Acceso a medicamentos y aborto seguro

A propósito del Día Mundial por la Despenalización y Legalización del Aborto, y a poco más de un año de la declaración de inconstitucionalidad de la penalización del aborto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vale la pena rescatar algunas tareas pendientes.

Normativamente, hay avances significativos. Actualmente, son nueve 1 las entidades federativas que consideran la elección de la mujer como condición suficiente para interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas de gestación. Además, en las 23 entidades restantes, se consideran ciertas situaciones como válidas –en el caso de las entidades más restrictivas, se consideran por lo menos dos causales– 2 para practicar la interrupción legal del embarazo.

Pese a estos datos favorables, aún persisten situaciones que pueden ser consideradas violencia de género y que niegan el acceso pleno al derecho a la salud sexual y reproductiva de las personas gestantes. Un ejemplo de este caso es la falta de información y la poca claridad en la compra, por parte del sistema de salud pública, de medicamentos requeridos para quienes buscan interrumpir el embarazo de forma segura.

El pasado 22 de septiembre, desde Fundar presentamos la investigación Buscando el camino para garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres, 3 donde señalamos, entre otras cosas, problemas en el abasto de estos medicamentos como consecuencia de nuevos esquemas de compra implementados por el gobierno y la falta de información, proactiva y accesible sobre las adquisiciones de estos productos, incluyendo aquellos asociados a la interrupción del embarazo seguro.

El acceso a medicamentos es parte esencial para garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva. La rendición de cuentas y el ejercicio de transparencia en la compra de estos productos, así como el seguimiento a los responsables de asignar y ejercer los recursos para este rubro deben ser considerados en el análisis de toda política pública a favor de este derecho.

En el caso de los principales medicamentos utilizados para la interrupción del embarazo –misoprostol y mifepristona–, 4 la investigación señala que existen irregularidades en el periodo de estudio (2016-2021) en cuanto al precio que se paga por el mismo producto entre unas entidades y otras, e incluso en relación con el costo al que se compró a nivel federal. No está de más decir que también preocupa la falta de claridad sobre la disminución en la adquisición de estos medicamentos sin una causa manifiesta, pese a que la violencia sexual –que aparece como la única causal que aplica para el aborto legal en las 32 entidades federativas– es un fenómeno social presente en la vida de las mujeres en el país.

Desde Fundar la apuesta es transitar hacia una política de salud sexual y reproductiva más transparente, que cuente con mecanismos claros en la compra de medicamentos, incluidos aquellos que se utilizan en la atención de casos de aborto y otros. Adicionalmente, la investigación identifica otros aspectos clave que fortalecerían el ejercicio pleno del derecho a salud sexual y reproductiva en su relación con los medicamentos:

• Progresividad en el gasto asignado y ejercido en medicamentos
• Aumento en el presupuesto en función de la necesidad real en materia de salud
• Transparencia en los procesos de compra y uso de recursos
• Rendición de cuentas y un mayor control para disminuir los riesgos de corrupción
• Atención y seguimiento a la coordinación en la asignación de recursos y compras de medicamentos a nivel local y federal

Tomar en cuenta lo anterior asegura procesos de generación de políticas públicas más confiables y, por lo tanto, que cumplen su cometido, garantizando que todas y todos –y en particular, al hablar del acceso a medicamentos que permiten el aborto– que toda persona gestante goce de derechos sexuales y reproductivos plenos.

* Karen Valadez es parte del grupo transversal de trabajo sobre género en @FundarMexico.

 

 

 

1 Baja California, Baja California Sur, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz.

2 Violación e imprudencial o culposo.

3 La investigación puede consultarse aquí.

4 Que, desde 2019, han pasado a la Lista de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud.