ABC del financiamiento de las campañas en Estados Unidos

Uno de los aspectos que distingue a nuestro sistema electoral del de Estados Unidos es el financiamiento de las campañas, que no sólo implica la regulación de los recursos destinados a la promoción política de los candidatos, sino que además refleja la concepción de ciertos valores fundamentales en uno y otro sistema.

Mientras que en México el sistema electoral se basa en el financiamiento público con el objetivo principal de promover la equidad entre los contendientes y evitar indebidas injerencias de poderes fácticos y del narcotráfico, en Estados Unidos las campañas utilizan, fundamentalmente, financiamiento privado como una forma de ejercer la libertad de expresión y el discurso político.

[contextly_sidebar id=”aEqApCFvG2xtQ2dLkfMmrCCbWa6r9rNO”]Antes de 1970, prácticamente no había regulación efectiva sobre financiamiento de campañas en Estados Unidos, salvo los límites a contribuciones y gastos que ocasionalmente aprobaba el Congreso y que rara vez se hacían efectivos. Con el surgimiento de la televisión como plataforma masiva para las campañas políticas, se agudizó la preocupación por evitar que los candidatos representaran los intereses de sus patrocinadores por encima de los de la ciudadanía, por lo que en 1971 el Congreso expidió la Ley de Campañas Federales (Federal Election Campaign Act-FECA), reformada en 1974 para establecer límites a las contribuciones a campañas y para crear la Comisión Federal Electoral (FEC, por sus siglas en inglés).

En contraste con el sistema mexicano, la FECA estableció un modelo de financiamiento público parcial para las campañas presidenciales en el que los contribuyentes estadounidenses pueden optar, en su declaración de impuestos federales, por aportar tres dólares al Fondo de Campañas para las Elecciones Presidenciales, mientras que los candidatos presidenciales pueden optar por utilizar los recursos de este fondo. Así, durante la fase en la que los candidatos buscan la nominación de su partido, el financiamiento público se otorga, con algunas limitaciones, como fondos compensatorios o matching funds: por ejemplo, si el candidato recaudó 250 mil dólares en donaciones, recibirá 250 mil dólares de financiamiento público.[1] Una vez que cada partido celebra su Convención Nacional, el candidato nominado también puede optar por recibir una cantidad por financiamiento público que se ajusta anualmente a la inflación.

¿Por qué, entonces, el financiamiento de las campañas en Estados Unidos es fundamentalmente privado? Primero, por una razón práctica, porque el financiamiento público es limitado y obliga a los candidatos a restringir sus gastos de campaña a cierta cantidad. Por ejemplo, en 2008 el límite por financiamiento público fue de 84 millones de dólares y Obama fue el primer candidato presidencial, en la elección general, que rechazó el financiamiento público. Aunque para un ciudadano común 84 millones podría parecer una suma muy generosa, lo cierto es que en la elección del 2008 Obama gastó cerca de 730 millones de dólares en su campaña. Así, el gasto combinado de los candidatos presidenciales durante las primarias y la elección general de 2008 fue de poco más de mil millones de dólares.[2]

Segundo, por una razón más “filosófica”, pues a través de múltiples precedentes judiciales desde 1976 a 2010, la Corte Suprema ha dejado claro que si bien la limitación legal de las contribuciones privadas directas a las campañas es válida y legítima para hacer frente a preocupaciones sobre corrupción, el gasto en nombre de un candidato o partido político es parte del discurso político (i.e., libertad de expresión) protegido por la Primera Enmienda, por tanto no debe ser restringido.[3]

Así, el financiamiento privado proviene de individuos o de grupos de interés. Los individuos son libres de donar a un candidato, partido político o grupo de interés organizado, siempre que sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. Un aspecto peculiar que llama la atención es que no hay restricciones de edad, por lo que menores de edad pueden hacer aportaciones siempre que lo hagan con su dinero y de manera voluntaria. Por ejemplo, en la elección de 2008, Carlyn Williams, de dos años de edad, donó a la campaña de Obama $2,300 dólares.[4]

