Acceso al aborto en Coahuila

Han pasado casi dos años de aquel evento histórico para los derechos de las mujeres y personas gestantes, el 7 de septiembre de 2021, en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017 y se invalidaron los artículos del Código Penal de Coahuila que penalizaban de manera absoluta el aborto consentido.

El país entero dio un gran paso hacia la justicia social y los derechos reproductivos. La ventana para que ninguna mujer y persona gestante nunca más sea criminalizada por abortar se abría para todos los estados del país. Emocionades todes, vimos este suceso como el arranque para una despenalización del aborto voluntario y la consecución del acceso al derecho a decidir sobre nuestros cuerpos de forma libre, digna, gratuita y sin estigmas en todo México.

Con la declaración de inconstitucionalidad, ese artículo pierde validez y el aborto deja de ser un delito en Coahuila, pero también se convierte en un precedente obligatorio para las y los jueces, y magistradas y magistrados del país al resolverse por unanimidad de votos. Esto obliga a las autoridades jurisdiccionales a aplicar esta modificación en la toma de decisiones y acciones en los casos de aborto. Esta sentencia no sólo insta a las autoridades a no criminalizar a las personas que abortan en Coahuila, sino también a garantizar que el acceso a ello sea de forma digna y con perspectiva de género y derechos humanos.

Muches de nosotres en verdad pensamos que al fin habíamos llegado a nuestro objetivo, nos sentimos cerquita de aquella idea utópica con la que empezamos a luchar por nuestros derechos; al menos en Coahuila así nos sentimos las colectivas, activistas y, por supuesto, las mujeres y personas gestantes. Pero la realidad no ha sido así. A pesar de que las autoridades estatales “se acoplaron” a la sentencia de la Corte, y crearon un programa para dar el servicio de aborto y se establecieron hospitales y centros de salud para prestarlo, todo esto fue una jugada más para apaciguar el escrutinio público.

Nosotras, la Red Aborto Seguro Saltillo, como colectiva que acompaña de forma amorosa los procesos de aborto, a partir de la sentencia comenzamos a difundir la buena nueva y a hacer del conocimiento de las personas que nos buscaban para ser acompañadas que ya podían hacerlo a través del Hospital General de Saltillo. La atención no inició sino hasta febrero de 2022, aun cuando la versión oficial señalaba que desde octubre comenzaran a atender. Muchas mujeres y personas gestantes acudieron a nosotras para pedir nuestra orientación ya que en dicho hospital recibieron una negativa.

Y qué decir de que hubiese personal no objetor de conciencia, en el Hospital General de Saltillo ni siquiera estaban enterados que, desde noviembre de 2021, Coahuila ya estaba inscrito en el padrón federal de la Secretaría de Salud, con al menos cuatro centros para la atención del aborto en el estado. Nadie sabía nada, todo era un secreto a voces. Y pareciera que, a año y medio, aún nadie sabe nada, nadie está enterado de:

• La centralización de los servicios en sólo cuatro hospitales generales y centros de salud del estado.
• La nula atención en los periodos en los que el aborto es legal (los más recientes desde noviembre de 2022).
• La falta de medicamento para la atención de los abortos.
• La falta de personal no objetor de conciencia.
• La deficiente atención en cuestión de trato digno y apego al lineamiento técnico para un aborto.
• La violación de los derechos humanos de personas menores de 18 años, al solicitarles la presencia de familiares directos, como padres o tutores.
• El uso de métodos obsoletos y no indicados como el legrado.
• La falta de promoción del aborto como un derecho reproductivo.
• Las prácticas estigmatizantes, discriminatorias y violentas por parte del personal de salud hacia quienes deciden abortar, así como la negación injustificada de los servicios o la imposición de requisitos innecesarios.
• La penalización social y la arbitrariedad con la que les antiderechos pueden amedrentar en la calle, el hospital, las organizaciones e incluso en medios de comunicación, a quienes deciden abortar.
• La falta de seguimiento, retraso en la atención y la negativa de acceso al aborto hacia personas con más de 10 semanas de gestación.

A partir de esto, el 28 de abril de este año, en conjunto con GIRE, promovimos un amparo en contra de los Servicios de Salud del estado, la Secretaría de Salud local y el Hospital General de Saltillo por las violaciones enlistadas previamente. Después de varios meses, el Juzgado de Distrito reconoció que la atención al aborto seguro es un servicio prioritario de salud reproductiva y concedió el amparo.

Como efectos de éste, se ordenó a las autoridades brindar el servicio de aborto de conformidad con el Lineamiento Técnico para la atención del Aborto Seguro en México, abastecerse de mifepristona y misoprostol, así como abstenerse de llevar a cabo prácticas que obstaculicen y estigmaticen el acceso al aborto. Esta sentencia beneficiará a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que vivan en el estado, pero además es un precedente importante para la garantía del aborto en condiciones dignas y seguras.

¡Porque el aborto es un derecho, no un privilegio!

* La Red Aborto Seguro Saltillo (IG: redabortoseguros) es una colectiva que se dedica a informar y acompañar procesos de aborto seguro de forma amorosa.