia vigente por parte de CONASAMA ni de las comisiones estatales al interior del país. No es posible garantizar que se cumpla con el estándar de atención necesario.
“Lo metieron a la fuerza, no quería estar allá. Unos tipos que no eran sus familiares dizque lo amarraron y obligaron. Su familia no vive aquí, tons’ quien sabe quién le firmó”.
No sorprende que las irregularidades y las violaciones a derechos humanos ocurran en su mayoría en este tipo de centros los cuales comparten prácticas similares, una de las más preocupantes, el internamiento forzado y la creencia de que el consumo problemático responde a un asunto moral, no a un tema de salud.
“Y ps’ no le dieron nada, porque según también era droga que su cuerpo le pedía. Yo lo veía malito”.
Al pensar en iniciativas que favorezcan un mejor trato, es clave considerar a la autonomía. Parte del problema es asumir, erróneamente, que el consumo problemático se relaciona a una falla del carácter, por lo que es imposible dejar atrás las conductas de adicción, pues el cerebro fue metafóricamente “hackeado” y necesita una intervención a toda costa. Sin tanta chimichanga, las personas son autónomas, es deber del Estado reconocer y proteger sus derechos. En tal sentido, suscribo la consideración de la autonomía como una facultad presente en todos los seres humanos, pero diferida en grados. Desde una postura bioética, bajo una lógica de tratamiento, durante un estado alterado de consciencia, debe velarse por el bienestar de la persona; sin embargo, de manera posterior es obligación de las instituciones fortalecer la capacidad de elección individual en la medida de lo posible.
En 2022, se aprobaron reformas en materia de salud mental que parten de un planteamiento similar. Además de contemplar la capacidad y autonomía de las personas mediante voluntades anticipadas, se rechaza enérgicamente el tratamiento coaccionado e involuntario, promoviendo el dispositivo ambulatorio sobre el residencial, pues se reconoce que aislar a una persona no es una solución frente a factores psicosociales del consumo problemático. Recalco que existe una zona gris en la que se evidencia un vacío en cuanto a las medidas de atención basadas en evidencia de los centros de ayuda mutua. Si bien es cierto que las instituciones públicas han sido rebasadas por los centros que deben supervisarse, se trata de un problema que no se atendió durante el sexenio anterior y del cual, hasta el momento, no han surgido propuestas durante el periodo 2024-2030.
La supervisión de los centros de ayuda mutua además de ser continua, debe enfocarse en la capacitación del personal; desde el cambio en la narrativa, hasta las estrategias basadas en evidencias y el cumplimiento de las medidas aprobadas por la reforma del 2022. Una vez más, mientras observo aquel edificio gris, el cual se asemeja más a una prisión que a un centro de ayuda, pienso en mi amigo, en aquel hombre con destino desconocido y en miles de protagonistas de anécdotas en las que se revela la crueldad detrás de paredes como las de ese lugar. Se trata de una realidad que nos desafía a trazar un camino alejado de prácticas arcaicas y de violencias implícitas en el tratamiento. La autonomía y la dignidad de cada persona deben ser el núcleo de cualquier intervención, al reconocer la complejidad biopsicosocial del consumo problemático. Solo así podrá construirse un futuro en el que las sombras recuperen su cuerpo, las caras su rostro y las personas sus nombres.
* Ozmar Saúl Gomez García (@ozmargomezmx) es experto en bioética, salud pública y neurociencias, ha participado en la Comisión Estatal Contra Adicciones Nayarit y en proyectos internacionales de salud mental con la Alianza del Pacífico.
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