Abrazos, balazos y videos

“Abrazos, no balazos” es una de las frases más pegajosas del presidente López Obrador. Y como ocurre con el resto de sus grandes éxitos, está perfectamente vacía de contenido práctico. En ello estriba su éxito: cada uno puede imaginar que la frase de marras dice e implica lo que uno prefiera, incluyendo, claro está, al propio presidente. De hecho, la frase es tan elástica que permite que, en el mismo aliento, el presidente pueda pronunciarla y también pueda decir que los delincuentes se matan entre ellos y la gente de bien no tiene nada que temer. “Abrazos, no balazos” maridado con “se matan entre ellos”, sin mayor problema.

Que no se aprecie contradicción alguna entre abogar por los abrazos y acto seguido argumentar que no hay nada que temer porque los balazos son entre grupos criminales es, incluso para los tiempos que corren, un triunfo asombroso de la flexibilidad intelectual. Y es preocupante porque evidencia que no se pensó más de 5 minutos en el asunto cuando hubiera sido oportuno. Y es aún más preocupante porque mantener esa flexibilidad retórica quizá sea ya la única estrategia disponible para el gobierno actual y de hecho le funciona. No se renunció a hacer seguridad pública, porque eso ocurre todos los días y hay cientos de miles de personas que se dedican a ello, con las inercias y deficiencias que gusten. No, se renunció a pensar más en el tema, a discutirlo siquiera, porque no se hizo en su momento y ya no hay espacio político para hacer otra cosa.

Las cosas no tenían por qué ser así. Es cierto que desde hace tiempo corre el argumento de que la acción del Estado—más precisamente, la de las fuerzas federales— fue el detonante de la escalada de homicidios en el país o, por decirlo en términos coloquiales, que el remedio resultó peor que la enfermedad. Y es cierto también que gente razonable puede estar en desacuerdo sobre las circunstancias y la efectividad de las intervenciones gubernamentales de sexenios pasados. Y finalmente, es cierto que para muchos miembros de la 4T y muchos de sus seguidores, las autoridades son una mayor amenaza para los derechos de la gente que cualquier grupo criminal. Esto es, había y hay un argumento sensato, aunque no incontrovertible, de que hacía falta un giro radical en el paradigma de seguridad pública, un cambio concentrado mayormente en cambiar la forma en que se combate a los grupos delincuenciales y, de ser posible, en reducir la violencia en todas sus formas. El “abrazos, no balazos” en versión académica, si se quiere.

El problema es que, tan sensatas como pueden llegar a ser algunas variaciones de este argumento, tienden a quedarse cortas en recomendaciones prácticas. Incluso si se está de acuerdo en que la situación es grave y que lo que se ha hecho en las últimas dos décadas no ha resuelto los problemas más importantes —de paso, ¿quién podría estar en desacuerdo con eso?— no es particularmente obvio lo que sí se debe hacer, en lo inmediato, al menos. Que se esté de acuerdo en los objetivos últimos es trivial. Nadie quiere más violencia, o que persistan la tortura y las desapariciones, o que las autoridades se corrompan o dobleguen frente a grupos criminales. Pero quien ha pensado y operado en estos asuntos más de 5 minutos, como quienes se han dejado la vida del lado de las víctimas, sabe que en la práctica no hay respuestas perfectas ni permanentes, sino soluciones inmediatas y propuestas más generales que podrían funcionar o no, pero que requieren tiempo, esfuerzo y ajustes. No hay recetas, ni manuales para hacer políticas de seguridad pública y quizá ni siquiera sería una buena idea que los hubiera: no entendemos aún lo suficiente, probablemente estarían equivocados.

En este contexto, este gobierno pudo haber apostado por trazar grandes líneas estratégicas e ir ajustando como fuera necesario. Darse tiempo y espacio político para ensayar cosas, bajo la égida general del “cambio” y el hecho simple de que no hay soluciones obvias ni nadie las estaba reclamando. En lugar de eso, se amarró y continúa amarrándose a una estrategia que empieza y termina en evitar a toda costa que el presidente declare una “guerra contra el crimen”. Frente a cualquier crítica, sólo hay un argumento de respuesta: mientras el Estado se mantenga en la medida de lo posible al margen de los conflictos criminales y cuando todo sea mejor en el país —cuando eso ocurra, hay que tener paciencia— la violencia caerá por sí misma. Lo demás, se nos machaca, es ser agorero del desastre y desearle mal a la 4T y tener un talante belicoso e inaceptable. Sin respuestas ni margen político ni operativo para buscarlas, sólo queda la retórica de la victimización: los problemas, el desastre, solo son problemas y desastre porque los enemigos de uno los exageran. Dejen de mirar esto y miren esto otro. ¿Qué no se dieron que todo cambió en el segundo que tomamos posesión?

Y es así como se termina en la farsa de maridar el “abrazos, no balazos” con el “se matan entre ellos”. La estrategia, nos lo dice con toda claridad el presidente, consiste en “no caer en provocaciones” y “no declarar la guerra” —y menos por videos de propaganda de un grupo criminal que, se nos aclara, no es una amenaza contra el Estado sino, repítase, contra otros delincuentes. Se lamentan las muertes, de pasadita, pero no se propone ninguna estrategia para reducirlas o peor, se repite soterradamente lo que ya se venía haciendo.

Se apuesta pues a que unos crean contra toda evidencia y que a otros no les importe. Y funciona. Aún. Se matan entre ellos. Estemos tranquilos.

@jaimelat