Interrupción Legal del Embarazo: el derecho a decidir

Uno de los ejes de los derechos humanos de las mujeres es el derecho a decidir, se trata de un principio ético y político que nos reconoce como sujetas con toda la capacidad para tomar determinaciones sobre nuestra vida. Los derechos sexuales dan cuenta de la libre soberanía de las mujeres (mujeres adultas, jóvenes, adolescentes, niñas y mujeres de las diversidades sexuales e identitarias), sobre nuestro cuerpo, evitando que se impongan sobre nosotras valores de otras personas que condenen dicha autonomía.

Interrumpir un embarazo forma parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, sin embargo, aún se estigmatiza y no se han armonizado las leyes a pesar de que, desde septiembre de 2021, la penalización del aborto consentido es inconstitucional por lo que ningún juez en las 32 entidades federativas del país, sin importar lo que se señale en la ley, puede condenar a ninguna mujer o persona por interrumpir su embarazo.

Organismos internacionales de derechos humanos han calificado las leyes que penalizan el aborto como discriminatorias y como un obstáculo para que las mujeres podamos acceder a la atención médica. Por ello, las recomendaciones emitidas por dichos organismos solicitan que se eliminen estas leyes.

En México, el movimiento se abrió a debate público y los logros obtenidos se han fortalecido con la participación activa de miles de mujeres, jóvenes, adolescentes, niñas y personas con capacidad de gestar que se han ido integrando a la lucha y a la demanda colectiva por el reconocimiento del aborto legal en el marco de los derechos humanos, como un asunto de justicia reproductiva.

Actualmente, son nueve los estados donde, sin importar la causa de la decisión, se puede efectuar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) durante las primeras 12 semanas de gestación: Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Coahuila, Veracruz, Colima, Hidalgo, Guerrero, Baja California Sur, Sinaloa, Quintana Roo y Aguascalientes, quedan 20 estados pendientes en armonizar sus leyes.

La Ciudad de México se convirtió en 2007 en la primera entidad federativa en despenalizar el aborto, se estableció la ILE como un derecho humano garantizado para las mujeres y personas gestantes que enfrentan un embarazo no deseado con lo que se reconoce el derecho a decidir sobre el cuerpo, la sexualidad y la libertad reproductiva; sin importar los motivos que lleven a tomar esta decisión, siempre y cuando no exista coacción.

La ILE es una práctica voluntaria que debe realizarse de forma LIBRE, SEGURA Y GRATUITA, bajo condiciones médicas específicas, que resguarden la integridad de las mujeres y personas gestantes; es decir, contar con las condiciones higiénicas, tecnológicas y humanas, y ser realizada por personal de salud capacitado y, sobre todo, sensible. El Estado, a través de los servicios de salud tiene la obligación de garantizar la ILE, tomando en cuenta la privacidad, confidencialidad y dignidad de las mujeres.

De acuerdo a la normativa vigente en la Ciudad de México, las instituciones de salud, además de cumplir con la solicitud de ILE, pondrán a disposición de las mujeres y personas gestantes servicios de consejería médica, psicológica y social con información de las opciones con que cuentan. Cuando la mujer o persona gestante decida practicarse la interrupción del embarazo, la institución debe realizarla en un término no mayor a cinco días, contados a partir de que sea presentada la solicitud. También se contemplan servicios de salud sexual, reproductiva y de planificación familiar a quienes hayan practicado ILE.

En el caso de la Ciudad de México, las instituciones de salud del gobierno deben atender las solicitudes de ILE a todas las mujeres y personas gestantes solicitantes aun cuando cuenten con algún otro servicio de salud público o privado, ya sea que vivan en la ciudad, vengan de otros estados o estén de paso. El servicio es universal, gratuito y sin condicionamiento alguno.

Aunque el acceso a este derecho no es igual en todo el país, ya sea por falta de difusión, capacitación del personal de salud o por múltiples barreras sociales, económicas, administrativas, culturales o discriminatorias, las mujeres y personas con capacidad de gestar que viven en la república mexicana tienen derecho a exigir el acceso a un aborto en los casos que se encuentran dentro del marco legal.

Existen ocho causales por las que el aborto es permitido en el país, a nivel nacional todas las mujeres tienen derecho a interrumpir su embarazo cuando fue producto de violencia sexual. En este sentido, es importante mencionar que la única causal que aplica en todo el país, para que el aborto no se considere un delito, ocurre cuando el embarazo es producto de una violación y en este caso se nombra Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el cual es un procedimiento médico a solicitud de la mujer o persona embarazada como consecuencia de una violación sexual, este procedimiento puede ejercerse en cualquier momento y no es necesario haber denunciado el hecho para poder acceder al servicio de salud, lo anterior en términos de lo previsto en la NOM-046-SSA2-2005.

Respecto a la objeción de conciencia, en los casos en los que sea urgente la interrupción del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la mujer o persona gestante no podrá invocarse la objeción de conciencia. Además, es obligación de las instituciones públicas de salud garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de salud no objetor de conciencia.

Las clínicas privadas y públicas deben dar un trato empático, respetuoso, con perspectiva de género y apegado a los derechos humanos a quienes soliciten una interrupción legal del embarazo, pues aunque están accediendo a un derecho que les pertenece, muchas de estas personas viven en una realidad que no le facilita el acercamiento a una clínica, ya sea por estigma o violencia.

En la Ciudad de México la marea continúa, la ILE es un gran avance, sin embargo existen situaciones que no han podido trascender como la centralización de los servicios de salud, el mal empleo de la objeción de conciencia por el personal médico, la discriminación y violencia obstétrica relacionadas con etnia, tonalidad de piel, situación económica o identidad de género, así también es necesario analizar la conciliación entre la vida laboral y reproductiva, la reproducción asistida y una adecuada educación sexual integral en distintos ámbitos.

Contar con leyes que declaren legal la interrupción del embarazo no es el fin del camino porque aún hay mujeres que siguen abortando solas, en condiciones inseguras e insalubres, sintiéndose juzgadas o teniendo que justificarse en los espacios de salud sobre su decisión, aún persisten la regulación de ciertos cuerpos y tabúes en relación al aborto y la sexualidad, la marea verde aún tiene un largo camino por recorrer en pro de la justicia reproductiva.

* Berenice Vargas Ibáñez es subdirectora de planeación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (@COPRED_CDMX).