¿A que le tiras cuando (te) sueñas (legislador) mexicano?

 

Por: Fernanda Díaz de Léon, abogada responsable de vinculación legislativa

 

Está por terminar la LXI Legislatura. El 1 de julio, además de elegir presidente, votaremos a quienes habrán de representarnos en la Cámara de Diputados por los próximos tres años y en el Senado por los próximos seis. La simultaneidad con la elección presidencial ha empañado la importancia que debe darse a quienes han de representarnos en el poder legislativo. Veamos un balance de lo que sucedió en este poder de la Unión para reflexionar sobre lo que está en juego este domingo.

Según los datos disponibles en la página del Congreso, en la LVII Legislatura (1997-2000) se presentaron 685 iniciativas; en la LVIII Legislatura (2000-2003), se presentaron  mil 310 iniciativas; en la LIX Legislatura (2003-2006) se presentaron tres mil 236 iniciativas, en la LX Legislatura (2006-2009) fueron tres mil 110 y, al 18 de junio de este año, en la LXI Legislatura se habían presentado  tres mil 806.

El incremento en el número de iniciativas no significa necesariamente un incremento en el número de leyes o reformas aprobadas, pues de los datos disponibles, en la LX legislatura fueron aprobadas 693 reformas (22.3%) mientras que en esta última legislatura han sido aprobadas tan solo 576 reformas (15.1%). Entre las reformas aprobadas en esta última Legislatura encontramos importantes modificaciones a la Constitución en materia de Derechos Humanos, la Ley de General de Víctimas, reformas a diversos ordenamientos en materia de acceso de las mujeres a la justicia, entre las que se encuentra la tipificación del delito de Feminicidio y la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Sin embargo, entre las que quedan pendientes están la reforma a la Ley Laboral, la nueva Ley de Amparo, y leyes reglamentarias que facilitarían el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.

Tomemos como objeto de análisis el trabajo de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. En total, entre minutas (dictámenes aprobados previamente por el Senado), iniciativas y puntos de acuerdo, le han sido turnadas a esta comisión 392 asuntos, de los cuales han aprobado 126 (32 %), desechado 107 (27%) y quedan pendientes 158 (40%).

Desde que Josefina Vázquez Mota se postuló como candidata a la presidencia de México, luego de ser la coordinadora de la bancada panista al interior del Congreso, se habló de su (in) asistencia a las sesiones. No es la única que ha brillado por su ausencia. En el último período ordinario de sesiones (1 de febrero al 30 de abril) el promedio de inasistencias de los diputados/as en las 31 sesiones es de 57 diputados. La sesión que más inasistencias tuvo fue la del 24 de abril, con 192 faltas registradas. Esto sin contar, desde luego, las sesiones que se han tenido que suspender debido a la “falta de quórum” por los diputados que, se presentan al inicio de la sesión, pasan lista y luego desaparecen.

Para abonar al sentimiento de indignación baste decir que, en lo que va de la legislatura, 230 legisladores han solicitado licencia, la mayoría de ellos (150) en los últimos meses, debido a que son legisladores que piden licencia de su cargo para ir a contender, primero al interior de sus partidos por alguna candidatura y luego, en caso de ganarla, a competir públicamente por ella (pues la ley exige que no se haya ejercido cargo de elección popular al menos 6 meses antes de la elección). Si pierden la candidatura al interior de sus grupos políticos, los legisladores con licencia vuelven al Congreso para seguir trabajando (o al menos, seguir cobrando).

Hay que recordar  que en los diputados y senadores radica el poder legislativo de la Unión, lo que significa que son ellos los encargados de aprobar las leyes y reformas que rigen la vida democrática en nuestro país. Los legisladores negocian, discuten y aprueban las iniciativas que establecen nuestros derechos y deberes como ciudadanos, así como las obligaciones y marco jurídico dentro del cual las instituciones de nuestro país deben funcionar. También son los encargados de discutir y aprobar, cada año, el presupuesto de ingresos y egresos de cuanta dependencia pública a nivel federal existe. Tienen el poder de decidir cuánto dinero se gastará en vacunas, programas de prevención de cáncer, educación, combate a las adicciones y todas las otras cuestiones de interés social. También tienen (los diputados)  la responsabilidad de elegir, entre otros, cargos tan relevantes como los consejeros del IFE, Ministros de la Corte y el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (los senadores).

Esas son algunas de las responsabilidades del cargo que desempeñarán una vez elegidos a través de nuestro voto pero, ¿cuál debería ser el perfil de quién carga semejante responsabilidad? Resulta que no lo hay. Los únicos requisitos que establece la Constitución para poder ser elegido como diputado son los que marca el artículo 55 constitucional: 1) ser mexicano por nacimiento, 2) tener 21 años cumplidos, 3) ser originario del Estado en que se haga la elección o vecino de éste con residencia efectiva de más de seis meses de anterioridad, 4) no desempeñar ningún cargo público y 5) no ser ministro de algún culto. Para los senadores, los requisitos son los mismos, excepto la edad, que debe ser de 25 años cumplidos.

El sueldo y prestaciones del cargo son atractivos: para los diputados, el sueldo –dieta-  neta mensual es de 75 mil  457 pesos, a lo que hay que sumarle 45 mil786 pesos por concepto de asistencia legislativa (asesores) y 28 mil 772 pesos por concepto de atención ciudadana, según la información disponible en la propia página de la Cámara de Diputados. Los senadores, en cambio, ganan por concepto de dieta mensual la cantidad de 121 mil 700 pesos más prestaciones como seguro de vida de 40 meses de dieta y gratificación de fin de año consistente en 40 días de dieta, entre otras. A estos sueldos, habrá que agregarles otros conceptos si el legislador ocupa la presidencia de alguna comisión o cargo dentro de la estructura del órgano de que se trate.

Dentro de las obligaciones básicas del cargo se encuentran las de asistir a las sesiones del Pleno (regularmente dos veces por semana en período ordinario –dos períodos ordinarios al año, el primero va del 1 de septiembre de cada año hasta, normalmente, el día 15 de diciembre y; el segundo, que va del 1 de febrero al 30 de abril). Fuera de estos períodos, los legisladores tienen la obligación de acudir a las sesiones de las comisiones de las que formen parte.

Con estos sueldos y el presupuesto que se requiere para mantener este aparato gubernamental, los ciudadanos deberían tener la posibilidad de evaluar el desempeño de cada legislador durante y al terminar su gestión. Una propuesta de mecanismo de evaluación se incluía en la reforma política impulsada por un grupo de personas y organizaciones llamado Reforma Política Ya!. Sin embargo, los legisladores decidieron que la evaluación de su trabajo no debía ser parte de estas reformas, por lo que las eliminaron de la discusión. Por lo tanto, no nos queda más que refugiarnos en la información estadística de la propia Cámara para evaluar cuantitativa y objetivamente la productividad de los legisladores.

En conclusión, el poder legislativo cuesta caro y no existen mecanismos que obliguen a sus integrantes a rendir cuentas o cumplir con ciertos objetivos. Llevamos muchos años ya escuchando que el país necesita reformas estructurales, reformas que dependen de que estos personajes tengan la habilidad de alcanzar acuerdos, generar consensos y sacar dichas reformas adelante por el bien del país y los ciudadanos. ¿Hasta cuándo seguiremos discutiendo la poca productividad, la falta de compromiso y los altos sueldos que les pagamos?