'Abatir' en Guanajuato

“Inicia una batalla, pero la vamos a ganar”.

Anuncio de estrategia de combate a la inseguridad de Felipe Calderón, 2006

 

 

Hace 15 años se impuso un discurso bélico de combate al narcotráfico durante el gobierno del panista Felipe Calderón. Esta narrativa comienza a replicarse en el discurso oficial en Guanajuato, ya que desde su segundo informe, el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo comenzó a utilizar frases como “Cero trato con los criminales”, “Cero tolerancia a la impunidad”.

Recientemente, en la entrega de equipamiento de seguridad en Celaya señaló:

“Hemos ido desarticulando bandas criminales completas, hemos tenido resultados favorables de abatimiento de criminales en enfrentamientos de Guardia Nacional, Policía Estatal, Ejercito y ahora de Policías Municipales”, “Hoy ves policías municipales que ya se enfrentan a los grupos criminales”, “Un mensaje que al final va a dar resultados”.

Como se lee, el gobernador considera que los resultados en la prevención del delito y en garantía del derecho a la seguridad, implican abatir presuntos delincuentes y que el estándar esperado es que policía municipal pueda estar en capacidad de hacerlo al igual que los cuerpos federales.

En el informe “Tlatlaya: la orden fue abatir”, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” A. C. desarma la versión oficial del Gobierno Federal sobre el enfrentamiento entre militares y supuestos grupos delincuenciales en el Estado de México en 2014, evidenciando las contradicciones y señalando las implicaciones de que la orden de abatir haya sido instruido por las autoridades responsables del operativo.

A la letra señalan:

“El uso de este lenguaje resulta sumamente grave pues al instruir abatir delincuentes se incita a privar arbitrariamente de la vida a civiles en el momento en que estos se consideren delincuentes, sin presunción de inocencia ni juicio previo”.

Hay que recordar que en Guanajuato ya se han cometido ejecuciones extrajudiciales y que éstas han quedado en la impunidad, tales son los casos de Leonardo Reyes Cayente, migrante mexicoamericano ejecutado por el Grupo Táctico Operativo (GTO) de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE); así como de Leonardo Aguilar, ejecutado extrajudicialmente en Villagrán en un operativo también de las FSPE.

Es decir, sobre la policía estatal pesan al menos dos acusaciones de ejecución extrajudicial y el asunto podría ser tan grave, que incluso como en Tlatlaya, la instrucción haya sido dada por al Gobernador del Estado y avalada por Álvar Cabeza de Vaca, Secretario de Seguridad Pública de Guanajuato (SSPG).

 

#ResultadosGTO @FSPE_Gto#GuanajuatoSeguro
16 al 23 de enero

◉ Detienen a 11 personas, aseguran 1,008 dosis de droga, armas de fuego, cartuchos y vehículos.

◉ En Irapuato repelen agresión de hombres armados y abaten a uno.https://t.co/T27XogZlyA@gobiernogto @diegosinhue pic.twitter.com/Y9PGMucjnu

— Alvar Cabeza de Vaca (@AlvarCdeV) January 24, 2021

La cuestión no tiene que ver sólo con el lenguaje bélico empleado por el gobernador, que es una reedición del discurso de Calderón de hace 15 años, sino que en Guanajuato se podrían estar cometiendo ejecuciones arbitrarias en total impunidad.

El estado es primer lugar en homicidios dolosos, en asesinatos de policías y en lo que va del año se han presentado al menos 4 masacres, tanto en Celaya como en León. Al parecer su estrategia no está dando resultados.

El gobernador ordena, el secretario de Seguridad abate y el fiscal encubre. Todo ante el mutismo del Procurador de Derechos Humanos de filiación panista, recientemente nombrado en el estado.

* Raymundo Sandoval (@ray_sandoval) es es defensor de derechos humanos.