¿Acaso ya acabaron en Ciudad Juárez?

Por José Tapia*

Las declaraciones de esta semana del vocero en seguridad son preocupantes. Se anuncia el traslado de los esfuerzos de combate al crimen de la región norte hacia el noreste, para atacar el bastión de inseguridad que ha tenido una crecida importante en los últimos meses, precisamente cuando los ojos (y recursos) estaban puestos en Ciudad Juárez. Nuevamente, razones muy generales aplican a esta decisión y peor aún, intrínsicamente se asume que el problema está bajo control en esa región de Chihuahua, cuestión totalmente fuera de la realidad.

Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad, es una iniciativa de acción integral del Gobierno Federal con la participación del Gobierno del Estado de Chihuahua, el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez y la sociedad juarense que tiene -tenía- por objetivo mejorar el nivel de seguridad y bienestar en esa ciudad. La Estrategia incluye en esta fase 160 acciones concretas. Aun siendo la seguridad el componente estratégico de mayor relevancia, este programa contiene sólo 12 compromisos (acciones), mismos que las autoridades locales y federales dan por cumplidos o con avances importantes en su último balance.

Lo cierto es que el nivel de inseguridad y violencia no ha mermado durante 2010 y los actos de violencia son tan crudos que repiten el que dio inicio a esta iniciativa: la masacre de Villa de Salvárcar. Es claro que la autoridad no ha cumplido en lo esencial y que la sociedad no ha contado con los elementos suficientes para hacer una evaluación del impacto y alcance del programa.

Por ejemplo, entre las doce magnas tareas del programa tenemos el registro total del parque vehicular (compromiso 5). Cualquier persona que conozca sobre la dinámica económica y de mercado de una zona fronteriza, habría entendido desde inicio la imposibilidad de realizar esa tarea. Y en efecto, en el reporte de éxitos o avances se enlista el aseguramiento de 155 autos y el haber detectado 11 vehículos extranjeros que circulaban de forma ilegal. Del registro del parque vehicular, objetivo original, mejor ni hablan.

Otra labor, sin resultados claros, ha sido hacer más eficiente la investigación y el proceso penal (compromiso 9). Aquí el “resultado” reportado fue contratar a 26 nuevos elementos de policía ministerial. Pero no se muestran datos sobre efectividad de las averiguaciones previas por parte del ministerio público o la mejora en la duración del proceso penal, cuestiones elementales para hablar de eficiencia y eficacia del sistema.

En términos de derechos humanos, las investigaciones de abuso de autoridad y ejecuciones de civiles, siguen siendo tratadas con poca apertura y transparencia. A este respecto, el compromiso 12 no señala avances, tan sólo un número de 29 investigaciones concluidas. Lo grave del reporte es no informar sobre las denuncias que involucran a población vulnerable como mujeres, niños, jóvenes y adultos mayores.

Es válido en este momento decir que estamos hartos de buenas intenciones que se articulan de forma ineficiente sobre un marco inflexible y oneroso. Inundar con recursos una localidad no trae mejoras sistémicas, ni estructurales, menos aún si la estrategia no es clara en objetivos.

La estrategia de lucha actual muestra, una vez más y de forma abierta, la carencia de un modelo de análisis sistémico del fenómeno. La cerrazón descomunal de la autoridad lleva a ignorar las experiencias internacionales en zonas de conflicto, que pueden sustentar propuestas viables. El caso de la iniciativa Todos Somos Juárez es un ejemplo claro de la ausencia de una estrategia clara con indicadores y resultados medibles en el tiempo. Peor es que el gobierno se crea la historia de que ésta ha sido un éxito al grado de abandonarla en Juárez y decidir exportarla a otras zonas del país.

Los ciudadanos compartimos la corresponsabilidad en esta lucha, pero el gobierno debe asumir su rol en la encomienda. Sólo en las autoridades y sus funcionarios recae la responsabilidad de dar resultados, mostrando avances y las consecuencias cuando algo no funciona.

Para lograr éxito en esta lucha, México requiere urgentemente mejorar su sistema de seguridad pública y su sistema de instituciones sociales. Esto implica mejorar el nivel táctico y colaborativo del ejército, mejorar sustancialmente los cuerpos policíacos, inhibir las prácticas de corrupción, luchar contra la impunidad, mejorar el sistema educativo, promover la creación de empleos y asegurar la movilidad social. El objetivo es simple, reducir radicalmente la oferta interminable de reclutamiento para las organizaciones criminales y hacer cada vez más costoso el incurrir en la comisión de delitos. Hasta hoy vemos sólo buenas intenciones, mal instrumentadas y sin consecuencias para quienes las ejecutan.

Estamos a sólo dos años de que finalice la presente administración, y no vemos con claridad que habrá un México más seguro y ordenado cuando llegue el momento de pasar la estafeta a un nuevo gobierno. Sin una estrategia clara estaremos todos perdiendo no sólo recursos de forma extendida e inútil, sino también tiempo valioso para avanzar reformas del Estado que apuntalen la equidad, la justicia y la legalidad.

*Director de Investigación de México Evalúa.