Aborto seguro en México: cómo ha avanzado la política pública

El ejercicio de la autonomía reproductiva requiere que se garantice el acceso a servicios de aborto. Para ello es indispensable contar con unidades médicas a las cuales acudir, personal capacitado y criterios claros que orienten una atención segura, oportuna y de calidad.

En los últimos cinco años ha habido avances en materia de política pública para atender estas necesidades. Con la emisión del Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro en México en 2021, se instaló el modelo de atención al aborto seguro; existen servicios de aborto en instituciones públicas de salud de todo el país, y tanto el ISSSTE como el IMSS cuentan con una guía para orientar la atención.

En este contexto, el pasado 28 de septiembre se publicó una nueva edición del Lineamiento Técnico para dar continuidad técnica y programática a los avances alcanzados y fortalecer la prestación de los servicios en todo el territorio nacional. Como sabemos, los avances legislativos y judiciales son indispensables, pero no suficientes; en este sentido, dicha actualización permite poner el foco en algo fundamental para garantizar el acceso al aborto: lo que sucede dentro de las instituciones de salud.

Un modelo para atender el aborto seguro

Con la publicación del Lineamiento en 2021, se instaló el modelo de atención al aborto seguro, que estableció los criterios y estándares de calidad en todos los niveles de atención. Dichos estándares consideran proporcionar atención ambulatoria de manera oportuna y efectiva, con calidad y calidez, por medio del uso de tecnologías seguras que sustituyan y erradiquen el uso del legrado. Asimismo, contemplan la participación del personal de salud con capacidad técnica y sensibilizado, con el fin de reducir la morbilidad y mortalidad materna, prevenir y atender la violencia obstétrica, y promover el buen trato.

El objetivo que plantea la nueva versión es establecer criterios sistematizados para la prestación de servicios de aborto seguro en las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud, garantizando que mujeres y personas con posibilidad de gestar, incluyendo niñas y adolescentes, tengan acceso a una atención oportuna, resolutiva, integral y de calidad en cualquier momento del embarazo.

Esta edición se basa en la mejor evidencia científica disponible y en estándares internacionales de salud pública, e incorpora un enfoque de género, interseccionalidad y derechos humanos, con el propósito de orientar la operación, armonización y fortalecimiento de los servicios de aborto seguro desde una perspectiva de equidad, justicia reproductiva y no discriminación.

Entre las novedades en esta edición podemos mencionar las siguientes:

• Se incorpora la atención del aborto en etapas avanzadas

El Lineamiento establece que el aborto inducido en gestaciones avanzadas, aunque es poco frecuente, debe estar disponible en servicios de salud con personal capacitado y sensibilizado, que comprenda los aspectos clínicos, éticos y de derechos humanos, lo cual permite garantizar un abordaje respetuoso e integral.

Esto es de relevancia significativa, pues la falta de acceso a este servicio incrementa el riesgo de recurrir a procedimientos inseguros, asociados a mayor morbilidad y mortalidad prevenibles.

Asimismo, se incluye la Inducción de Asistolia Fetal, un procedimiento recomendado por la Organización Mundial de la Salud, como estándar de calidad para la atención del aborto seguro en etapas gestacionales avanzadas, y cuyo objetivo es asegurar un proceso clínicamente seguro, respetuoso y basado en avances científicos.

• Se desarrolla un capítulo para especificar que se trata de una obligación del Estado

A partir del reconocimiento del aborto como un asunto de derechos humanos y salud pública y como un servicio esencial, el Lineamiento establece que la atención al aborto seguro es una obligación de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud y que, además, forma parte de los compromisos nacionales e internacionales para garantizar el acceso progresivo, equitativo y no discriminatorio a los servicios de salud sexual y reproductiva.

La existencia de este apartado visibiliza y reafirma la necesidad de que todas las instituciones cumplan con su obligación de brindar servicios de aborto seguro para contribuir en la prevención y atención de la violencia sexual, sobre todo para niñas y adolescentes, quienes enfrentan maternidades forzadas debido a la ausencia o negación de dichos servicios.

Desde GIRE hemos destacado que uno de los aspectos del Lineamiento, como herramienta fundamental de política pública en la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes, es que no solo basa sus recomendaciones en la información médica más actualizada, sino también en un paradigma de protección de derechos humanos, posicionado por la Suprema Corte en la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017, el cual reconoce al aborto como un servicio de salud esencial.

Celebramos esta actualización y confiamos en que brindará mayor claridad y certeza a todas las personas que trabajan en instituciones de salud respecto a cómo proceder cuando se les solicita atención por aborto.