Por otro lado, los grupos de interés organizado, principalmente clubes, corporaciones y sindicatos[5], pueden hacer aportaciones para fines políticos siempre que establezcan Comités de Acción Política (PAC, por sus siglas en inglés) que de manera independiente, trabajan para apoyar a ciertos candidatos, impulsar determinada legislación o promover cierta agenda política. Es interesante que las corporaciones y sindicatos pueden disponer, inicialmente, de una pequeña parte de sus ingresos para conformar los Comités, pero una vez constituidos, son los Comités los que deben procurar sus propios recursos, con la finalidad de proteger los recursos de aquellos integrantes del gremio que no tienen interés en temas políticos.

Los llamados Super PACs, surgidos en 2010 como la principal forma de financiamiento privado en las campañas, son comités de gasto independiente que pueden recaudar contribuciones ilimitadas de corporaciones, sindicatos, asociaciones e individuos para gastarlas, sin limitación alguna, en apoyar o criticar a un candidato. A diferencia de los PACs, no pueden donar dinero directamente a las campañas de los candidatos y sus gastos no deben coordinarse con el de los candidatos o partidos que se verán beneficiados. Los Super PACs tampoco pueden hacer un llamado directo al voto por algún candidato, por lo que normalmente el candidato beneficiado se limita a “aprobar el mensaje” contenido en la publicidad patrocinada por el Super PAC. [Ejemplo]

Para entender el impacto de los Super PACs en las campañas, de acuerdo con la organización Center for Responsive Politics, al 16 de febrero del 2016, 2 mil 207 Super PACs han reportado a la FEC fondos recaudados equivalentes a más de 515 millones de dólares y gastos independientes por más de 208 millones de dólares en el proceso electoral actual.[6]

Esta libertad irrestricta es resultado de una polémica decisión del 2010 en el caso Citizens United v. Federal Election Commission, en el que la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que si bien las corporaciones y sindicatos no son literalmente personas, son una “asociación de personas” que también tiene derecho a la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda. Dado que, como se estableció en Bucley v. Valeo, el gasto en procesos electorales es esencial para la libertad de expresión, restringir la facultad de gasto de un Super PAC es inconstitucional, pues limitaría seriamente la capacidad de sus integrantes de asociarse y expresarse en temas políticos.[7]

En suma, si bien el sistema americano es falible y conlleva riesgos, México debiera repensar su sistema electoral pues el modelo de financiamiento público actual ha resultado muy costoso, no sólo por la cantidad de recursos públicos invertidos, sino porque no ha logrado blindar el proceso electoral de la injerencia de poderes fácticos y ha restringido seriamente la libertad de expresión de los ciudadanos en tiempos electorales.

 

* Paola Cicero Arenas es consultora de SPIN-Taller de Comunicación Política S. C. [email protected]

 

 

[1] Kernell, Samuel, et. al., The Logic of American Politics, CQ Press, Sexta Edición, Estados Unidos, 2015.

[2] Ibid, pág. 82.

[3] Buckley v. Valeo, 424 U.S. 1 (1976). Corte Suprema, 30 de enero de 1976. Disponible aquí.

[4] Mosk, Mathew, “As Campaigns Chafe at Limits, Donors Might Be in Diapers”, The Washington Post, Sección Política, Estados Unidos, 24 de octubre de 2007. Disponible aquí.

[5] Los grupos de interés pueden hacer aportaciones siempre y cuando no sean grupos exentos del pago de impuestos, como algunas asociaciones religiosas y altruistas, pues se consideraría un subsidio del gobierno federal a favor de una campaña.

[6] Center for Responsive Politics, disponible aquí.

[7] Citizens United v. Federal Election Commission, 558 U.S. (2010). Corte Suprema, 21 de enero de 2010. Disponible aquí.