Acceso a la información: el triste récord de la Ciudad de México

Con el último acuerdo celebrado a inicios de junio por el pleno del INFO CDMX se cerrará un largo periodo de incertidumbre para el derecho de acceso a la información en la ciudad. Durante un año y medio, más de 500 días, los plazos y términos de muchos procedimientos fueron suspendidos, entre ellos las solicitudes de información y los recursos de revisión, herramientas fundamentales para el derecho a saber. Si bien el acuerdo pone fin a esta situación, lo hace de manera muy paulatina ya que planea un regreso gradual que implica, para ciertas instancias gubernamentales de la ciudad, reanudar por completo sus plazos hasta agosto de 2021.

¿Qué ha implicado esta suspensión? En la Ciudad de México, cuando una persona solicita información a alguna instancia de gobierno o ente que reciba recursos públicos, dicho sujeto tiene nueve días hábiles para contestar, con la posibilidad de una ampliación de nueve días más. Sin embargo, a raíz de la emergencia sanitaria por covid-19, desde el 20 de marzo del 2020 si una persona formulaba una solicitud de información no relacionada a la pandemia, no existían límites de tiempo para que las instituciones contestaran, dejando a las o los solicitantes sin información, ni certeza de cuándo la recibirían. Es decir, se dejó a la buena voluntad de las instancias el tiempo para contestar las solicitudes, suspendiendo también los plazos de los medios de impugnación. A la fecha, según cifras del INFO CDMX, quedan por contestar más del 30% de las solicitudes realizadas desde marzo del 2020 a mayo del 2021, es decir 35,367 de un total de 115,667.

Si bien todos los órganos garantes de transparencia y acceso a la información suspendieron plazos en marzo de 2020, la mayoría reanudó los procedimientos entre junio y septiembre del mismo año; por ejemplo, el INAI reanudó en septiembre de 2020. Si lo comparamos con otras entidades del país, la CDMX tiene un muy triste récord con estos más de 500 días de suspensión de un derecho fundamental. De hecho,  de acuerdo con la comisionada Maricarmen Nava, en septiembre del año pasado, solo cuatro institutos de transparencia aun tenían los plazos suspendidos, uno de ellos, el INFO CDMX.

Desde el inicio de la pandemia, muchas organizaciones de la sociedad civil defensoras del derecho de acceso a la información, así como usuarias y usuarios hemos alertado a través de varios medios los impactos negativos de una suspensión prolongada para ejercer estos derechos. La discusión se ha dado también a nivel regional e internacional. El 10 de abril del 2020, la CIDH publicó la resolución 1/2020 Pandemia y derechos humanos en las Américas cuya recomendación 32 subraya la importancia de (…) “asegurar el derecho de acceso a la información pública en el marco de la emergencia generada por el COVID-19 y no establecer limitaciones generales basadas en razones de seguridad u orden público. (…) En los casos de postergación de los plazos de solicitudes de información en asuntos no vinculados a la pandemia, los Estados deberán fundamentar la negativa, establecer un espacio temporal para cumplir la obligación y admitir la apelación de estas resoluciones”.

¿Por qué, entonces, la CDMX se ha tardado y se tardará tanto en garantizar con los más altos estándares el derecho de acceso a la información? Contestar de manera satisfactoria a esta pregunta es difícil. Quienes respaldan las decisiones de suspensión argumentan que hubo esfuerzos importantes para proveer información pública a través de portales de internet y que los plazos suspendidos no aplicaban si era información relacionada con la pandemia. Además, para el regreso paulatino, el argumento parece ser técnico. El presidente del INFO CDMX, Julio César Bonilla Gutiérrez, ha explicado que el sistema INFOMEX podría colapsar por el importante número de solicitudes que habría que responder en poco tiempo.

Si bien quienes han respaldado la suspensión tienen razón en que no fuimos testigos de un “blackout” total sobre la información, estas prácticas sientan un grave precedente no solo para la Ciudad de México, sino para el país. Lo que hemos visto instalarse en el paisaje de la transparencia estos últimos meses es un derecho de acceso a la información a dos velocidades: una para la información importante y otra para la menos importante o que puede esperar. A diferencia de lo sugerido por las instancias internacionales, suspender los procedimientos que hacen posible el derecho de acceso a la información en México en tiempo de emergencia se volvió la regla, cuando se podía haber adoptado una visión progresista y garantista. El gran perdedor ha sido la ciudadanía que ha visto su derecho a la información limitarse de manera prolongada.

* Justine Dupuy (@justinedupuy) es coordinadora del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.