El aborto voluntario es legal en casi todo el país, pero el acceso sigue siendo un desafío

Por Janet Oropeza* 

En los últimos años, y gracias a la exigencia de muchas colectivas y organizaciones, la marea verde se ha extendido por casi todo el país y, hoy, en 25 estados la interrupción voluntaria del embarazo es legal. También, desde 2005, la Norma Oficial Mexicana obliga a las instituciones de salud pública a proveer servicios de aborto en situaciones de violencia sexual.  Además, existe una política y un lineamiento técnico de atención del aborto seguro en las instituciones de salud pública, así como 405 servicios de aborto seguro (SAS) que realizan la interrupción legal y voluntaria del embarazo.

A pesar de estos avances, las mujeres y personas con posibilidad de gestar aún enfrentan barreras para acceder a este derecho. Así lo documentamos en “Voces por el derecho a decidir”, una investigación de Fundar que recoge los testimonios de 43 mujeres, principalmente habitantes de la capital del país y el Estado de México, que se encontraban participando en una concentración del 28S en 2024, en la Ciudad de México.

A través de entrevistas, las mujeres nos compartieron las diferentes barreras que ellas o sus amigas han enfrentado para acceder a servicios públicos de aborto seguros. 

Barreras para acceder al aborto

Distancia geográfica. Dado que la mayoría de los SAS están centralizados en las capitales o ubicados en zonas densamente pobladas. Por ello, en muchos casos las usuarias tienen que viajar por varias horas y destinar tiempo y recursos monetarios para transporte, comida u hospedaje; recursos que no siempre se tienen. 

Horarios y turnos limitados. Los horarios limitados y el número reducido de turnos de algunos SAS también representan una barrera importante. En la investigación documentamos que 60 % de los SAS ofrece el servicio exclusivamente de lunes a viernes y solo 35 % lo proporciona los siete días. Respecto a los horarios, 35 % de los SAS ofrecen el servicio solo en turno matutino, 35 % en turno matutino y vespertino, mientras que solo 22 % lo ofrecen las 24 horas.

Estigma. Al acudir a realizarse un aborto, las mujeres han enfrentado el estigma y juicios sociales, incluso del propio personal médico.

Carencia de insumos y personal médico. Las entrevistadas refieren situaciones en que en los servicios de salud públicos no ha habido el personal ni los medicamentos o insumos necesarios para la atención. Como Fundar, hemos documentado que, entre 2020 y 2025, se destinaron 272 millones de pesos (mdp) para fortalecer el componente de aborto seguro en el presupuesto de la Secretaría de Salud (SSA). Sin embargo, los recursos han sido fluctuantes y no han aumentado al mismo ritmo que las obligaciones de las instituciones de salud en los 25 estados en que se ha despenalizado. Esto repercute en la disponibilidad de medicamentos, insumos, personal e infraestructura.

Información insuficiente o poco accesible. Las entrevistadas refieren que cuando preguntaron por los requisitos del proceso, los tratamientos disponibles y los turnos y horarios, recibieron información insuficiente o poco clara por parte del personal o las instituciones de salud pública, y que en sitios web de organizaciones pudieron acceder a mucha más información del proceso.

Seguimiento integral del proceso. En sus testimonios, las mujeres expresaron que en ocasiones encontraron una falta de un seguimiento psicológico y emocional integral al proceso de aborto por parte de los servicios públicos, que abarque desde el primer acercamiento a los servicios, durante el proceso y después de este.

Métodos de autocuidado y acompañamiento. Las mujeres consideran que la atención y protocolos de los servicios públicos tienen una visión predominantemente médica y no siempre admiten incorporar otros métodos de autocuidado tradicional (colchones de semillas, masajes, etcétera). Además de que, en los servicios públicos, no siempre se les permite estar acompañadas por sus familiares, pareja o amigas durante el proceso. Para ellas, el autocuidado y el estar acompañadas son elementos centrales de un proceso de aborto amoroso y seguro.

Abortar en casa

Dadas estas barreras de acceso, 62 % de las mujeres entrevistadas refirieron que su opción preferida para realizar un aborto sería en su casa mediante el uso de misoprostol o mifepristona porque, desde su sentir, esta opción les permitiría estar acompañadas de sus amigas, hacer uso de métodos alternativos de autocuidado y porque ahí se sienten libres de juicios sociales sobre su decisión. Esta elección también responde a las dificultades de accesibilidad originadas por la centralización de los servicios públicos, los horarios y turnos restrictivos, por los requisitos que solicitan para acceder al servicio público y por el estigma social que prevalece en torno al aborto.

Ellas hicieron las siguientes recomendaciones para mejorar los servicios públicos de aborto seguro:

1. Explorar la posibilidad de que el Estado proporcione las pastillas de misoprostol y mifepristona de manera gratuita para realizar el procedimiento en casa, con asesoría médica y acompañamiento integral a distancia.
2. Fortalecer los servicios con mayor presupuesto que permita contar con más clínicas, horarios flexibles, así como los insumos y personal necesarios.
3. Seguir capacitando y sensibilizando al personal de salud sobre este derecho para que el proceso esté libre de estigmas y con pleno respeto a su decisión y proceso.
4. Verificar que haya un acompañamiento integral a todas las usuarias durante todo el proceso.
5. Permitir el uso de técnicas de autocuidado tradicionales y acompañamiento de amigas o familiares.

Urge fortalecer los servicios de aborto seguro

Consideramos que esta investigación ejemplifica las barreras para el derecho a decidir y cómo pueden fortalecerse los servicios de aborto seguro, de manera que este derecho esté al alcance de todas las mujeres y personas con posibilidad de gestar.

Este 8 de septiembre, el Poder Ejecutivo presentará su propuesta de proyecto de presupuesto para 2027 al Legislativo. Esta investigación puede brindar información valiosa sobre las barreras que aún persisten en el acceso al aborto para que las y los legisladores garanticen mayores recursos para hacer efectivo el derecho a decidir de las más de 35 millones de mujeres que están en edad reproductiva en el país.♦ 

*Janet Oropeza es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.

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