Aborto en México: el balance de la realidad frente al acceso

Cada septiembre nos invita a hacer una pausa y reflexionar: ¿cuánto hemos avanzado en el reconocimiento y acceso al aborto seguro? ¿Cómo es el panorama del aborto en nuestro país? ¿Cuáles son los retos que aún persisten? Este mes es una oportunidad para revisar los logros alcanzados, identificar los obstáculos vigentes y, sobre todo, preguntarnos si estos avances realmente están transformando la vida de quienes buscan ejercer su derecho a decidir cuando no desean continuar con un embarazo.

Aunque la lucha por la despenalización del aborto comenzó hace décadas, fue a partir de 2007 —con los avances logrados en la Ciudad de México— cuando el camino empezó a abrirse más claramente. Desde entonces, el progreso ha sido gradual pero constante: hoy, 23 de las 32 entidades federativas han despenalizado el aborto al menos hasta las 12.6 semanas de gestación. Dos estados, Durango y Morelos, tienen reformas pendientes, y siete más —Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Tlaxcala, Querétaro y Aguascalientes— aún mantienen la penalización. El camino no ha estado libre de retrocesos: Aguascalientes representa un ejemplo reciente de regresión que muestra cómo los derechos ganados pueden ser vulnerados si no se defienden con firmeza.

A pesar de los pendientes, el panorama actual ofrece motivos para la esperanza. La fuerza de la Marea Verde ha dejado una huella profunda en México, reforzada por los precedentes clave construidos desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la despenalización del aborto voluntario. Estos fallos han dado contenido, de manera medular, al derecho a decidir, y han fortalecido de forma significativa la lucha por los derechos reproductivos. Lo que hace apenas unas décadas parecía inalcanzable, hoy comienza a consolidarse como una realidad tangible.

Paralelamente, la percepción pública en torno al aborto también ha cambiado. Los avances no se han logrado únicamente en los tribunales, también han tomado forma en los congresos estatales y en el debate social. El hecho de que en dos tercios de las entidades federativas el aborto sea legal —al menos durante las primeras 12 semanas de gestación— abre la posibilidad de dejar atrás el enfoque punitivo y comenzar a reconocerlo como un tema de salud pública. Cada vez más se consolida una visión que entiende el aborto no como un delito, sino como un servicio esencial de salud, que debe ser garantizado desde la política sanitaria y no condicionado por el derecho penal.

Sin embargo, reconocer los logros no debe significar complacencia, sino un impulso para visibilizar el camino que aún queda por recorrer. Porque la justicia reproductiva no se construye con discursos, sino con acciones concretas. Eso exige rendición de cuentas, transparencia y compromiso sostenido.

En nuestro balance, algo es claro: no podemos cantar victoria mientras la territorialidad siga determinando quién accede y quién no a los servicios. Las brechas en el acceso reflejan desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres y personas con capacidad de gestar, especialmente cuando en algunas entidades el aborto es un servicio disponible, y en otras sigue siendo un delito. A pesar de los avances, no hay justicia reproductiva plena si la posibilidad de solicitar o brindar estos servicios continúa condicionada por los códigos penales, en lugar de ser reconocida como parte fundamental de los servicios esenciales de salud.

GIRE reconoce que un modelo de regulación garante en México requiere una despenalización del aborto voluntario, su eliminación total del ámbito penal, sin excepciones. En su lugar, el aborto debe ser regulado como lo que es: un servicio esencial de salud.

Pero entonces, ¿qué implica que el aborto sea considerado un servicio esencial? Significa, ante todo, extraerlo de la lógica punitiva y ubicarlo plenamente dentro de la atención sanitaria. Supone su provisión prioritaria, libre de discriminación y centrada en la autonomía de quienes lo solicitan, al tiempo que protege la labor y la integridad de quienes acompañan y brindan este servicio. Implica contar con criterios unificados para su atención, garantizar su disponibilidad incluso en contextos de emergencia o restricciones de movilidad, y asegurar que todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud lo ofrezcan, bajo protocolos médicos y sanitarios reconocidos.

En marzo de 2022, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó directrices que consolidan más de 50 recomendaciones basadas en evidencia científica para mejorar la atención del aborto. Estas recomendaciones abarcan no solo prácticas clínicas, sino también la organización de los servicios y las reformas legales y normativas necesarias para garantizar una atención de calidad. En México, estos criterios se han retomado en procesos judiciales, legislativos y en el desarrollo de política pública.

Desde esta mirada, el aborto como parte esencial de la salud implica reconocer que, para que las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan alcanzar el más alto nivel de bienestar físico, mental y social —la visión integral del derecho a la salud—, deben poder acceder al aborto de forma segura, oportuna y libre de barreras sociales o legales cuando lo requieran. Sin autonomía reproductiva, no hay salud integral posible.

Para avanzar hacia un modelo garante, México aún tiene tareas clave pendientes. Más allá de la despenalización en los códigos penales, es indispensable contar con políticas públicas claras y uniformes en materia de aborto voluntario dentro del sector salud. Se requieren reformas a la regulación sanitaria, así como revisión de la cobertura y financiamiento. También se deben incluir en las prioridades gubernamentales a través de los programas sectoriales, institucionales y especiales. A esto debe sumarse un cambio en la percepción del personal de salud y otros servidores públicos, que permita dejar atrás el estigma que aún pesa sobre este servicio.

No menos importante es la necesidad de contar con información estadística desagregada por entidad e institución, que permita identificar al aborto como una necesidad de salud y entender tanto la demanda como los mecanismos de atención estatal. Se necesitan datos reales y actualizados sobre estos servicios, incluyendo las características sociodemográficas de quienes los requieren. Solo así las decisiones en política pública podrían estar guiadas por la evidencia y por el compromiso con la igualdad.

En un recuento de los avances y los pendientes, como decíamos, la esperanza prevalece. En los principales documentos de planeación del gobierno y del sector —el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Salud— hay señales de voluntad política para cumplir con este deber estatal, al reconocer la necesidad de reducir las brechas de calidad y oportunidad en los servicios de salud. Ambos documentos señalan la importancia de adoptar un enfoque de género que garantice las condiciones para el ejercicio pleno de los derechos reproductivos.

Celebramos que el Programa Sectorial de Salud incluya la atención del aborto, tanto espontáneo como inducido. No obstante, para que este reconocimiento se traduzca en servicios efectivos y accesibles en todo el país, es necesario desplegar un esfuerzo decidido para unificar los criterios de atención en el Sistema Nacional de Salud, superar las restricciones penales vigentes en algunas entidades, y asegurar que la cartera de servicios en materia de derechos reproductivos no dependa del tipo de afiliación o de la pertenencia o no a una institución de seguridad social.

Aún hay camino por recorrer para que el aborto sea tratado, en la práctica, como lo que es: un servicio esencial de salud. Ese camino requiere voluntad política, compromiso institucional y la demanda activa de una sociedad que no está dispuesta a retroceder. Acceder al aborto —y a todos los servicios de salud sexual y reproductiva— debe tener un piso parejo para toda la población. Garantizarlo no solo es una cuestión sanitaria: es una condición para la justicia reproductiva y una exigencia ineludible de los derechos humanos.

* Frania Colmenero (@franiacolmenero) es subdirectora y Rebeca Ramos (@rebecabouquets) es directora en @GIRE_mx.