Aborto en Colombia: entre avances y barreras
Joel Aguirre · 10 de agosto de 2026
Más de cuatro años después de la Sentencia C-055, que despenalizó el aborto hasta la semana 24 en Colombia, el informe Más allá del acceso al aborto: 20 años de acompañamiento permite observar qué ha cambiado y qué barreras persisten. La publicación de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres (La Mesa) recoge dos décadas de experiencia y pone especial atención en los casos atendidos entre febrero de 2022 y diciembre de 2025.
Información para decidir y acceder al aborto
En ese periodo, La Mesa atendió 2,532 casos de mujeres, niñas y adolescentes. De ellos, 75.9 por ciento recibió asesoría y 19.2 por ciento requirió acompañamiento legal para superar barreras en el acceso al aborto.
La asesoría incluye información sobre las opciones reproductivas, la ruta de acceso en el sistema de salud y el marco normativo vigente en Colombia. Para La Mesa, esta atención parte del respeto a la autonomía y de la no interferencia en la toma de decisiones. El informe también registra desistimientos, procedimientos no realizados y cambios en la decisión reproductiva. En ese sentido, la atención busca que las decisiones reproductivas se tomen de manera informada y sin interferencias.
Se observan cambios en la forma de acceder al servicio. Entre quienes confirmaron haber abortado, el acceso a través de una EPS —entidad promotora de salud— pasó de representar 40.9 por ciento de los casos en 2022 a 62.9 por ciento en 2025. Se relaciona esta evolución con la despenalización derivada de la Sentencia C-055 y con la regulación posterior de la atención dentro del sistema de salud.
Barreras en los servicios de aborto
Uno de los principales hallazgos del informe es que, a pesar de la Sentencia C-055, persisten obstáculos dentro del sistema de salud. La Mesa documentó valoraciones obligatorias de psicología y trabajo social, demoras y envíos a otros servicios por falta de personal capacitado.
También identificó escasez de mifepristona y misoprostol, cobros indebidos, uso de métodos obsoletos como el legrado y falta de entrenamiento médico para procedimientos en el segundo y tercer trimestre.
El informe señala además que las demoras y los envíos a otros servicios por falta de personal capacitado pueden derivar en nuevas barreras, como la necesidad de trasladarse a otro lugar para recibir atención.
La confidencialidad es otro de los problemas documentados. La Mesa registra casos en los que personal de salud o de protección divulgó a terceros información sobre el aborto sin autorización, así como riesgos de filtración de información a familiares de niñas y adolescentes y a empleadores.
El territorio condiciona el acceso al aborto
De los casos en los que La Mesa confirmó el aborto, 132 requirieron un traslado a otro municipio por falta de personal capacitado o de insumos en el lugar de residencia. En 43.1 por ciento de los casos, el destino fue Bogotá.
El informe vincula estos traslados con la falta de servicios disponibles en algunos territorios y señala que persisten brechas geográficas, especialmente en zonas rurales dispersas.
¿Quiénes enfrentan barreras específicas?
Se identifican barreras que afectan de manera particular a algunas poblaciones. En niñas y adolescentes, La Mesa documenta problemas relacionados con la privacidad, la confidencialidad y la intervención de terceros.
En el caso de mujeres migrantes, registra negativas de atención en hospitales públicos por su situación migratoria. Para mujeres indígenas, documenta casos en los que el acceso fue condicionado a la autorización de autoridades indígenas.
Cuando acompañar también cambia las instituciones
Una de las conclusiones centrales es que la atención no termina en la resolución de un caso. La Mesa ha sistematizado la información de las personas atendidas y las barreras encontradas para utilizarla en su trabajo de incidencia, implementación, trabajo regional y comunicación.
Documenta cómo esa evidencia ha servido para intervenir ante instituciones, mejorar rutas de atención, fortalecer protocolos y aportar insumos técnicos a autoridades: la experiencia individual puede trascender el caso y convertirse en evidencia para impulsar transformaciones más amplias.
Pero esa labor no sustituye las responsabilidades del Estado. La Mesa cierra el informe con un llamado a avanzar en la implementación del marco vigente y a eliminar las brechas que persisten en el acceso.
Puntos en común con México
Los hallazgos del informe coinciden con problemas que GIRE ha documentado en México. En ambos países, los avances legales conviven con barreras relacionadas con la información, la disponibilidad de servicios, el territorio y las prácticas institucionales.
En ambos países el aborto permanece en los códigos penales y mantenerlo ahí hace que persista la criminalización e influye en la experiencia de quienes solicitan o brindan atención.
Otro punto en común está en el acompañamiento. Tanto La Mesa como GIRE han documentado barreras que se repiten y lo que ocurre cuando las normas se llevan a la práctica. La evidencia reunida por ambas organizaciones ha servido para impulsar cambios que van más allá de un caso individual.
Avances por sostener
El informe llega en un momento en el que los avances alcanzados en Colombia vuelven a estar bajo presión. En julio de este año se presentó una iniciativa que plantea el riesgo de retrocesos en el acceso al aborto.
Los avances en derechos reproductivos no son irreversibles. Los hallazgos de La Mesa ayudan a dimensionar qué está en juego: después de la Sentencia C-055, más personas han accedido al aborto a través del sistema de salud, pero todavía persisten barreras que dificultan la atención.
Sostener lo alcanzado implica también reducir las barreras que el informe documenta. La despenalización importa, pero también la información disponible, los medicamentos, el personal capacitado y la posibilidad de encontrar servicios sin que el lugar donde vive una persona determine sus opciones.♦
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