Las niñas triunfan

El pasado 20 de enero, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió tres decisiones históricas que condenan a Ecuador y Nicaragua por las violaciones a los derechos humanos de Norma, Lucía y Susana, niñas latinoamericanas obligadas a continuar con embarazos que fueron producto de violencia sexual.

Estas sentencias responden a las demandas del movimiento Son niñas, no madres y son resultado del litigio emprendido desde 2019 por el Centro de Derechos Reproductivos, Planned Parenthood Global, Mujeres Transformando el Mundo (Guatemala), Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Guatemala), Surkuna (Ecuador) y Promsex (Perú) para prevenir que cualquier otra niña sea forzada a ser madre y obtener reparaciones específicas para las tres sobrevivientes.

El Comité determinó que Ecuador y Nicaragua vulneraron sus derechos a una vida digna, a interponer recursos efectivos ante la justicia, a no sufrir tortura ni tratos crueles e inhumanos, a la vida privada, a la información, y a la igualdad y no discriminación. Reafirmó que los Estados están obligados a garantizar el aborto y eliminar los obstáculos para acceder a este servicio de salud y, por primera vez, reconoció que la maternidad forzada restringe gravemente el proyecto de vida de las niñas y que negar el acceso a servicios de salud reproductiva refuerza estereotipos de género.

Lo que vivieron Norma, Lucía y Susana es reflejo de la situación que enfrentan las niñas de la región. El movimiento Son niñas, no madres ha dado a conocer que América Latina y el Caribe es la única región del mundo donde los partos en niñas menores de 14 años siguen aumentando y la que tiene la mayor tasa de embarazos no deseados en menores de 15 años, la mayoría de ellos producto de violencia sexual.

A partir de estos tres casos, el Comité estableció las siguientes obligaciones para los Estados:

1. Modificar la legislación para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo de manera segura, legal y efectiva, especialmente en casos de violación sexual o cuando implique un riesgo para la vida o la salud de la persona embarazada.
2. Asegurar que se brinden servicios de salud integrales, incluido el aborto, y se eliminen las barreras de acceso.
3. Emprender acciones para combatir la violencia sexual, incluyendo acciones educativas y de sensibilización para prevenir, atender y judicializar estos casos.
4. Capacitar a profesionales de salud y operadores de justicia sobre cómo atender de manera integral los casos de violencia sexual, y asegurarse de que actúen de manera efectiva cuando exista peligro por antecedentes de agresiones similares.
5. Aplicar medidas de reparación individual, como: indemnización, apoyo para seguir estudiando, acompañamiento psicológico y otras medidas que les permitan retomar sus proyectos de vida.

Las históricas decisiones emitidas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU sientan un precedente que puede generar un cambio global y hacer extensiva la justicia que hoy obtienen Norma, Lucía y Susana. Estos criterios deben ser seguidos por los más de 170 Estados que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que tienen como obligación garantizar los derechos humanos de las infancias.

Celebramos el triunfo de las niñas y el gran paso que esto significa para lograr que vivan una infancia digna y puedan construir sus sueños en libertad. Y también nos sumamos al trabajo colectivo que aún hace falta realizar con el objetivo de empujar los cambios estructurales que se requieren en los ámbitos legal, social y cultural para frenar las violaciones a los derechos humanos de las niñas en todo el mundo.

Es imprescindible seguir visibilizando las graves consecuencias de la violencia sexual y las maternidades forzadas, además de mantener la exigencia a los Estados para que protejan a las niñas y que ellas puedan ser niñas, no madres.

@GIRE_mx