Hidalgo abortera

Hidalgo, tan cerca de Ciudad de México y tan lejos del aborto legal

De 2007 a 2019, Ciudad de México era la única entidad del país donde niñas, adolescentes, mujeres, hombres trans y personas no binarias podían acceder a un aborto legal en las primeras 12 semanas de gestación.

Durante ese tiempo, Hidalgo se mantuvo como la tercera entidad federativa con mayor cantidad de población acudiendo a interrumpir sus embarazos en Ciudad de México. Esta cifra se vio favorecida por la “cercanía” con esta entidad, junto a los esfuerzos de las activistas locales que difundían que la Interrupción Legal del Embarazo por libre decisión era posible si te trasladabas allá. Sin embargo, eran más los casos de quienes no podían, ni querían, ni sabían que era posible acudir a la capital por un aborto legal debido a los costos sociales y, sobre todo, económicos que implica trasladarse.

Catorce años después de la despenalización del aborto en Ciudad de México y tres iniciativas de ley ignoradas, Hidalgo despenaliza el aborto con reformas al Código Penal y Ley de Salud hasta la semana 12, convirtiéndose en la tercera entidad del país en legitimar este derecho en 2021. Inició así una próspera temporada abortera durante la cual se despenaliza también en Veracruz, Baja California, Colima, y la SCJN emite diversas sentencias favorables en materia de aborto, una de las cuales abrió la puerta al acceso al aborto en Coahuila.

Hidalgo: pastes, barbacoa y aborto legal

En el lado más luminoso es justo reconocer que Hidalgo ha sido de los estados que con mayor rapidez implementaron servicios de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Teóricamente, se dispusieron 15 hospitales en el territorio hidalguense, ubicándose dos de ellos en Pachuca y el resto a lo largo y ancho del estado. Además, en abril de 2022 se inauguró la Clínica de Salud Sexual y Reproductiva de Pachuca —primera en su tipo en Hidalgo y el resto de las entidades donde se ha despenalizado el aborto en México— con personal capacitado y sensibilizado, así como con equipamiento para realizar diversos servicios de salud sexual y reproductiva, además de ILE.

Sin embargo, la difusión era nula: sí, teníamos aborto legal, pero nadie lo sabía.

Poco a poco descubrimos que no todos los hospitales que decían brindar servicios de aborto lo estaban haciendo, ya sea porque no había personal capacitado o porque todos en el hospital se declaraban objetores. Hubo hospitales públicos que cobraban por separado el medicamento, ultrasonido, consulta y hasta la prueba de sangre ($800 cada uno, aproximadamente).

En otros casos, el personal trataba de manera despectiva y estigmatizante a las personas usuarias, cuestionando y juzgando su decisión, retrasando el servicio; y en otros más, el personal médico que atendía daba instrucciones poco claras o erróneas para el uso de medicamentos abortivos, pese a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, sobre los cuales supuestamente ya habían recibido capacitación. Adicionalmente, con frecuencia había escasez de medicamentos o la ausencia definitiva de Mifepristona.

Los medios de comunicación locales se volvieron grandes aliados de la sociedad civil para apoyarnos a denunciar estas anomalías y empujar mejoras, que gradualmente llegaron en buena parte de los casos.

Pero a finales de 2022 Hidalgo cambió de gubernatura, de una priista que duró casi un siglo a una morenista. Con la alternancia vinieron esperanzas progresistas al ser una administración encabezada por algunas activistas feministas locales. La sorpresa vendría cuando a inicios de 2023 numerosas quejas aparecieron: negación de servicios por “objeción de conciencia”, personal de salud ignorante de la ruta de acceso a la ILE que enviaba a mujeres a centros de salud de primer nivel donde jamás las iban a atender, exigencia de una amplia batería de estudios médicos innecesarios, negación de servicios de aborto a menores de 18 años y, la más preocupante, cobro por los servicios de aborto en hospitales públicos, una vez más.

A lo anterior sumamos que tanto IMSS como ISSSTE tienen una deuda importante con sus derechohabientes que necesitan abortos, pues bajo el pretexto de regirse por leyes federales que aún penalizan el aborto por libre decisión, no brindan servicios de ILE ni siquiera en los estados donde está despenalizado.

 “De aquí, pa’l Real”: ¿qué sigue en la lucha por el acceso al aborto en Hidalgo?

Somos conscientes de que una lucha por la libre decisión sobre nuestros cuerpos —que ha durado siglos— no se soluciona ni con una ley, ni con dos años de trabajo. El largo trecho que implica la despenalización social del aborto, tener a personal de salud comprometido y que normaliza el proceso como uno más dentro del sistema de salud, y el simple hecho de que el aborto salga de todos nuestros códigos penales, tomará tiempo y esfuerzo.

Pero para las feministas esa es nuestra expertisse y tenemos una fortaleza: el movimiento de acompañantes de abortos. Esos grupos de mujeres, personas trans y no binarias que hemos trabajado con o sin ley para garantizar abortos seguros, cuidados y amorosos, somos incansables. Las y les acompañantes que hoy en día sostenemos el movimiento por el aborto legal, seguro y gratuito en Hidalgo, México, todo el continente y muchas otras partes del mundo, trabajamos permanentemente para atender a las personas que abortan en todos aquellos lugares donde el Estado sigue ausente; y hasta capacitando al personal de salud, cuando ya es legal.

Tan sólo en Di RAMONA, desde que se despenalizó el aborto en Hidalgo en julio de 2021 hasta marzo de 2023, tres mujeres acompañantes —completamente voluntarias— han acompañado 1,878 procedimientos de aborto medicamentoso, y desde nuestra línea telefónica de aborto legal hemos canalizado a más de 1,231 personas para que reciban servicios de ILE en hospitales públicos.

Mientras tanto, en el mismo lapso, en 15 hospitales y una clínica de salud sexual y reproductiva para un estado de 84 municipios, con personal de salud que recibe capacitación y remuneración por su trabajo, se han realizado 1,393 procedimientos.

Es claro: necesitamos más difusión sobre los servicios, acceso en primer nivel de atención y exigir voluntad política contundente con resultados tangibles. Urge un compromiso rotundo para remover al aborto del Código Penal, y movimientos feministas sólidos que trasciendan las propias esferas y de tomadores de decisión, para que el mensaje de que el aborto es normal, seguro, responsable y necesario llegue a todas las personas en todos los lugares.

Si necesitas acceder a un aborto en Hidalgo, llámanos al 771 473 4973 o escríbenos a FB e IG: @ILE.Hgo

* Di RAMONA (@diramona_hgo) es una organización que acompaña decisiones y dudas sobre aborto seguro, disidencias sexuales, VIH y prevención del abuso sexual infantil en Hidalgo, México.