A un año de Ayotzinapa, la solución no vendrá del gobierno

El sábado 26 de septiembre se cumple un año del ataque a los normalistas de Ayotzinapa por parte del gobierno mexicano. Tras 365 días de ineptitud, incapacidad, ocultamientos, engaños y omisiones de las autoridades, el crimen que es inexplicable fuera de México (¿es explicable para nosotros o sólo nos acostumbramos a estas cosas?) muestra el comportamiento general de muchas instituciones de los tres niveles de gobierno que deberían garantizar nuestra seguridad y nuestra vida. Mientras cada vez es más aparente que el ejército y las fuerzas de seguridad pública de todos niveles contribuyeron a que los hechos de esa noche fueran posibles (por participación o por omisión/desentendimiento), el gobierno federal administra la indignación y sostiene el discurso institucional que disfraza su violencia.

El gobierno lleva un año protegiendo al ejército. No dejó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el caso Ayotzinapa (GIEI) los interrogara; si el ejército hubiera cometido los crímenes o estuviera directamente involucrado, habrían tenido el tiempo de un año para esconderlos. Si hoy se aceptara esta petición del GIEI, sería con aproximadamente seis meses de retraso. Hay algo perverso en la sola idea de imaginar que tu gobierno protege a los militares de forma tan decidida y que se equivoca y se muestra tan inepto en la investigación de la desaparición de 43 estudiantes, especialmente cuando hay indicios de que a quien protege supo o debió haber sabido lo que sucedía. Pareciera como si al autoritarismo se le terminara de caer su máscara democrática.

[contextly_sidebar id=”5lBnkDg1JLi4GCMcxeKrMgeTGc8Q7SoQ”]Por un lado, es absurdo ver cómo parte de la élite política simula en el Senado: que si se crean comisiones para investigar, que si no se crean, que si se discute o no se discute el tema. Por otro lado el poder usa todos sus recursos para quitar el foco del problema: usa el derecho y las instituciones como discurso del orden para resaltar que son las únicas legitimadas para investigar y decir que lo han hecho correctamente, y además se apoyan en los símbolos y la fuerza del imaginario social en torno a ellas: las emociones, la disciplina y el respeto al ejército, al gobierno, a los funcionarios que sólo hacen su trabajo, etc.

Pero la cara más desnuda del poder deja ver su desgaste y no escatima la violencia: reprime protestas sociales, intimida a la sociedad civil al usar la fuerza pública, persigue a quienes denuncian la corrupción del gobierno, tolera la violencia descentralizada de otros niveles de gobierno y la justifica con el discurso del narcotráfico, promovido por sí misma y por su inútil guerra. Por momentos me convenzo de que el gobierno optó por la impunidad y la violencia desde hace tiempo y sólo dosifica el grado de simulación en los casos que “resuelve”. Las pésimas investigaciones de Ayotzinapa y del multihomicidio (y feminicidio) de la Narvarte tienen muchas diferencias, pero también muchos hilos narrativos comunes (errores, testimonios contradictorios, prisa de cerrar la investigación, criminalización, etc.).

Al gobierno no le interesa ir a fondo sino hacer un control de daños y mantener el poder con la corrupción, inoperancia y opacidad, tal y como están. ¿Cuántas pruebas se demostró que escondieron en la investigación? ¿Cuántas se perdieron con los descuidos de la misma? ¿Cuánto se perdió si hoy, a un año, el gobierno accediera a abrir los cuarteles y a hacer lo que debió hacer hace meses? ¿Qué debemos esperar de las instituciones que apostaron TODO a una “verdad histórica” (hoy derrumbada) con la que intentaron sepultar el caso y dar vuelta a la página? No, la solución no va a llegar desde el gobierno. Su apuesta no es de transformación y justicia, sino de balance de costos políticos y juegos de poder.

¿Y entonces qué hacer? Si lo que tenemos enfrente es un monstruo que le apuesta al rol de Leviatán, tenemos que entender que quedarnos sin hacer nada significa aceptar que se nos arrebate la libertad, se nos recorten los derechos y se nos haga parte de una simulación donde nosotros seguimos poniendo los muertos y ellos siguen acumulando el poder. Si el gobierno no es parte de la respuesta sino parte (grande) del problema, la única forma de defender la libertad, de resistir esa opresión, es juntarnos. Es cierto cuando dicen que tenemos que reconocer nuestra fuerza,[1] tanto como que es necesario unirnos para sumar nuestras fuerzas, que hoy están más o menos dispersas.

El poder que perdimos con la desmovilización, la indiferencia, la represión y la resignación, con la atomización producto de la violencia y las diferencias internas de nuestra sociedad civil, no ha quedado en el vacío: se lo han comido para engordar más. Hoy el ejército es un protagonista inmune y al gobierno las pruebas de su corrupción (que serían inaceptables en otros países) le resbalan. Si queremos cambiar las cosas tenemos que recuperar el poder suficiente que los orille a detener la simulación y acabar el teatro, para dar con los responsables y cambiar de sistema. Obtener justicia pasa hoy más que nunca por recuperar juntas y organizados el espacio público, romper el discurso hegemónico falaz que sostienen muchas de las instituciones y medios de comunicación, y no ceder un paso más. Si existe una solución, deberá salir de nosotras.

@VladimirChorny1

[1] Mariana Favela tiene razón al decir: “¿Pero por dónde empezamos? Por reconocer nuestra fuerza. Por no comprar el discurso oficial de que no somos nada, de que somos cenizas. El riesgo de la represión con la que hoy amenazan es una respuesta frente al poder que tenemos. Lo saben ellos, que no nos pase por alto. Ayotzinapa es la fosa que hundió a este gobierno, que cimbró al poder, pero también es el reto más fuerte a la creatividad política de los últimos años. Es un parteaguas para la sociedad. El límite de lo permisible. Nos obliga a pasar de la denuncia y la manifestación a una organización efectiva. Ni centralizada ni jerárquica, efectiva.” De consulta aquí.